Alexis Abarca adquirió una deuda educativa de $ 18.500, en el 2013, para estudiar Cine y Artes Escénicas en una universidad de Quito. Se graduó en 2018. Un año antes debía empezar a cancelar ese crédito educativo.

Sus cuotas eran de $ 565 durante cinco meses y después $ 325. Contó que en 2019 dejó de pagar y cayó en coactiva debido a que el dinero ya no le alcanzó. Explicó que las cuotas e intereses pasaron del 4,41 % al 10 %.

En el gobierno de Lenín Moreno se lanzó el denominado crédito educativo social, que –dijo– permitía refinanciar las deudas al 7,5 %, pero no pudo acceder porque el Estado se habría quedado sin presupuesto. Volvió a caer en coactiva.

Además, con la coactiva existe el impedimento de laborar en el sector público, congelamiento de cuentas, bajo puntaje crediticio, añadió.

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“Mi deuda de $ 18.500 con la cual había empezado está por los $ 27.000 por intereses...″, dijo.

El joven pidió al Gobierno que haya suspensión de las coactivas y una refinanciación sobre el capital total y no sobre el interés.

Para él, otro inconveniente es que las coactivas afectan también a sus garantes.

Abarca fue una de las aproximadamente 30 personas que se concentraron –este martes– en los exteriores del Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, como una medida de protesta organizada por el colectivo ciudadano Afectados por Créditos Educativos.

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De Ambato llegó Juan Prieto, de 29 años. En 2013 sacó un crédito educativo de $ 22.000 para estudiar Ingeniería en Petróleo, carrera que no concluyó. Pagó unos $ 3.000, con cuotas de casi $ 600 entre 2019 y 2021. Salió de su empleo; dejó de pagar el crédito.

Su deuda actual bordea los $ 33.000.

Otras personas que forman parte del colectivo llevaron varios carteles con mensajes al gobierno del presidente Guillermo Lasso; en uno de ellos se leía: “Queremos pagar la deuda, pero no hay voluntad ni gestión política”.

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Unas 30 personas realizaron una concentración afuera del Palacio de Gobierno en demanda de atención gubernamental para coactivas por créditos educativos. Foto: El Universo

Carlos Jaramillo, quien dirige el colectivo, contó que el grupo fue creado hace tres años, luego que en 2019, entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo que contempla un proceso coactivo para créditos estudiantiles.

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“Si usted caía en coactiva le cobraban el 20 % de abono para poder firmar un convenio, no había otra opción, y su deuda se reducía a 24 meses. Si después de dar el abono la deuda superaba los $ 20.000 tenía que entregar garantías hipotecarias”, explicó Jaramillo.

Otro problema, mencionó, es que con la pandemia del COVID-19 muchas personas quedaron en el desempleo.

Una alternativa que plantea el colectivo es refinanciar los créditos con tasas que no superen el 3 %.

Según Jaramillo, la cartera vencida sería de alrededor de $ 387 millones de 21.000 operaciones de crédito, de las cuales 14.000 están en mora o en coactiva. Fue vendida al Banco del Pacífico una vez que se cerró el Instituto de Crédito Educativo y Becas (IECE), añadió.

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Estimó que han sido afectados estudiantes de carreras universitarias que obtuvieron créditos desde $ 20.000 hasta $ 90.000, entre alumnos que siguieron carreras de pilotos, médicos, arquitectos.

El grupo estuvo concentrado afuera del Palacio de Carondelet en horas de la mañana y luego llevado a una dependencia gubernamental donde se iban a analizar sus casos y revisar la documentación respectiva. (I)