Pablo Muentes advierte que lo ‘llevaron a La Roca para matarlo’: el próximo viernes se conocerá si un tribunal acepta o no la apelación al traslado del exasambleísta

Debido a que no llegaron a ninguna resolución, los jueces Daniella Camacho (ponente), Felipe Córdova y Marco Rodríguez, quienes integran el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) del caso Purga, la tarde de este miércoles, 1 de octubre, suspendieron la audiencia de apelación planteada por el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, ante el traslado ordenado contra él de la denominada Cárcel 4, en Quito, a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

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El 5 de agosto pasado, Pablo Muentes, quien fue sentenciado a trece años de cárcel por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga, fue trasladado de la Cárcel 4, en Quito, al Centro de Rehabilitación Social Guayas 3, conocido como La Roca, en Guayaquil. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la acción se dio debido a una alerta de amenaza contra la integridad del exlegislador.

En la audiencia de apelación, Diego Chimbo, abogado de Muentes, pidió que quede insubsistente el traslado, no solo porque se ha puesto en riesgo la vida de su defendido con esta medida arbitraria adoptada por los funcionarios del SNAI, sino también porque violenta la decisión dada por el Tribunal de Juzgamiento del caso Purga, que dispuso que Pablo Muentes y otros procesados cumplan su pena en la Cárcel 4.

Habeas corpus negado en la Corte Nacional

El 19 de agosto pasado, los jueces de la CNJ Adrián Rojas (ponente), Rita Bravo y Pablo Loaiza decidieron, de forma unánime, rechazar el habeas corpus solicitado por Muentes. El argumento de los magistrados fue que no se puede disponer el traslado de un privado de la libertad a un centro penitenciario a través de una acción constitucional como el habeas corpus, sino que esa es una competencia exclusiva del SNAI. Para el ribunal, ordenar un cambio de centro de privación de la libertad no forma parte de la naturaleza jurídica del habeas corpus.

Gustavo Espín, abogado del SNAI, en la audiencia de apelación al traslado defendió la acción asegurando que existió una alerta del área de inteligencia penitenciaria ante la posibilidad de que se atente contra la integridad física y psicológica de Muentes. No cree que la decisión sea ilegal, porque la figura del traslado es una de las competencias administrativas que mantiene el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad.

Debido a que Chimbo le informó al tribunal que existía una investigación previa abierta de oficio por la Fiscalía ante la tentativa de asesinato que habría vivido Muentes meses antes en La Roca, la presidenta de la sala le preguntó al fiscal general encargado, Wilson Toainga, sobre el avance de esa indagación. Toainga respondió que esa causa estaba en Guayaquil y no la conocía, pero que si le daba tiempo, podría conseguir esa información.

En cambio, al abogado del SNAI la jueza Camacho le preguntó por qué no se informó al Tribunal de Juzgamiento del caso Purga sobre el traslado de Pablo Muentes, siendo que fue esa sala la que dispuso que los procesados en esta causa permanezcan en la Cárcel 4. El defensor explicó que la responsabilidad de la comunicación al Tribunal de Juicio le correspondía al Centro de Privación de la Libertad Pichincha n.º dos, más conocido como Cárcel 4.

Como parte de su derecho de última palabra, la jueza Daniella Camacho dio dos minutos a Muentes para que hable ante el tribunal. El exasambleísta por la provincia del Guayas se conectó por vía telemática desde La Roca.

“Aquí es donde me van a matar”

Muentes recordó que su traslado fue realizado de un momento a otro, al punto de que él estaba por sentarse a comer cuando le dijeron que sería llevado a La Roca. No entiende que el argumento del traslado sea una supuesta amenaza para atentar contra su integridad, cuando —dice él— se lleva bien con todos y todos lo respetan por la edad que tiene. Reconoce que escuchó decir a alguien que él pensaba fugarse, pero que, al oír ese rumor, él prefirió ya no salir de su celda en la Cárcel 4.

Denunció ante los jueces Camacho, Córdova y Rodríguez que tiene un dolor de muela desde hace un mes y que no le facilitan una pastilla, que no está comiendo desde el sábado último y que constantemente vive malos tratos en el interior de la cárcel. Señaló que estos supuestos abusos aumentaron luego de la explosión que se registró en los exteriores del centro penitenciario.

Muentes se refiere al coche bomba que explotó el 27 de septiembre pasado en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, el cual causó graves daños en la parte frontal del centro.

“Después de eso ha venido un infierno, se han metido gritando: ‘Caras de ve..., caras de no sé cuánto, tírate al piso, pon las manos en la nuca’. Créamelo con un maltrato tal que hasta he preferido decirles que me disparen, porque ya no soporto más esto. Me estoy volviendo loco. Ayer hicieron cuatro intervenciones similares. Veinticuatro horas me pasan pateando la puerta, me golpean la puerta, me hacen saltar, me ponen la linterna en la cara, me ponen el láser del fusil en la cabeza. Está ahí, pueden verlo en una cámara, no es que estoy inventándome. Lo que el abogado del SNAI viene a hacer aquí es leer lo que le han dado, porque el señor nunca en su vida debe haber venido acá”, contó Muentes.

El exlegislador socialcristiano acusado de ser el líder de la organización criminal que operó en el caso Purga para manipular la justicia y a partir de ello obtener fallos favorables y obtener ganancias económicas piensa que el traslado no se dio para protegerlo, sino para terminar con su vida.

“Aquí es donde me van a matar. Créamelo, me voy a infartar, doctora, tengo los dedos destrozados, no puedo ni hablar del temor. Apenas yo escucho que suben las escaleras, suben con fusiles y gritando. No quiero hablar de torturas, porque no me corresponde a mí eso, pero si supieras las cosas que están pasando aquí, son terribles. A mí me trajeron para ‘proteger mi vida’, pero me han traído acá a matar. Eso es para lo que me han traído”, concluyó.

Por cerca de 40 minutos el tribunal se retiró a deliberar, pero al no llegar a una resolución los tres integrantes de la sala, Daniella Camacho informó que se suspendía la diligencia y que los sujetos deberán estar en la misma sala el próximo 3 de octubre a las 12:15 para conocer la resolución oral que adopten.

Tanto la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado como el Consejo de la Judicatura señalaron que al ser los traslados en el sistema penitenciario una potestad ubicada en el campo eminentemente administrativo del SNAI, estas instancias no tienen nada que decir sobre lo realizado. (I)