El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 95 votos, que sean convocados los máximos representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de los ministerios de Salud Pública y de Finanzas, para que rindan cuentas sobre la situación que atraviesa el sector de la salud.

Durante la sesión desarrollada el 1 de junio, el asambleísta Marcos Molina (ID), presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, mocionó para que los funcionarios expliquen sobre los siguientes temas: despidos del personal de la salud de los hospitales del IESS; la situación financiera del fondo de salud del IESS; falta de abastecimiento de medicamentos, dispositivos e insumos médicos; ejecución del plan de externalización de farmacias; valores que adeuda a Solca, entre otros.

El llamado está dirigido a Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del IESS; los vocales Luis Clavijo y César Rodríguez; Nelson García, director general; Daniel Rodríguez, director nacional de Salud; al director del Seguro Social Campesino; a Ximena Garzón, ministra de Salud; y Simón Cueva, ministro de Finanzas. Según lo aprobado por el pleno, estos funcionarios deberán comparecer en un plazo máximo de siete días.

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Molina manifestó que “el país viene viviendo una crisis de salud, que ha causado mucho dolor, sufrimiento y frustración a los ecuatorianos”. Que los problemas son consecuencia de una mala administración de las autoridades, señaló.

El legislador John Vinueza (independiente), quien requirió que en la convocatoria se incluya al titular de Finanzas, atribuyó a la Función Ejecutiva la responsabilidad de lo que ocurre en la salud pública. “El origen de todo esto está en el ministro de Finanzas que no pasa los recursos, no solo para el IESS, sino para los ministerios de Salud, de Obras Públicas y otros”, dijo.

La resolución que adoptó la Asamblea se dio horas después del plantón que se realizó la mañana del miércoles en el hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito, donde familiares de pacientes y hasta personal médico protestaron por la carencia de medicinas, insumos y máquinas para atender a quienes acuden a la casa de salud.

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Ante la situación que aqueja a los hospitales, el 31 de mayo, la Federación Médica Ecuatoriana (FME) dio al Gobierno un plazo de quince días para que responda a los inconvenientes del sector salud.

Un día antes, el 30 de mayo, dirigentes de la FME y del Colegio de Médicos de Pichincha se reunieron con la ministra Ximena Garzón y con el vicepresidente Alfredo Borrero. Según el Gobierno, se alcanzaron cuatro acuerdos, entre los cuales se contempla la creación de una veeduría mixta para garantizar que los medicamentos lleguen a los pacientes. (I)

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