Este martes en Colombia surgían nuevas denuncias sobre abuso policial durante las protestas contra el Gobierno, que ya llevan una semana.

Este martes, la representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, denunció disparos de la policía contra una misión humanitaria que estaba en Cali (suroeste) verificando la situación por las protestas contra el Gobierno colombiano, que hasta el momento dejan 19 muertos (18 civiles y un militar).

De acuerdo con el diario El Espectador, la Defensoría del Pueblo también ha denunciado que han desaparecido 87 personas desde que empezaron las manifestaciones el pasado 28 de abril.

Las desapariciones se han reportado en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Quindío, Cauca y Valle del Cauca.

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Todo empezó con la presentación de un proyecto de reforma fiscal de parte del Gobierno del presidente Iván Duque, algo que terminó por echar combustible al descontento social que había en el país y que aumentó con las consecuencias de la pandemia (Colombia disminuyó 7% su PIB en 2020).

Con el proyecto el Gobierno quería ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir exenciones y aumentar el IVA de algunos productos.

Desde Ginebra, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un “excesivo uso de la fuerza” durante la ola de protestas y pidió calma de cara a la convocatoria de manifestaciones y un paro nacional para este miércoles 5 de mayo.

La Unión Europea (UE) y varios países que la integran también han condenado la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas. Incluso EE. UU., socio de Colombia en la región, ha pedido que las fuerzas del orden tengan “máxima moderación” para evitar más muertes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó la importancia de que el Gobierno de Colombia permita las protestas pacíficas.

Ante las manifestaciones, los disturbios con saqueos y los abusos de fuerza por parte de la Policía, a la que se culpa de varias de las muertes, Duque retiró el proyecto el pasado domingo y eso bajó un poco los ánimos, pero siguen las protestas, sobre todo en Cali, ciudad que se ha convertido en el epicentro del descontento con el Estado.

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Sin embargo, el mandatario dijo que se está trabajando una nueva reforma con consultas a todos los sectores, pues dijo que un cambio en ese aspecto era urgente por la situación económica.

Pero ahora en las protestas no piden solo una reforma económica más amplia y equitativa, sino que quieren una reforma a la Policía y dejar atrás la política basada en el conflicto armado interno, ya que su “pobre implementación del acuerdo ha generado el aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país”, según BBC.

Todo esto ha pasado mientras el país enfrenta una ola de aumento de contagios de COVID-19, que ya lo tiene como el tercer país de la región más afectado por el coronavirus, puesto que ha registrado 2,9 millones de contagios y 75.000 muertes.

Cali, que es la tercera ciudad de Colombia, también vive momentos de incertidumbre por la violencia policial, los disturbios y los bloqueos, que están provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles. Al menos 35 de los desaparecidos son este ciudad.

Según una publicación del diario El Tiempo, el presidente ha dicho que en la ciudad de Cali se está viviendo un “terrorismo de baja intensidad”, debido a que se ha destruido más de medio centenar de estaciones de transporte público. Además, los bloqueos están afectando a los negocios y la agricultura de la zona.

Mientras, el Ministerio de Defensa ha eludido informar sobre los fallecimientos relacionados con las protestas, según EFE.

El ministro Diego Molano se ha limitado a informar en ruedas de prensa sobre los capturados, daños a bienes públicos y privados, y ataques a la fuerza pública, mientras responsabiliza a grupos armados ilegales de instigar las movilizaciones, pero sin mencionar las pérdidas de vidas humanas.

Molano afirmó este martes que “se han registrado ataques a miembros de la fuerza pública, estaciones de Policía, vehículos, bloqueos y otros hechos violentos que afectan a municipios del país”.

Agregó que la fuerza pública “ha sido atacada con un registro de 579 policías lesionados, 464 uniformados tienen contusiones, 93 han sido heridos con arma cortopunzante, tres con arma de fuego y 15 por artefactos explosivos o acción incendiaria, de ellos, 25 continúan hospitalizados”.

Sin embargo, la Policía es objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias, y además ha sido señalada por la muerte de muchos manifestantes, en su mayoría gente joven. Sobre eso no se ha pronunciado el secretario de Estado.

La campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, que reúne a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, denunció el martes que 305 personas han resultado heridas “por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)”, una fuerza que ha sido duramente criticada por su labor en las manifestaciones. (I)