La jueza penal de Pichincha Verónica Medina remitió el expediente del caso por delincuencia organizada, en el que se investiga al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otros, para que el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resuelva el recurso de apelación planteado dentro del proceso por la Fiscalía contra el auto de nulidad definido en primera instancia.

El 8 de julio pasado, la audiencia de apelación a cargo de los jueces provinciales de la Sala Penal de la Corte de Pichincha Ricardo Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano no se instaló, debido a que el Tribunal envió el expediente a la jueza de primer nivel para que se pronuncie sobre pedidos no resueltos. Una vez que se habría dado respuesta a los escritos, la jueza Medina devuelve la causa al Tribunal.

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Medina, el 25 de junio pasado, durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio declaró la nulidad de lo actuado en la etapa de instrucción fiscal, debido a que, según la jueza penal, existió una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa insubsanable, el cual generaba la nulidad.

“Claramente se especificó la vulneración de los derechos, no solo de uno sino del universo de los procesados, y con base en esta vulneración incluso se vulnera todo el procedimiento realizado posteriormente”. La declaratoria de nulidad hace que el proceso se retrotraiga a la etapa de investigación previa que es en donde se ubicó la violación.

La decisión generó el inmediato rechazo de la fiscal del caso, Lidia Sarabia, quien inicialmente de forma verbal anunció que apelarían el auto de nulidad emitido. Poco después, la misma jueza Medina dio paso al recurso de apelación de Fiscalía y el requerimiento subió a conocimiento de un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Justamente para analizar esta decisión y escuchar a las partes procesales los jueces provinciales Vaca, Narváez y Burbano deberán convocar a una audiencia pública y contradictoria. Las partes están aún al pendiente de que se defina la fecha para la diligencia.

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Además de los Bucaram en el caso se investiga al exuniformado de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., a los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y al israelí Sheinman Oren. La Fiscalía investigaba inicialmente a nueve personas por supuestamente haber planificado y ejecutado actividades delictivas, entre marzo y octubre de 2020, dentro de la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria. Pero dos se sometieron al procedimiento abreviado y fueron sentenciados.

El 15 de abril pasado, la jueza María Elena Lara resolvió los pedidos de procedimiento abreviado planteados por los también exagentes de la AMT procesados Cléver A. y Samuel S. Ambos fueron sentenciados a cinco años de cárcel. (I)