La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay ha representado una inversión de recursos públicos de más de $ 602 millones en sus ocho años de existencia, en los que tan solo ha graduado a 450 profesionales hasta el 2021. Así lo revela el informe borrador sobre el caso Universidades Emblemáticas, que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene previsto aprobar este 24 de febrero.

En el informe n.º CEPFCP-2021-2023-003-I I, la comisión analiza también la situación de otras cuatro instituciones de educación superior: la Universidad Regional Amazónica (Ikiam), la Universidad Nacional de Educación (UNAE), la Universidad de las Artes y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Todos estos proyectos fueron creados y ejecutados durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y gestionados durante el periodo del expresidente Lenín Moreno (2017-2021).

Ana Belén Cordero (CREO), vicepresidenta de la comisión, manifiesta que el informe “solo demuestra el abuso de los recursos del Estado y la incapacidad administrativa y académica de quienes estuvieron a cargo” de las instituciones.

En el caso de Yachay, se registran gastos por sueldos a personal docente de $ 6′813.579,95; por viáticos del personal docente, de $ 504.300,95; por proyectos ejecutados por la universidad, de $ 151.226,07; y por sueldos a personal administrativo, de $ 19′743.881,80.

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Además, existen 83 glosas en firme a funcionarios y exfuncionarios de la Yachay EP y a empresas con las que contrataron.

Actualmente en Yachay, ubicada en Imbabura, solo el 28 % de edificaciones están terminadas, un 48 % están en ejecución y 23 % están paralizadas. La universidad cuenta con 1.087 estudiantes en carreras, 270 en nivelación y ha graduado a 450 profesionales. Cuenta con 22 aulas para 1.357 alumnos, “es decir, no posee la infraestructura adecuada para incrementar el número de estudiantes y cupos ofertados”, refiere el informe. La institución por ahora solo recibe de forma presencial a los estudiantes que están próximos a graduarse.

El documento revela también que, de las 4.400 hectáreas de terreno, 1.525 hectáreas productivas se encuentran sin uso, 600 están arrendadas sin que se puedan cobrar estos valores y 294 se encuentran invadidas. La entidad encargada actualmente no posee los títulos de propiedad ni escrituras de los terrenos.

URCUQUÍ, Imbabura. El complejo de Yachay, que incluye a la empresa pública y a la universidad, está a medio construir.

“Los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental - Yachay Tech incurrieron en una clara vulneración a lo establecido por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su reglamento; puesto que, hasta junio de 2021, no poseía un reglamento interno que efectivamente regule la escala salarial del personal académico y autoridades académicas de la institución”, refiere el informe de la mesa legislativa

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El presidente Guillermo Lasso aseguró el pasado 22 de febrero que hubo un “despilfarro” de unos $ 1.000 millones en esta institución. El mandatario mencionó que se invirtieron $ 1.200 millones, pero solo existen activos tangibles por $ 200 millones, y resaltó que harán todos los esfuerzos para que exista la iniciativa, pero redimensionando el proyecto.

Lasso sostuvo que deberán ser austeros en la administración, porque afirmó que han encontrado que con el dinero de Yachay se financiaban lo que llamó “fabulosas giras” en administraciones anteriores.

En el caso de Ikiam, ubicada en la parroquia de Muyuna, en la provincia de Napo, el documento establece que la inversión de recursos públicos asciende a más de $ 63 millones para 27 graduados de 6.649 matriculados desde 2014 hasta 2021.

El monto de inversión se divide así: pago a personal docente y administrativo por $ 33′763.580,66; proyectos de vinculación, investigación y publicaciones investigativas por $ 3′821.527,22; contratos direccionados con la empresa China CAMC Engineering, pagados con petróleo ecuatoriano para la construcción de la universidad, por $ 20′000.000,00.

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Sede de la Universidad Ikiam en Napo.

En la UNAE, localizada en la parroquia Javier Loyola del cantón Azogues, en Cañar, la inversión se ubica en unos $ 58 millones para 1.585 graduados de pregrado y 608 de posgrado). Actualmente tiene 17.495 estudiantes entre modalidad presencial y a distancia.

La comisión determinó inconsistencias en pagos a servidores públicos en la escala salarial, según la Losep, por $ 15′290.050,60; también en contratos direccionados con la empresa china CAMC, que fueron pagados con petróleo ecuatoriano por $ 30′000.000,00.

En el caso de la Universidad de las Artes, ubicada en Guayaquil, la inversión ha sido de más de $ 15 millones para 356 graduados hasta el 2020, de 2.590 matriculados.

Hay rubros por pago a docentes de 2018 al 2020 en la nómina de personal administrativo con vulneración de la LOES por $ 2′258.408,41; y del 2019 al 2020 hubo un aumento de $ 38.000 en la asignación de becas, hecho que coincide con la elección de autoridades académicas.

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El documento señala que la comisión comprobó que varios jóvenes que apoyaron al actual rector, William Herrera, habrían sido beneficiarios de las becas y otros habrían sido contratados bajo la modalidad de servicios profesionales.

La Universidad de las Artes cuenta con 356 graduados hasta el 2020, de 2.590 matriculados.

La situación del IAEN no es diferente, y la inversión se ubica en más de $ 2 millones para 906 becados y ayudas económicas. La institución, ubicada en Quito, cuenta con 3.465 alumnos matriculados desde 2010, con una tasa de graduación del 16,80 %.

La inversión en becas asciende a $ 2′072.237,72. En 2015 se otorgaron becas a 101 de 125 solicitantes; muchos no cumplieron los requisitos y otros incumplieron el contrato. Se registra también el otorgamiento de licencias con sueldo en las que se gastaron $ 243.662,00, de las cuales seis no fueron devengadas, lo que suma $ 65.846,00; actualmente se encuentran en procesos legales para la restitución de los valores.

Ante esta situación, la Comisión de Fiscalización emitió una serie de recomendaciones, entre las que figuran las solicitudes a la Contraloría General del Estado (CGE) a fin de iniciar los procesos coactivos para recaudar los valores correspondientes por glosas.

A la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la exhorta a que se investiguen las cuentas y movimientos bancarios de los exfuncionarios de esas universidades: Fander Falconí Benítez, René Ramírez Gallegos, Héctor Rodríguez Chávez, Mario Cuvero, William Váscones Rubio; y a las empresas chinas Gezhouba, Ceiec y Conecuakor.

Y por último, a la Fiscalía General del Estado (FGE) se le pide realizar la respectiva investigación de los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada en los que podrían encontrarse las personas para las que se pide la investigación a la UAFE. (I)