El juez penal de Pichincha Geovanny Freire es el quinto magistrado que conoce el caso por delincuencia organizada relacionado con la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria, por el que se investiga al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más.
El proceso penal no ha avanzado desde hace algunos meses de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pues recusaciones, pedidos de excusa y otro tipo de argumentos han sido presentados contra jueces y sus decisiones. Este miércoles 15 de septiembre, desde las 10:00, Freire intentará instalar nuevamente la audiencia preparatoria de juicio que no pudo darse el 10 de septiembre pasado, debido a una demanda de recusación contra la jueza María Elena Lara.
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Abdalá Bucaram recibe arresto domiciliario dentro de proceso por delincuencia organizada
La recusación la planteó la defensa del exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., uno de los siete procesados por delincuencia organizada. La demanda se basa en que una de las causas de recusación de los juzgadores es la de “fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella”.
María Elena Lara fue quien por sorteo remplazó a Verónica Medina, jueza penal que fue separada del caso por un Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha, que declaró que la magistrada había incurrido en una negligencia manifiesta y revocó el auto de nulidad que Medina emitió en la causa.
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Medina llegó a encargarse del caso luego de que Lara, el 15 de abril pasado, acogió los procedimientos abreviados de los también exagentes de la AMT Cléver A. y Samuel S., quienes hasta ese momento eran procesados y decidieron aceptar los hechos atribuidos por la Fiscalía. La jueza Lara los sentenció a cinco años de cárcel a cada uno y dejó el caso por una recusación.
Este caso se inició con la formulación de cargos realizada contra el expresidente Bucaram y los tres entonces agentes de la AMT por una jueza de Flagrancia de Pichincha el 13 de agosto de 2020.
Inmediatamente el caso dejó Flagrancia, pasó a manos de la jueza penal de Pichincha Ana Lucía Cevallos, quien en su momento pretendió excusarse de seguir conociéndolo, pero por decisión de un superior no se le permitió. Finalmente ella se apartó del caso y quedó en manos de la jueza Lara.
Además de los Bucaram y el exagente de la AMT Leandro B., la Fiscalía investiga en este caso a Isabel M., Bryan P., Verónica A. y al israelí Sheinman Oren. Todos de alguna forma habrían participado supuestamente en la planificación y ejecución de actividades delictivas, entre marzo y octubre de 2020, dentro de la comercialización de pruebas para COVID-19 y material necesario para la pandemia.
Jacobo Bucaram es vinculado a caso por delincuencia organizada
Alfredo Arboleda, abogado del exmandatario Bucaram, aseguró que en la audiencia preparatoria de juicio presentarán todos los elementos de descargo para que se considere que las conductas de su defendido y su hijo no se adecuan al tipo penal de delincuencia organizada.
Tres días se prevé que dure la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra las siete personas procesadas. En la providencia emitida por Freire se separa la sala de audiencias en el Complejo Judicial Norte, en Quito, los días 15, 16 y 17 de septiembre próximos y además se aclara que las partes deberán asistir de forma presencial a la diligencia. (I)