La desnutrición crónica infantil (DCI) no se reduce en Ecuador. El 27,2 % de los niños y niñas menores de dos años tenían bajo peso y talla en el 2018, la última cifra disponible. En 2014 la incidencia era del 24,8 %.

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Los especialistas indican que la situación empeoró con la pandemia y ahora uno de cada tres menores de dos años la padecen, lo que deja graves consecuencias para su futuro, dice el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

Los dos gobiernos anteriores ejecutaron estrategias para enfrentar la problemática, pero las políticas públicas al respecto han fracasado y Ecuador es, después de Guatemala, el segundo país de la región con los peores índices de desnutrición crónica infantil, según Cepal.

Juan Enrique Quiñónez, representante de Unicef en el país, dice que erróneamente la DCI se ha percibido solo como un problema de salud pública. “Las estrategias se han enfatizado en lo que puede hacer salud pero es multicausal, por lo que se requiere de acciones intersectoriales y una clara articulación al más alto nivel político, que haga tomar las decisiones adecuadas”.

Entre las causas está la ausencia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y luego complementada con otros alimentos adecuados. Otro aspecto son las condiciones de la vivienda, por ejemplo, si esta tiene acceso a agua potable y saneamiento ambiental o posee piso de tierra.

“Una de las principales causas de mortalidad infantil son las enfermedades prevenibles como la diarrea, y esto está vinculado a los temas de saneamiento y agua limpia en los hogares. También está el tema de la vacunación. Perú tuvo éxito cuando entendió que el esquema mínimo de vacunación en los niños menores de dos años era parte fundamental en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Esto tiene que ver con la asesoría familiar que dé el Gobierno en temas de alimentación, cocimiento adecuado, manejo del agua, por lo que va más allá de la salud pública”, asegura Quiñónez.

Hay que asegurar que los padres tengan acceso a los servicios médicos para los menores de cinco años, como el control constante de la talla y el peso y la vacunación. “El reto es cómo acercar estos servicios de salud a las comunidades. El otro tema es la existencia de las vacunas, en este momento hay déficit y esto se debe resolver a la brevedad posible”, añade.

La estrategia en Perú incluyó visitas a zonas remotas con servicios de salud que se movían de una comunidad a otra. En ellas se aseguraba que los menores completaran su esquema de vacunación, control de peso y talla y se daban incluso las charlas nutricionales de consejería.

Según cálculos de Unicef, adicionalmente a lo ya asignado, se necesitan aproximadamente 155 millones de dólares al año para combatir la DCI. Esto incluye la inversión en el paquete priorizado del Ministerio de Salud Pública (MSP), inversión en servicios de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), campaña educomunicacional y el piloto de una encuesta anual.

El valor no incluye el costo de la inversión para mejoramiento de la calidad de agua, competencia que recae en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

María Elisa Herrera, docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), dice que el tema de la DCI debe abordarse desde el día uno de gestación en la embarazada. “Hay una teoría del doctor David Barker que se postuló en los años setenta, que explica, propone y demuestra que con la desnutrición intrauterina, es decir, tener un niño que nace con un peso inferior a 3.000 gramos, la madre lo que hace es programarlo para una desnutrición en su vida futura”, asegura.

El MSP y la estadística oficial tiene como rango los 2.500 gramos, es decir, todos los que están bajo ese peso tienen DCI en Ecuador. “Nuestros niños ni siquiera alcanzan el peso que la evidencia científica demuestra que desarrolla un niño sano, que es más de tres mil gramos al nacer. La evidencia científica te dice que entre 2.500 y 3.000 gramos es insuficiente y si no pesa más de tres mil gramos se tiene un grave problema de DCI en la vida futura de ese niño”, asevera la especialista.

El tratamiento en las embarazadas, dice Herrera, es un control regular y una estrategia que asegure alcanzar un peso saludable. “Al nacer sí se lo puede corregir durante los dos primeros años de vida, pero no al 100 %”.

El 48,7 % de las embarazadas ecuatorianas son anémicas, no solo que no ganan el suficiente peso sino que tienen una deficiencia de hierro que desarrolló esta patología, es decir, la llegada de oxígeno a ese bebé no es suficiente. “Si no llega en el útero, pues no crece lo suficiente, hay un retraso en el crecimiento intrauterino”, sostiene la especialista.

El control prenatal es clave. La tasa de embarazo adolescente también influye, dice Herrera, ya que una menor de 15 años tiene más posibilidades de traer un bebé con DCI. “Tienes una niña que no termina de crecer y que a su vez tiene que asegurar el crecimiento de un nuevo ser vivo”.

El MSP da hierro profiláctico a las embarazadas sin anemia (65 miligramos al día) y las que ya lo son, toman el doble (120 mg). Además, nutrición parenteral (vía inyección). “El protocolo está bien desarrollado, lo que pasa es que llega una gran cantidad de madres con el problema, se satura al sistema de salud y no se pueden atender todos los casos”. Hay que prevenir con una ingesta adecuada de hierro en las mujeres en edad fértil (15-49 años).

También falta la guía adecuada. “Las que tomen, sus heces se pondrán color negro sangre, pero es la coloración de la suplementación con hierro, es normal, habrá estreñimiento y tras dos semanas tendrá un sabor metálico. Si se educa, sabrán lo que pasará y no se alarmarán, ni dejarán de tomar”.

Una de las consecuencias es que la DCI lleva a un círculo vicioso, que finalmente termina con un menor coeficiente intelectual, lo que condiciona el acceso a la educación y al trabajo, por ejemplo. De ahí los estudios que determinan la dificultad de salir de la pobreza para los que padecieron de DCI.

ONG recibe fondos y se acerca al Gobierno central para dar apoyo en la lucha contra la desnutrición

La Fundación María Gracia recibió un fondo de $ 159.000 como aporte al combate de la desnutrición crónica infantil (DCI) en Ecuador. Su directora, Pepita de Zevallos, afirma que los llamaron de Fundación Mapfre a ofrecer la ayuda. “Les hicimos un proyecto inmediatamente para no perder este fondo. He llamado a todas las personas del Gobierno para ofrecerles apoyo. Queremos atender a las madres desde la gestación, que están en estado de desnutrición y ayudar a los niños hospitalizados que entran por algún cuadro agravado por la desnutrición”, dice.

Lo que se necesita, agrega, es que el hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante, en Guayaquil, dé el listado de los niños que requieren medicinas que la salud pública no puede otorgarles. “Nos entreguen las recetas para darles lo que necesitan”.

El programa está contemplado para 200 niños en un inicio. “Puede no ser mucho, pero son 200 a los que aseguraremos el futuro. Los primeros mil días de un niño son los que deciden el futuro de lo que será porque es un periodo en el que se destruyen sus neuronas”, afirma.

Luego de tocar varias puertas del Gobierno y de que le respondieran que se debía firmar un convenio que tomaría unos dos meses, el viernes se reunió con Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador crece sin Desnutrición Infantil, y revela que hubo tal apertura que la Fundación será parte de un plan en el que participarán otras organizaciones y los GAD, según la información que recibió. Se alegra por esta lucha, porque cualquier enfermedad como una gripe puede llevar a un menor desnutrido a la muerte.

Ayuda del sector privado es para la sociedad con el fin de mejorar la productividad del país

Mariela Mazzini Rada, gerente de recursos humanos de la aseguradora Mafpre, cuya fundación del mismo nombre dona dinero y financia varios planes sociales, asegura que el apoyo desde la sociedad civil es clave para enfrentar la desnutrición infantil.

“Nuestra contribución indudable va de cara a la reactivación económica y dentro de ello el apoyo a brindar es múltiple no solo a través de fuentes de empleo, sino también en formación técnica, en contribuir a dar las herramientas –a través de la fundación, por ejemplo– a que la sociedad pueda ser más productora. El apoyo en este sentido se deriva a la sociedad más que al Gobierno”, enfatiza.

“Desde Fundación Mapfre, nuestra intención es devolver a la sociedad aquella confianza que deposita en nosotros, en Mapfre, siendo una empresa aseguradora. Uno de nuestros focos importantes es la salud, con principal apuesta hacia los niños y adolescentes que serán los estandartes de nuestra sociedad a futuro, ese es el valor de la contribución de la Fundación”, dice Mazzini.

Mientras, la CAF aprobó un préstamo esta semana al Gobierno central de $ 200 millones para contribuir a reducir la DCI en el país. (I)