El juez que lleva el caso por el delito de asociación ilícita en el que es procesado Sebastián Yunda y siete personas más autorizó la fijación, apertura, explotación, extracción, análisis, materialización, preservación y transcripción del contenido de dos teléfonos celulares que pertenecerían al exalcalde de Quito Jorge Yunda y a su hijo Sebastián. La acción se dará durante una audiencia privada.
El juez Máximo Ortega dio paso el 11 de noviembre pasado al pedido hecho por la Fiscalía para que se pericie la información contenida en dos cadenas de custodia, las cuales incluirían los celulares de Jorge y Sebastián Yunda. La solicitud se hizo el 9 de noviembre último, pues para la Fiscalía es importante tener la información periciada de estos dos dispositivos dentro de este proceso penal.
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Este caso en el que se investiga hoy asociación ilícita partió analizando un delito de delincuencia organizada en el que el único sospechoso era Sebastián Yunda. 209 fojas de información fueron remitidas a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, el 30 de marzo pasado, para arrancar con la indagación previa.
Esta información correspondía a lo encontrado en los celulares periciados de los dos Yunda, dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado por la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 hecha por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. En ella mantiene una audiencia de juzgamiento vigente el removido alcalde y trece personas más.
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Actualmente sobre Sebastián Yunda pesa una difusión roja de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés), pues al incumplir la medida cautelar de presentación periódica, el juez la revocó, ordenando su prisión preventiva y pidiendo a la Interpol que localice y capture a nivel internacional al hijo mayor del exalcade Yunda. Bolivia fue el último lugar en el que habría estado Sebastián Yunda.
A inicios de septiembre pasado, la información ubicada en el teléfono celular de Sebastián dio pie a 19 allanamientos en Quito y Guayaquil, por los que se detuvo a Christian Hernández, exasesor de Jorge Yunda; Cinthya Puga, ya en ese momento exjefa de despacho del alcalde Yunda; Adrián Haro, gerente de la empresa pública metropolitana EMSeguridad; Pamela Novoa, Nancy Gaybor y su esposo, el empresario chino-ecuatoriano Yinlong Wang.
Una vez que a estas seis personas se les inició una instrucción fiscal por 90 días por el delito de asociación ilícita, días después fue vinculado al caso Sebastián Yunda y su tío César Yunda. Sobre este último, quien fue localizado en México, pesa una orden de prisión preventiva y una difusión azul de la Interpol.
A la etapa de instrucción se le sumaron 30 días más, es decir, en total 120 días para que Fiscalía recoja elementos que den soporte a la teoría de que en este caso todos los procesados son parte de la asociación ilícita que se investiga y que tendría relación, entre otros temas, con la negociación de cámaras de seguridad y —de momento— de dineros por contratos realizados a partir de irregularidades.
Dentro de la versión dada por el procesado Christian Hernández, él dijo que conoció de los chats, que supuestamente lo relacionan, por los medios de comunicación y en la audiencia de formulación de cargos por el delito de asociación ilícita. Según Hernández, esos chats se divulgaron seis meses antes de su detención y el inicio de este procesamiento penal y, apuntó a la Fiscalía, que al no tener la certeza de su “autenticidad, de la veracidad, el contexto y el contenido” de ellos, él no podía referirse a esos chats.
De momento, el expediente judicial de esta causa cuenta con más de 329 cuerpos. (I)