El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, implementó un régimen de excepción en su país a finales de marzo de este año, siguiendo a una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas. Esta semana de octubre empieza el octavo mes de enfrentamientos contra la delincuencia, que hasta ahora dejan más de 55.000 personas detenidas.
Datos de la policía confirman que de los 55.630 detenidos en total, el 85% son hombres y el 15% mujeres. La mayoría de los detenidos (69,1%) son acusados de pertenecer a la MS-13, la pandilla de mayor presencia en el país. Luego están los señalados de integrar dos facciones de Barrio 18: Sureños (17,6%) y Revolucionarios (12,5%). El resto son de bandas minoritarias.
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Para albergar a unos 40.000 detenidos y evitar el hacinamiento en las prisiones, el gobierno construye una gigantesca cárcel en Tecoluca, en el centro del país.
Según una encuesta de la UCA, el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 ciudadanos aseguran que la delincuencia “ha disminuido” con la política de Bukele. Sin embargo, 66 de cada 100 salvadoreños están en “desacuerdo” con las capturas sin una orden judicial.
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Las detenciones masivas han sido ampliamente criticadas por las organizaciones locales. Cristosal, una ONG de derechos humanos, denunció que “la población salvadoreña acumula más de 200 días sin garantías de procesos judiciales imparciales, transparentes y justos, debido a las siete prórrogas inconstitucionales” del régimen de excepción.
Informe de derechos humanos en El Salvador alertan de torturas durante régimen de excepción
La estrategia del gobierno de El Salvador también ha cambiado en las últimas semanas. En vez de las capturas masivas, las autoridades apuntan a buscar a los “homeboys”, como se conoce a los pandilleros, sobre todo de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
“Lo que queda de las pandillas es cada vez más difícil de agarrar, ya no podemos hacer mil arrestos diarios, hacemos 80″, dijo Bukele el pasado sábado en una reunión con el gabinete de seguridad.
(I)