La transición entre la alcaldía de Quito saliente y la entrante está en marcha una vez que se realizaron las elecciones seccionales el pasado domingo, 5 de febrero, y tomando como referencia cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pabel Muñoz resultó ganador con el 25,19 % de los votos.
Según el Municipio capitalino, Santiago Guarderas, alcalde saliente, y Muñoz, del movimiento Revolución Ciudadana (correísta), alcalde electo de la capital, mantuvieron una comunicación para coordinar una transición ordenada, la que podría arrancar la próxima semana.
Publicidad
“Los equipos municipales y del nuevo alcalde se preparan para iniciar con el traspaso de información”, informó el cabildo en un comunicado.
Muñoz, quien espera reunirse en privado hasta el próximo martes con Guarderas, ha anunciado la implementación inmediata de tres acciones.
Publicidad
Recordó que el Programa de las Naciones Unidas suele apoyar para empatar en los procesos de transición.
Regularización masiva de barrios será su primera acción, pues convocará a una sesión extraordinaria del Concejo para emitir una ordenanza metropolitana en ese sentido.
Estimó que entre 400 y 500 barrios no estarían regularizados.
Inaugurar el Metro de Quito será su segunda acción.
Esto es porque, a su criterio, la operación comercial será para mayo, aunque en marzo, de acuerdo con anuncios de funcionarios municipales, empezará la operación comercial del transporte subterráneo, pues actualmente se realiza un proceso de viajes de familiarización en los trenes.
“Me queda la duda, le están acelerando políticamente y al acelerarle políticamente están dejando de hacer pruebas necesarias, si es que es así, es mejor decirle (al alcalde) no ponga en riesgo en lo más mínimo la seguridad de las personas, que es lo más importante, ni la seguridad de la infraestructura”, dijo en una entrevista con la radio América.
Metro de Quito retoma viajes de familiarización en los trenes, este martes
La tercera acción de Muñoz será el establecimiento de una mesa de inversiones de Quito con un monto potencial de unos $ 6.000 millones.
Ello, explicó, para consultar al sector privado sobre qué requieren para que puedan llevar a la práctica sus proyectos como la emisión de permisos rápidos. (I)