Más de 800 personas que fueron arrestadas durante el régimen de excepción que se implementa en El Salvador para combatir a las pandillas han sido liberadas, según dijo este lunes a periodistas el diputado oficialista Guillermo Gallegos.

Gallegos, de la formación de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, también reconoció que “se han hecho detenciones que no debían haberse hecho”.

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“Sí reconozco, y lo he dicho en otras ocasiones, que puedan haber capturas que no debían haberse hecho, pero el sistema al final falla a favor de estas personas y al día de hoy (...) se han liberado a más de 800 personas”, señaló el parlamentario de GANA, partido con el que el presidente Nayib Bukele llegó a la Presidencia en 2019.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Lemus Foto: MIGUEL LEMUS

Diversas organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales han recabado miles de denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, las que la Procuraduría General de la República (PDDH), encabezada por Apolonio Tobar, cuestiona.

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Las organizaciones detallan que han recibido más de 2.262 denuncias de posibles detenciones arbitrarias por la Policía y militares, incluyendo la detención de al menos seis lideresas comunitarias.

La mayoría de estás detenciones son responsabilidad de la Policía Nacional Civil (76,8 %), siguen las realizadas por las Fuerzas Armadas (16,2 %) y las restantes con responsabilidad de ambas instituciones (5,6 %), señalan.

Además, el diputado admitió que en las cárceles salvadoreñas hay hacinamiento por la cantidad de personas detenidas.

Familiares de detenidos por el régimen protestan contra las detenciones arbitrarias en San Salvador (El Salvador).EFE/ Rodrigo Sura Foto: Rodrigo Sura

“Sí puede haber hacinamiento. Es una realidad por la gran cantidad de reos que se están acumulando, (que son) pandilleros más los reos comunes (personas que no pertenecen a pandillas)”, expuso.

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Gallegos añadió que al hacinamiento “se le dará solución muy próximamente con la construcción del centro penal”.

Se trata de un “gigantesco” centro penitenciario al que serán llevados los supuestos miembros de pandillas capturados durante el régimen de excepción, de acuerdo con el presidente Bukele.

Las declaraciones de Gallegos son en respuesta a un informe que el Estado salvadoreño envío a finales de julio a la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), al que Efe tuvo acceso mediante una base de datos de comunicaciones de la ACNUDH.

Supuestos "pandilleros" son trasladados , desde la delegación policial ""El Penalito"", hacia una cárcel de San Salvador (El Salvador), en una fotografía de archivo. EFE/ Rodrigo Sura Foto: Rodrigo Sura

Dicho informe fue emitido por el Estado salvadoreño en respuesta a las “alegaciones de presuntas violaciones de derechos humanos o el posible riesgo de ellas en el marco del régimen de excepción y reformas a la legislación penal”.

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El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.

Las autoridades de Seguridad reportan la captura de más de 49.000 supuestos miembros de pandilla y colaboradores de dichas bandas.

La cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas supuestamente fallecidas bajo custodia estatal. (I)