La mañana de este jueves, 27 de enero, varios representantes del transporte en Pichincha realizaron una caminata desde el parque El Arbolito hasta las instalaciones de la Asamblea Nacional y después hasta la Prefectura de Pichincha, para ingresar un documento que solicita la derogatoria de la ordenanza provincial 19_CPP-2019-2023, aprobada el 7 de octubre pasado.

La norma aprobada por el Consejo Provincial establece el cobro de una tasa de contribución para el mejoramiento vial en las parroquias rurales de la provincia y se prevé que se aplique en el cobro de la matrícula de los vehículos.

Sin embargo, los diferentes representantes del transporte rechazaron el cobro de este nuevo impuesto por la falta de comunicación con la debida anticipación y por la actual situación económica que atraviesan los transportistas, debido a la pandemia de COVID-19.

Álex Morales, presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos de Pichincha, dijo que esta ordenanza es “arbitraria e inconstitucional”. Además, puntualizó que hoy acudieron únicamente los presidentes de las diferentes modalidades de transporte de Pichincha; pero si no atienden los pedidos comunicarán a los demás transportistas y no descarta que haya movilizaciones.

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“Hacemos un llamado a la sociedad civil porque todos son los afectados, nosotros no tenemos por qué costear la situación vial, ese es un acto que debe considerarse dentro del ámbito administrativo de las autoridades. Creo que ya pagamos impuestos como para que se ejecuten esas obras”, enfatizó, Morales.

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, reclamó que el concejal representante del Municipio de Quito (René Bedón) no informó sobre esta aprobación al alcalde o al Concejo Metropolitano, para que se difunda con la ciudadanía.

También señaló que el ahorro que significa no realizar dos veces al año la revisión técnica vehicular pierde su efecto al aumentarles un nuevo impuesto. “No estamos en contra de que se mejoren las vías, pero estamos en contra del procedimiento, la falta de respeto al pueblo ecuatoriano por no consultar o informar por lo menos, eso rechazamos”, argumentó Brunis.

Los transportistas detallaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad si esta ordenanza no se deroga por la Prefectura de Pichincha. Otro de los representantes del sector automotor, Darío Paladines, expresó que interpondrá una acción de protección en contra de la nueva medida.

La tasa no ha sido cobrada todavía, pues el proceso de matriculación se prevé que se inicie en febrero de este año. (I)