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Luisa González, candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), tiene un amplio recorrido en el sector público: fue ministra encargada en dos ocasiones, y coordinó la agenda estratégica de Rafael Correa gran parte de su mandato, además de pasar por otros cargos administrativos.
Allegados al expresidente coinciden en que él es la figura más importante en la carrera de la postulante, quien le es leal sin condicionamientos.
Su último cargo fue como asambleísta por Manabí en el periodo legislativo 2021-2025. Perdió su curul en 2023 cuando el expresidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada. Luego de ello el movimiento la elevó a candidata presidencial, relegando a Andrés Arauz, perdedor de las elecciones de 2021, a completar el binomio como vicepresidente.
El ascenso de González dentro de la Revolución Ciudadana resultó misterioso para ciertos opositores. “La conocí poco, no tuvo nada de relevancia ni en el pleno ni en la Comisión de Salud ni por leyes ni por fiscalización. Alguna vez tuvimos un encontrón en el pleno en una intervención (...). Pasó totalmente desapercibida incluso dentro del propio correísmo”, dice Ana Belén Cordero, quien coincidió con González en el mismo periodo legislativo y con quien se registran roces en redes sociales.
Aunque ahora son rivales políticos, González no siempre se llevó mal con los partidos a los que Correa agrupó en ‘la partidocracia’. La presidenciable empezó su participación política de la mano del Partido Social Cristiano en 2007, con una candidatura como suplente a la Asamblea Constituyente de Montecristi.
Para Cordero, la razón por la que González era reconocida dentro de la RC durante su periodo como asambleísta fue “por su cercanía con su líder”, refiriéndose a Correa.
Su relación con Correa
Otra de las advertencias de la oposición gira en torno a cuánto participará González del ejercicio de poder si llega a ganar la Presidencia y cuánto influirá Rafael Correa.
“Esa es una gran pregunta”, responde un allegado a González que accede a hablar sobre la candidata en condición de anonimato. “¿Qué va a pasar entre Luisa y Rafael? Yo con toda confianza le puedo afirmar que así como Luisa es terca, también tiene mucha cercanía con Rafael. Entonces, vamos a saber pronto lo que va a pasar allí”, indica.
Aunque la describe como “muy terca”, al mismo tiempo la fuente cree que González tiene una cualidad importante: sabe escuchar a su entorno.
“Ella sabe que no sabe todo. Está consciente de que no es omnicomprensiva (...). Es rápida y comprende bien”, recalca. Otra de las fortalezas, que destaca, es “su resiliencia”. Él pone de ejemplo el primer embarazo de González, en su adolescencia (15 años), soltera, pero con el apoyo de sus padres.
Su actitud ante los derechos reproductivos de las mujeres es una de las críticas de los sectores progresistas a la candidatura de González, quien votó contra la despenalización del aborto por violación en 2022, plantándose contra la medida durante una intervención e incluso posando con un pañuelo celeste, símbolo del movimiento provida.
Estas posturas son un rasgo ideológico en común que tiene con Correa, quien amenazó con renunciar a la Presidencia en 2013 si la bancada de Alianza País despenalizaba el aborto.
Otra característica que comparten ambos líderes del correísmo es una profunda convicción religiosa, católica por parte de Correa y evangélica en el caso de González.
“El informe de mayoría no se ajusta a lo dispuesto por la Corte Constitucional, sino que va más allá de lo dispuesto e intenta entrar por la ventana una ideología de grupos que busca legalizar el aborto libre y voluntario en el Ecuador”, dijo la entonces asambleísta durante el debate de la ley de aborto por violación, que terminaría siendo aprobada.
Intervino poco en la Asamblea
Esa fue quizá la participación más memorable de González durante su periodo como asambleísta: según el Observatorio Legislativo, un programa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la ahora presidenciable por el correísmo intervino en 28 ocasiones en sus 545 asistencias al pleno y estuvo ausente 43 veces.
Durante su tiempo como legisladora votó a favor de 396 iniciativas, como la censura a Pablo Celi (sentenciado por el caso Las Torres) y la elección de Virgilio Saquicela como presidente del Legislativo, entre otras. Votó en contra en 88 instancias, incluyendo la censura y destitución de Freddy Carrión (exdefensor del Pueblo sentenciado por abuso sexual) y la ley que despenalizó el aborto por violación.
Aunque sus contrincantes políticos consideran que González mantuvo un perfil bajo durante la Asamblea, uno de sus aliados, Jorge Vélez, exviceprefecto del Guayas y compañero de González en el Legislativo (fue elegido alterno por Centro Democrático para suplir a Victoria Desintonio), prefiere describirla como una asambleísta “más conciliadora” que combativa, y abierta al diálogo.
“De un lado ella tenía el tema constitucional, legislativo, y del otro lado la Biblia. Es una mujer de fe”, indica.
González fue señalada por el uso de aviones presidenciales. La Contraloría General del Estado la incluyó en un informe elaborado en 2019 que determina responsabilidades y una glosa por $ 880.473 por 33 desplazamientos internacionales sin la autorización de la Presidencia.
La candidata ha refutado esto, indicando que no estaba en el país cuando se realizaron algunos de los vuelos, y ha agotado la revisión de la medida en Contraloría.
Una crítica repetida a González es precisamente su estatus como política de carrera y de qué exactamente trabaja.
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Según registros del Servicio de Rentas Internas, el RUC de González consta como suspendido: inició actividades en 2007 y las cesó en 2008.
La candidata ha respondido en varias ocasiones a este cuestionamiento, explicando que su trabajo es ser presidenta de la Revolución Ciudadana.
“Recibo un salario por ello, ese es mi trabajo. Más allá de eso, soy abogada y doy asesorías”, le contestó González al candidato Enrique Gómez, de SUMA, durante el debate del pasado 19 de enero.
De acuerdo con su última declaración patrimonial juramentada presentada a la Contraloría (por su fin de funciones como asambleísta en 2023), González tenía activos por bienes muebles e inmuebles por $ 80.062,83 y deudas por un préstamo personal y con tarjetas de crédito por $ 37.450,67, resultando en un patrimonio total de $ 42.612,16.
Aunque actualmente no es administradora ni accionista en ninguna empresa, el portal de la Superintendencia de Compañías muestra que fue ambos en una compañía de comercio al por menor. (I)