Con la intervención de la defensa del exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B. es como arrancó, la mañana de este jueves, el segundo día de audiencia preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada que se habría dado en la comercialización de 21.0000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19, por el que se procesa al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más.

El abogado de Leandro B. fue el último en participar en la primera jornada de audiencia en este caso, la cual duró casi diez horas y estuvo a cargo del juez penal de Pichincha Geovanny Freire, en el Complejo Judicial Norte. La defensa de este procesado continuó con la presentación de la prueba pericial, testimonial y documental con que contará en un posible llamado a juicio.

Fiscalía solicitó que se llame a juicio a Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y cinco personas más procesadas por delincuencia organizada

Diego Córdova, abogado de Leandro B., dijo que en este segundo día de audiencia responderán a un dictamen fiscal que calificó de escueto, con el cual no se habría demostrado “para qué supuestamente se organizaron todos los procesados”.

El primer día de audiencia estuvo marcado por la acusación fiscal en calidad de autores que la Fiscalía sostuvo contra los siete procesados y el pedido de que todas sean llamados a juicio. Más de 40 elementos de convicción presentó la fiscal Lidia Sarabia contra todos y anunció abundante prueba pericial, testimonial y documental para apalancar su teoría si el juez decide dar paso al juzgamiento.

Publicidad

Según la Fiscalía, las supuestas irregularidades se habrían dado entre marzo y junio de 2020, pero que las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre. De acuerdo con el dictamen acusatorio, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la AMT.

Junto con Leandro B., Bucaram Ortiz y Bucaram Pulley también son procesados por delincuencia organizada Isabel M., Bryan P., Verónica A. y el israelí Sheinman Oren. Justamente respecto a este último, la Fiscalía señaló que los agentes de la AMT se habrían encargado de brindarle seguridad a él y a Shy Dahan, quien fue asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaria del Litoral, para el traslado de las pruebas COVID-19 hasta Guayaquil.

Jueza declara la nulidad de lo actuado en el caso por delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram Ortiz; la causa regresa a etapa de investigación previa

Las presuntas actividades ilícitas, a decir de la fiscal Sarabia, se habrían registrado en las provincias de Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, “ocasionando delitos contra el régimen económico, de desarrollo y la fe pública”.

Dalo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram y hermano de Jacobo, es parte de la audiencia desde el primer día de instalación como uno de los abogados de sus familiares. Según él, dentro de este proceso no existe ni un solo elemento probatorio que relacione a su padre o a su hermano con la supuesta organización delictiva de la que se los acusa y más bien cree que este proceso judicial es parte del engaño de una “mafia política liderada por el expresidente Lenín Moreno y la exministra María Paula Romo” a la Fiscalía.

Cristian Romero, otro de los abogados de los Bucaram, cree que el dictamen acusatorio de la Fiscalía es insuficiente para emitir una resolución motivada de llamamiento a juicio para sus clientes.

“Esta defensa alegará que existen insuficientes elementos de convicción que hagan presumir la existencia de un delito, como también la responsabilidad o participación de las personas a quienes se procesa en esta causa”, explicó Romero, quien aseguró que lo que existió en este caso es el comercio entre particulares y adelantó que solicitarán al juez Freire que emita el sobreseimiento respectivo para sus defendidos.

La audiencia continúa con la respuesta que tienen las defensas de los acusados frente al dictamen emitido por la Fiscalía y el anuncio probatorio para una posible audiencia de juzgamiento. Luego se analizará la posibilidad de que existan acuerdos probatorios entre las partes y se expondrán las exclusiones probatoria que se crean necesarias de existir.

Por el gran número de cuerpos que componen el expediente, la cantidad de procesados y el sinnúmero de información entregada en audiencia, lo más probable es que el juez Freire suspenda la diligencia para analizar lo evacuado en audiencia y deliberar su decisión de si llama a juicio a todos, a varios o finalmente emiten un sobreseimiento para algunos o para todos. (I)