La polémica surgida tras la organización de un concierto musical con más de 3.000 asistentes en el polideportivo de la parroquia Miguel Egas, en Peguche, en la provincia de Imbabura, se mantiene luego de un pronunciamiento que habría hecho el Consejo de Gobierno Indígena de este sector.

Informes policiales señalan que esta instancia que gobierna las comunidades de Peguche, Arias Urco, Agato, La Compañía, Pucará del Desaguadero y Trojaloma efectuó un anuncio en el que advierten que retendrán a las autoridades de control que interfieran en las actividades festivas.

Según el informe, el propósito de los dirigentes es hacer respetar la jurisdicción indígena amparados en el artículo 171 de la Constitución. Agrega que los cabildos de estas comunidades sostienen que son la máxima autoridad y que continuarán llevando adelante las festividades del Pawkar Raymi como parte de la cosmovisión indígena.

En caso de notar la presencia de autoridades y de la Policía Nacional ingresando a estas comunidades ancestrales serán retenidas y sometidas a la justicia indígena, enfatiza el contenido de esta información que se hizo viral en las redes.

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Pablo León, comandante de la Subzona de Policía 1, dijo que hay autoridades y que no permitirán amenazas relacionadas con la retención de autoridades o efectivos policiales. “No podemos permitir que continúen realizando eventos como el del último fin de semana, porque nadie está libre de contagios”, anotó.

Entretanto, Rumiñahui Jimbo, dirigente del cabildo Kichwa-Otavalo, dijo a EL UNIVERSO que en las próximas horas emitirán un comunicado oficial en el que se oponen a todo tipo de eventos y apoyan su suspensión en los sectores urbano y rural.

El directivo enfatizó que en plena pandemia harían mal en apoyar cualquier programación que significa un riesgo de muerte. “Estamos preparando un mensaje conciliador para que las partes se sienten a conversar”, indicó.

Mientras, Mario Conejo, alcalde de Otavalo, anunció que estudian mecanismos de sanción para los artistas o para quienes brinden servicios de amplificación, así como otras medidas para defender la salud de la población.

En las últimas semanas se han celebrado matrimonios, bautizos, campeonatos deportivos y conciertos que podrían derivar en más contagios, algo que es confirmado por Jimbo, quien  adelantó que apoyarán la presencia de las brigadas de salud que ingresan este jueves 25 a Otavalo para realizar pruebas de detección de COVID-19.

Frente a la realización de matrimonios, Marcelo Burbano, presidente (e) del COE cantonal, indicó que han pedido a los representantes de la iglesia que no celebren por estos días casamientos y bautizos, que son usuales durante enero y febrero tras el retorno de otavaleños que residen o trabajan en otros países.

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No obstante, el Registro Civil hasta el 19 de febrero habría oficializado 119 bodas civiles, que son celebradas en medio de grandes fiestas y aglomeraciones en las diferentes comunidades.

Gabriela Jaramillo, gobernadora de Imbabura, indicó que ha solicitado al Registro Civil la suspensión de bodas para frenar todo tipo de reuniones sociales e informó que este jueves 25, el viceministro de Gobierno, Patricio González, presidirá la reunión del COE provincial.

Una de las propuestas que hará Jaramillo a los alcaldes de los seis cantones será la homologación de  las disposiciones en toda la provincia para contar con las mismas disposiciones y protocolos de bioseguridad y prevención sanitaria.

Según varios alcaldes, pese a que todos los cantones están en semáforo amarillo, en Otavalo no funcionan los sitios de diversión nocturna, pero en Ibarra y en otros jurisdicciones sí.

Renzo Vásconez, coordinador zonal de Salud, informó que este jueves 25 llegará una brigada de salud para realizar pruebas de coronavirus y aseguró que los hospitales San Vicente de Paúl y del IESS en Ibarra están casi al 100 %  de ocupación en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Se comprometió además a reforzar con médicos el hospital de Otavalo para atender la actual situación provocada por la aglomeración del fin de semana.

La gobernadora Jaramillo pidió la colaboración de quienes concurrieron al espectáculo del sábado para que se aíslen voluntariamente y concurran a realizarse las pruebas COVID-19. La representante del Ejecutivo interpuso el pasado lunes una denuncia contra los organizadores del evento en la Fiscalía de Imbabura. (I)