Decenas de personas, unas sentadas, otras de pie, esperan a que sus familiares salgan del hospital Eugenio Espejo, del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el centro norte de Quito, el viernes 1 de julio.

Unos comen, otros hablan por teléfono, mientras algunos simplemente ven pasar los vehículos o están ensimismados en sus pensamientos.

Sentada en unas gradas, a 10 metros de la puerta de ingreso al hospital, una mujer, de unos 65 años, cubierta del intenso sol con una capucha azul que le hace sudar, cuenta: “Cuando no hay medicamentos (el doctor) nos manda a comprar afuerita y cuando hay sí nos da aquí mismo”.

A dos metros de ella, la madre de Javier Chango espera que su hijo salga de una atención médica por un corte en la mejilla derecha.

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A ella también le ha pasado que su hijo debe adquirir fármacos. “A veces mandan a comprar”, indica.

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Frente al hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), esa realidad es habitual entre usuarios. Este viernes, un hombre de unos 50 años, que usa una gorra roja, cruza la calle tras salir de ese hospital y entra a una farmacia a buscar un medicamento dermatológico para su padre.

“Esta vez nos mandaron (a comprar). La anterior vez nos mandaron (a comprar) pastillas; pero ahorita el médico dice que no tiene nada, que está completamente vacío”, señala mientras se acerca a una de las ventanillas.

El pasado 17 de junio, el presidente Guillermo Lasso dispuso al Ministerio de Salud Pública que declare la emergencia mediante resolución motivada en el sector salud. El acuerdo ministerial que lo operativiza está vigente desde el 22 de junio. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal fueron parte de las diez demandas que hizo el movimiento indígena y que fue acogido por el Gobierno.

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Mientras el Ejecutivo pone en marcha la declaratoria de emergencia y defiende su accionar, en asociaciones que agrupan a pacientes hay incertidumbre y para especialistas existen más dudas que certezas.

El hospital Carlos Andrade Marín, perteneciente al IESS, se ubica en el centro de Quito. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

La ministra de Salud, Ximena Garzón, destacó el trabajo del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para determinar cuáles son los precios referenciales a los que deben adquirir los fármacos dentro de este proceso.

Pero Rafael Palacios, de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer (Apnacc), lo calificó de un sainete y una acción de marketing.

“Ya no son creíbles, no son confiables (...), aquí lo que se va a seguir manteniendo es el mismo jueguito de que los procesos se caen (...). La declaratoria de emergencia va a servir para nuevos actos de corrupción, nada más, porque les está imponiendo el precio sobre la calidad de los mismos”, indicó Palacios.

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Garzón aseguró que esa cartera de Estado ha puesto reglas y lineamientos que van a impedir que haya corrupción. como compras centralizadas de las coordinaciones zonales, no adquisición de medicamentos con valores superiores a los establecidos por el Sercop, compras por catálogo electrónico y ya no a discreción de directores y gerentes hospitalarios.

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Escéptico de los resultados se mostró Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud (ANS), que agrupa a más de 30 asociaciones de pacientes con enfermedades raras, catastróficas, huérfanas y trasplantados, con discapacidad, aunque señaló que se está exigiendo que se incorporen en la adquisición de medicamentos -durante la declaratoria de emergencia- no solo aquellos que están dentro del cuadro básico, sino los que prescriben los médicos y los que tienen fallos judiciales. Además, que haya agilidad y prioridad.

Dávila aspira a que una vez ya solucionado el paro del movimiento indígena, el presidente Lasso pueda recibir a pacientes para que conozcan sus necesidades.

De los cuatro subsistemas que forman parte de la red pública integral de salud: Ministerio de Salud Pública, Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas (Issfa) e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al menos los dos primeros ya declararon su emergencia interna.

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A través de un comunicado, el Isspol informó que tras una sesión extraordinaria, el Consejo Directivo resolvió declarar en emergencia al sistema de salud policial. Permitirá, precisó, que se agilicen los procesos de aprovisionamiento de insumos y medicamentos.

Vista de la bodega de medicinas en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

A criterio de Enrique Terán, profesor universitario y Ph. D. en Farmacología, el tema es complicado, pues se lo ha centrado solo en el ministerio, a pesar de que la emergencia es para todo el sistema nacional de salud, y en la provisión del cuadro básico de medicamentos.

Pero lo más preocupante, mencionó el experto, es qué pasa con las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Esas, agregó Terán, no están en el cuadro básico y van a seguir los pacientes sin su medicina.

“Ellos saben de este problema, pero saben también que son las de alto costo y por eso se hacen de oídos sordos”, afirmó el experto.

El viernes, el MSP tenía previsto empezar a recibir las ofertas para comprar los medicamentos que cumplan con las características de registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, precio por debajo del referencial del Sercop y con la cantidad necesaria.

Garzón, en declaraciones para radio Sonorama, precisó que si no se logra satisfacer el aprovisionamiento -a nivel local- se buscará en el exterior.

El presupuesto es de unos $ 80 millones solo en el Ministerio de Salud. Se busca adquirir 546 medicamentos y 815 dispositivos médicos.

Cuando se les pregunta a los usuarios acerca de si la declaratoria de emergencia en el sector de la salud será una solución para que haya medicamentos en los hospitales, responden desconocer el tema o sugieren mejor hacer un cambio de directivos. (I)