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Las coactivas agobian a garantes de préstamos educativos universitarios, que piden reestructuración de deudas

Según la Asociación de Deudores de Buena Fe, que agrupa a decenas de personas de entidades públicas, las deudas serían de unos $ 4.000 millones.

Garantes de créditos educativos piden al Gobierno que las deudas estén acorde con su realidad económica. Foto: El Universo

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“Reestructuras de deudas aterrizadas a nuestra realidad”. Ese mensaje, escrito en una cartulina, llevaba Leonela Coello, madre de familia de Sócrates Suárez, en un plantón realizado días atrás en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito.

Él pidió un préstamo de unos $ 70.000 para convertirse en piloto comercial. Ella es la garante. El chico estudió en Estados Unidos.

Al terminar su preparación volvió al país, pero no pudo registrar sus estudios ni legalizar el título en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

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Coello señaló que además en Ecuador no ha tenido la posibilidad de aplicar su profesión. Fue a otro país, pero por la pandemia salió de su empleo.

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“Ahorita estoy luchando porque más son intereses que capital (...) en un mes o dos meses me subió como 10.000 dólares de intereses. No puedo, no podemos pagar esa cantidad”, dijo.

Hasta el 2019, indicó, pagaron $ 30.000. La pandemia truncó la posibilidad de seguir cancelando lo adeudado. Comentó que está en un proceso coactivo.

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Trabaja en el alquiler de mesas, sillas y toldos, y si bien sostuvo que el negocio se está reactivando tiene inconvenientes debido a que su cuenta bancaria está congelada.

Pide que les retiren las coactivas, así como el congelamiento de cuentas, porque muchos de sus clientes prefieren hacer depósitos.

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Estimó que podría pagar unos $ 400 mensualmente. Su hijo trabaja de ayudante de sobrecargo fuera del Ecuador.

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El caso de Pablo Paredes es similar. Garante de su hijo Erick, de 33 años, acudieron a créditos educativos para que él estudie para ser piloto, pero el establecimiento educativo en el que se estaba preparando cerró sus puertas.

Sin trabajo fijo para su hijo, él, que está jubilado, ha tenido que afrontar la deuda que asciende a unos $ 50.000. Paga unos $ 600. Afrontó un juicio coactivo por no pago. Obtuvo préstamos para cancelar los empréstitos.

Plantea que los plazos se extiendan, que bajen los intereses y el monto.

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“A veces no tenemos. Nosotros también tenemos que solventar el vestuario, alimentación, entonces no nos alcanza”, expresó.

Fabián Reyes, de la Asociación de Deudores de Buena Fe, indicó que desean honrar las deudas, pero por causas externas no han podido.

El gremio agrupa a deudores de instituciones financieras públicas y otras entidades acreedoras del Estado como CFN, BanEcuador, Banco de Fomento, IESS, Biess, IECE.

Reyes estimó deudas totales que ascienden a unos $ 4.000 millones.

Ampliación de tiempo, de acuerdo con cada deuda, es una de sus propuestas que formulan a las funciones Ejecutiva y Legistiva mientras los pagos que deben hacer continúan. (I)

Redacción
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