Desde 1993 ya se sabía dónde estaban los socavones en el cantón Zaruma, sostuvo Clemente Bravo Riofrío, prefecto de la provincia de El Oro, quien compareció ante la comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional que fiscaliza los permisos de explotación minera y control de la actividad minera en esa jurisdicción.

El funcionario provincial dijo que poseen información técnica realizada por un equipo de geólogos liderados por Marcelo Cando, en la cual se determina que las minas están en Portovelo, pero cuando ingresan a la parte baja de la zona de exclusión minera de Zaruma los concesionarios legales trabajan con los sableros y los mineros ilegales.

Que existen más de 400 metros de bocaminas en el cantón Zaruma y que eso conoce el alcalde Jhansey López, lo que ha generado que se produzcan hundimientos y socavones.

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Clemente Bravo afirmó “que se conoce que existe una beta de oro muy rica sobre la superficie del cantón, y los mineros ilegales entran por los túneles realizados por los concesionarios legales, y también hay personas que ingresan por sus casas ilegalmente y eso debilita las bases”.

Bravo aclaró que también hay concesionarios que trabajan legalmente, pero que se tiene que hacer un llamado a todos los concesionarios y que permitan una inspección sobre su labor.

Advirtió que la Prefectura de El Oro se vio obligada a “bajar un poco la guardia por temor al crimen, porque hay crimen organizado y grandes bandas delictivas nacionales apoderadas del sector minero en la provincia”. Que han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, pues hay funcionarios de la Prefectura que han solicitado hasta tres meses de vacaciones para evitar persecución.

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Además dijo que Portovelo se ha convertido en el recolector de los relaves, arenas contaminadas y desechos biopeligrosos producto de la minería, porque esos relaves los botan al río Amarillo y Caleras en Perú, y que por ello el Ecuador enfrenta una demanda ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por $ 3.000 millones.

Dijo que en Zaruma desde el año 1993 se estableció una zona de exclusión minera de 73 hectáreas, que en el 2015 y 2016 se fijó una nueva zona de exclusión de 115 hectáreas y en 2017 se ampliaron a 215 hectáreas.

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El alcalde de Zaruma, Jhansy López, informó que desde el 2014 cuando asumió el cargo ha realizado al menos 33 acciones de forma directa hacia el Gobierno nacional que implican exhortos, exigencias y denuncias sobre la grave situación del cantón por la minería ilegal.

Que al momento se está pendiente de que se cumpla con la remediación anunciada por el Gobierno, y que espera que desde la Asamblea Nacional se accione con tareas de fiscalización. Afirmó que hasta el momento el cantón Zaruma no ha recibido un solo centavo de dólar tras el nuevo socavón registrado en diciembre pasado.

Que muchas promesas y propuestas se han formulado por años a favor de Zaruma, pero que no se ejecutaron ni concretaron desde 1993, cuando se creó la primera zona de exclusión minera debido a la existencia de conflictos entre la actividad minera y el crecimiento de la ciudad, pero que lamentablemente no se hizo un control exhaustivo.

La falta de control ha llevado a determinar al menos cinco zonas de exclusión minera para proteger el casco urbano de la ciudad, y muchas de las quejas presentadas por las autoridades locales y la ciudadanía fueron consideradas como exageradas.

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Que la denuncia presentada en noviembre del 2014 ante la fiscalía no pasó de la instrucción fiscal, en cuyo documento se adjuntó un informe de Arcom del 2013, en donde se determinó que había concesiones mineras que se direccionan hace el casco urbano de la ciudad, y que hoy lamentablemente son 300 personas que pertenecen a 80 hogares que fueron evacuados, más las pérdidas patrimoniales.

López dijo que el gobierno municipal, sin tener competencia, contrató estudios para determinar los riegos del casco urbano, se hizo un levantamiento topográfico de actividades mineras subterráneas de la ciudad que fue presentado a la secretaría de riesgos para que se considere dentro de los proyectos de remedición, pero no hubo mayores resultados.

Cristian Torres Bermeo, director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se excusó de comparecer a la comisión señalando que fue convocado este 5 de enero a una reunión de trabajo indelegable con el presidente de la República, Guillermo Lasso, por la emergencia del cantón Zaruma, pues se prepara una visita al cantón este jueves 6 de enero con el fin de revisar las acciones efectuadas y tomar nuevas decisiones que conlleven a atender la emergencia.

Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, manifestó que dentro de las investigaciones realizadas se evidencian conflictos por el uso de suelo en el cantón con la sobreutilización del suelo.

Indicó que hay concesiones minerías muy cercanas al perímetro de exclusión, lo cual puede ser causa que a través de ellas se siga minando la zona de exclusión.

Iglesias expresó que hay una gran cantidad de información dispersa sobre la situación de Zaruma, por lo que recomendó su articulación a través de la Superintendencia para aportar a la solución de la problemática.

Los legisladores reclamaron más acciones y menos “figureteo” político de las autoridades involucradas en la problemática de Zaruma, según dijo la asambleísta Fernanda Astudillo (UNES), quien señaló que espera que este 6 de enero el presidente Guillermo Lasso vaya a la ciudad no solo con promesas, sino con recursos y soluciones rápidas. Además manifestó que se debe fiscalizar la entrega de las regalías mineras a favor del cantón.

Marlon Cadena de la ID planteó a la comisión iniciar un proceso de fiscalización sobre la labor que cumplió el Comité de Remediación de Recuperación del área minera de Zaruma y Portovelo, que fue creado en septiembre del 2017 por decreto ejecutivo 169, y planteó que se convoque a la ministra de Gobierno para empezar a intervenir en ese tema y desenmascarar las mafias del sector minero.

Su coidearia Johanna Moreira lamentó que ningún gobierno de turno ha solucionado el problema de Zaruma, que hay muchas autoridades que tienen conflicto de intereses porque son dueños y socios de las concesiones mineras en Zaruma, y lo que necesita el cantón son recursos para definir un plan estratégico de remediación, subrayó.

Comentó que los escasos recursos que llegaron sirvieron para comprar vehículos, carpas y conos, y no se dirigieron para ayudar a la gente afectada por el último socavón.

Darwin Pereira, del movimiento Pachakutik, planteó que la comisión legislativa debe conocer el plan estratégico de remediación del cantón, y que de forma inmediata las autoridades se comprometan en tapar todas las galerías y túneles que están debajo de Zaruma. (I)