La tarde del miércoles 6 de abril, la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional aprobó con ocho votos a favor y una abstención una resolución en la que se solicita al presidente de la República, Guillermo Lasso, declarar en emergencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La moción fue planteada por el asambleísta de Pachakutik (PK) Rafael Lucero en una sesión en la que la mesa legislativa escuchó a médicos que son parte del personal desvinculado de las unidades de salud del Seguro Social. Durante la reunión también se recibió al presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda.

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Según la resolución, la solicitud de declaratoria de emergencia obedece a “la crisis existente en razón del progresivo desfinanciamiento y actos de corrupción, que ha tenido como consecuencia despidos del personal de salud de los hospitales del IESS”, así como por deficiencias en los servicios que brinda la institución y “una crisis derivada de malas administraciones”.

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En ese sentido, se pide al presidente Lasso que en un lapso de 30 días disponga la creación de una comisión interinstitucional que evalúe la situación actual del IESS. Dicha comisión deberá estar integrada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Contraloría y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), más el acompañamiento de una veeduría ciudadana. Los resultados de la evaluación se deberán informar a la Asamblea de forma trimestral.

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Otro aspecto es exigir a las autoridades del Seguro Social la inmediata restitución del personal de la salud que fue contratado para asistir en la pandemia y que ahora ha sido desvinculado de los hospitales. Además, se demanda al IESS cancele las deudas que mantiene con la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (Solca). Para ello, en un plazo de siete día la institución deberá presentar a la Comisión de Salud un cronograma de pago.

El último punto de la resolución aprobada por la mesa legislativa es conminar al presidente de la República que remueva a Francisco Cepeda del IESS, quien es el delegado del Ejecutivo en el Seguro Social. Esto en virtud de los problemas de los establecimientos de salud.

Según el proponente de la moción, la situación que atraviesa el instituto no es solamente una cuestión de recursos, sino que también responde a una falta de voluntad por parte de las autoridades. Lucero cuestionó la separación del personal médico de varias unidades de salud.

“¿Acaso no están allanando el camino para hacer quedar mal al Seguro Social y pensar que se tome decisión de una posible privatización al IESS? ¡Cuidado! Yo me atrevo a pensar que no es así. Apelo y espero que ustedes den soluciones técnicas”, expresó Lucero e insistió a Cepeda a reclamar al Estado por el pago de la deuda que mantiene con el seguro.

Deuda del IESS con prestadores externos bordeaba los $ 600 millones entre 2011 y 2021; hay inquietud en pacientes oncológicos derivados a Solca

Cepeda respondió que la idea de privatizar el IESS “nunca ha sido comentada o insinuada por el presidente Guillermo Lasso”. Que la misión encomendada por el mandatario ha sido reactivar los hospitales, con el fin de reducir las derivaciones a prestadores externos. “No hay ninguna idea de privatización”, replicó y anotó que en corto tiempo se ha incrementado en el 35 % las cirugías, lo que evidencia, según Cepeda, que se están usando medicinas e insumos.

El funcionario manifestó que los problemas de la institución no son recientes y que ha insistido en reiteradas ocasiones al Ministerio de Finanzas para que se salden las obligaciones pendientes, ya que la falta de esos recursos compromete al fondo de salud, el cual es deficitario, e impide cumplir con los pagos a prestadores como Solca.

Con respecto a la deuda del IESS con Solca, Cepeda informó que el 7 de abril se reunirá con los representantes de la Sociedad, a fin de acordar un mecanismo de solución. Aclaró que la atención a los pacientes oncológicos no se suspenderá.

En cuanto al personal de la salud separado, el presidente del Consejo Directivo señaló que es un tema que le compete a los gerentes de cada hospital, debido a la autonomía que tienen las unidades. Que varios contratos eran por servicios ocasiones y llegaban a su plazo de término. Sin embargo, dijo que “no se lavará las manos” en esta situación, así que dará la instrucción de que se revisen todos los términos de los contratos finiquitados. Y reconoció que existe lentitud administrativa que ha provocado demoras en la entrega de nombramientos.

Autoridades del IESS y Solca se reunirán para tratar la situación de atenciones impagas

En la sesión de la Comisión intervinieron trece voceros de los médicos y enfermeras desvinculados, así como dirigentes de gremios del sector, quienes denunciaron que se vulneraron derechos laborales e incluso insinuaron que se trata de una discriminación. Además, expresaron que con la salida del personal se afecta la atención a los pacientes, mientras se sobrecarga de trabajo a quienes continúan laborando en las unidades.

La doctora Verónica Chávez, representante del colectivo Reacciona, expuso que desde el año 2021 se han separado a alrededor de 1.100 funcionarios, quienes cumplían más de un año de trabajo. “Algunos pasan los dos años de trabajo”, dijo Chávez y por lo cual, según la Losep, la institución debía generar la necesidad permanente de ese personal.

Cristina Espín, especialista en medicina interna, separada del Hospital del IESS Quito Sur, mencionó ante la Comisión que “es un acto discriminatorio” que varias personas que atendieron a pacientes durante la pandemia ahora sean removidas, mientras que otros funcionarios que realizaron las mismas tareas sí cuentan con nombramiento definitivo. Exigió que se pida al IESS un informe técnico sobre las razones que llevaron a la desvinculación del personal. (I)