Vladimiro Álvarez Grau fue ministro de Gobierno de Jamil Mahuad, quien en el año 2000 fue derrocado de la Presidencia de Ecuador tras una masiva movilización indígena. Luego de ello el exfuncionario escribió el libro El golpe detrás de los ponchos, según el cual los militares usaron el descontento de las comunidades para desestabilizar la democracia. Ahora quien está detrás es el correísmo dice abiertamente.

En entrevista con EL UNIVERSO, Álvarez Grau -alejado de la participación política activa- asegura que, ante innegables necesidades insatisfechas, los indígenas son presa fácil de quienes los utilizan para alcanzar sus propósitos. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), es instrumento del correísmo que desestabilizando al gobierno de Guillermo Lasso pretende lograr impunidad para que regresen al país los prófugos de la justicia que fueron parte del régimen de Rafael Correa, advierte.

Aboga por un acuerdo mediante el diálogo transparente en que con seriedad se planteen las necesidades de las comunidades y se establezcan mecanismos de atención de las mismas.

¿Qué ha cambiado desde El golpe detrás de los ponchos (movilización indígena que terminó tras el derrocamiento del Gobierno el 21 de enero de 2000) al paro de Leonidas Iza y la Conaie de junio de 2022?

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La situación actual demuestra que ha habido o sigue habiendo un nuevo intento de golpe detrás de los ponchos, pero ya no como en alguna época pasada por parte de los militares sino por parte de políticos resentidos que quieren regresar al país y que quieren volver a tomarse el poder poniendo como mascarilla, delante de esos políticos que pretenden desestabilizar el actual Gobierno, a los indígenas y de forma agresiva. Pero la situación actual demuestra que el Gobierno ha actuado con extrema prudencia, con extrema paciencia para lograr un acuerdo mediante el diálogo y no mediante la imposición de la fuerza.

Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno y autor del libro 'El golpe detrás de los ponchos'. Foto: JORGE PEÑAFIEL

¿Los indígenas se volvieron presa fácil del manejo político de quienes buscan dar un golpe de Estado utilizando a este movimiento?

Sí, definitivamente quienes están movilizados son engañados, presas de este control con los dirigentes y quienes están detrás de los dirigentes, quienes son los autores intelectuales del intento de golpe.

¿Y este caso se puede hablar directamente de Leonidas Iza y el correísmo?

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Iza es un instrumento del correísmo, actúa de acuerdo con los intereses de ese grupo político que quiere desestabilizar al gobierno de Guillermo Lasso para que puedan los que están prófugos, del gobierno de (Rafael) Correa, regresar en medio de la impunidad y eso es algo que no hay que permitir.

En el campo político, la noche del 28 de junio de 2022, la Asamblea Nacional no logró destituir al presidente Guillermo Lasso a través de un planteamiento del bloque correísta UNES, sin embargo, al día siguiente los indígenas anunciaron un regreso masivo a Quito, cuando gran parte había vuelto ya a sus comunidades tras acciones del régimen, pero las manifestaciones siguieron en carreteras y vemos a un Iza hablando de corredores humanitarios como si estuviéramos en guerra.

Lamentablemente la posición de Iza ha sido en todo momento de carácter impositivo y agresivo, sin pretender realmente mantener mecanismos de diálogo para llegar a acuerdos y soluciones de los problemas que plantea el sector indígena y en general la ciudadanía. Hay una violencia extrema, en videos se ven horrores, ataques furibundos que mucha gente no entiende o no entendemos. Por qué se expresan de manera tan violenta cuando debe hacerse mediante el diálogo. Lo ideal, y ya es una obsesión de mi parte, es tratar de llegar a una gran concertación nacional, estableciendo primero y con claridad cuáles son las necesidades básicas insatisfechas que tiene la población indígena y luego de ello las alternativas de solución a mediano y largo plazo, no solamente para el Gobierno de forma inmediata sino a través de distintos entes seccionales, eso sería lo ideal, no mediante la imposición de la fuerza, no mediante actos de violencia.

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Usted dice es lo ideal, pero también vemos a un movimiento indígena que presentó un pliego de diez pedidos en el inicio del paro el 13 de junio pasado, y luego ha ido incorporando nuevas demandas; una protesta que mientras en la Asamblea Nacional se discutía una salida política, estaba quemando una UPC en otro sector de Quito; que mientras en el día se sentaba al diálogo en la noche se atacaba un convoy militar. Con ese panorama ¿desde dónde se debe tocar la puerta o ceder porque en el Legislativo hubo un pronunciamiento, pero en las calles siguen las manifestaciones?

Sí, definitivamente, y lamentablemente, algunos de los dirigentes indígenas, en este caso, no tienen planteamientos serios, definitivos ante la posibilidad del diálogo con el Gobierno. Cuando el Gobierno atiende algunos de esos puntos enseguida estos dirigentes plantean otros. Me hace recordar, hace más de 20 años que llegó también una movilización a Quito para derrocar al gobierno y uno de los dirigentes indígenas dijo ‘lo que ocurre es que a nosotros no se nos contenta con caramelitos’, textualmente, y eso consta en la obra El golpe detrás de los ponchos, es decir, que no se los contenta con caramelitos, todo aquello que se les ofrece lo ven como caramelitos y plantean más, entonces así no se puede llegar a un diálogo. Es una falta de responsabilidad y es una falta de seriedad, diría yo, de lo que constituye la posibilidad de un acuerdo mediante el diálogo.

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¿Y esta falta de responsabilidad, como la llama usted, podría llevar al Gobierno al uso progresivo de la fuerza, que ya lo anunció cuando regía el estado de excepción que derogó el 25 de junio? ¿Qué tan grave sería?

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Hay que tratar de evitarlo, y justamente lo he escuchado de funcionarios de Gobierno, reiteradamente, la necesidad de no llegar al uso de la fuerza y resolver los problemas por la vía civilizada, no mediante la presión de las tribus de diferentes sectores sino mediante el diálogo porque el uso de la fuerza no depende solamente de la progresividad con la que los militares o policías actúen con las armas, depende también de la responsabilidad que establece el propio Código Orgánico Integral Penal (COIP) que dice que no hay infracción penal cuando la conducta de una persona se encuentra justificada por la legítima defensa. El artículo 33 del COIP dice que existe legítima defensa cuando una persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre que exista agresión de la otra parte. No solamente es un derecho, sino que es una responsabilidad social.

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Portada del libro 'El golpe detrás de los ponchos'