Adrián Castro, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en una entrevista con este Diario, explica el motivo para que más de 100.000 matrículas vehiculares sean anuladas, proceso que lo deben hacer los municipios. En las próximas horas presentarán una denuncia en la Fiscalía.

¿Han detectado que hay aproximadamente 100.000 vehículos con matrículas que son irregulares y serán anuladas?

110.000 vehículos que han hecho trámites de forma irregular, es decir, han matriculado sin pagar absolutamente ninguna tasa de las que establece nuestra ley.

¿Estas irregularidades son en 147 municipios?

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Así es y mancomunidades.

¿Cómo ha sido este proceso de matriculación irregular?

Básicamente la competencia de matriculación está en los municipios del país, ellos consumen el sistema nacional, tienen sus usuarios que son asignados a sus funcionarios. En este caso estamos hablando de 399 usuarios que se les asignó a los municipios y a través de los cuales se han estado dando estas irregulares en los diferentes cantones.

Es por ello que cuando detectamos nosotros que se estaba haciendo un by pass al SRI (Servicio de Rentas Internas) es decir, estos 110.000 ciudadanos cuentan con matrícula al día, al día, pero resulta que no han pagado una sola tasa los años anteriores, ahí empezamos a ejercer nuestras acciones internas, notificamos en su momento a varios alcaldes, les solicitamos información, que nos expliquen y más, muchos no respondieron, otros lo hicieron con respuestas muchas veces risibles, absurdas, que no venían al caso y una vez dada esta falta de atención y que no se subsanó hemos tomado la medida de inhabilitar a todos estos usuarios. Primeramente poner a órdenes de la Fiscalía, Contraloría, notificarle al Consejo Nacional de Competencias, porque es quien puede intervenir los municipios en caso de que estén haciendo mal el deber, y adicionalmente le hemos dispuesto a los municipios que en 72 horas presenten un plan de contingencia, no lo han hecho todavía para no poner en riesgo al sistema, al servicio que tienen ante los ciudadanos y les hemos dispuesto además anular todos los 110.000 trámites que tienen.

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Más de 100.000 matrículas vehiculares serán anuladas por haber sido obtenidas de manera irregular

¿Hasta cuándo es el plazo para que los municipios presenten el plan?

Desde el día de su notificación, algunos están siendo notificados desde ayer, tienen tres días.

¿Qué pasa si los municipios no anulan?

Hay sanciones, imagínese usted no acatar una disposición, de acuerdo con el Código Penal son dos años de cárcel. Tienen que revertir, eso es obligación.

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¿El perjuicio que ustedes estiman a cuánto ascendería?

Calculamos un perjuicio de $55 millones, seguramente es más porque habrá valores asociados que el SRI sabrá, en su momento, informar.

¿Y cómo hacer para recaudar este dinero?

Son tasas del SRI, no son de la ANT, son tasas nacionales, ni siquiera entran a las arcas de la ANT porque son de matriculación. Le corresponde hacer un proceso de coactiva al SRI, una medida de ponerse en contacto con estos 110.00 usuarios y solicitar el pago de lo que se ha evadido.

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¿Estas personas que han matriculado esos vehículos pueden seguir circulando?

Al anularse las matrículas no podrían circular porque en el país para circular se necesita estar con la matrícula al día; entonces una vez revertidos los procesos, no podrán circular esos vehículos hasta que se cancelen los valores que se tienen pendientes.

¿Y eso cuándo podría ocurrir?

Depende de cuándo reviertan los municipios. Acuérdese que cada municipio del país en donde se matriculó x,y o z vehículo tiene que proceder a la reversión o anulación de las matrículas, eso se reflejará en el sistema cuando los Agentes de Tránsito hagan controles en la vía pública.

¿Estas personas, que están circulando, pueden ser detenidas si ya la matrícula está anulada?

Por supuesto, el carro se iría detenido a los patios de la Policía, de la Comisión de Tránsito o de los municipios, dependiendo de en dónde le hagan el control.

Pero estas personas asumo habrán cometido algún tipo de irregularidad, por eso ¿no se les debería también investigar a ellos?

Bueno, en realidad a quienes debe investigar la Fiscalía General del Estado es a los servidores públicos y exservidores públicos, que durante estos más de 10 años han hecho esto porque el barrido de nosotros no es de este año, el barrido es de más de 10 años.

Estamos haciendo un barrido súper extenso, incluso (hay un) vehículo del año 1986, entonces estamos hablando de muchos años, muchos usuarios y por ello la Fiscalía, quien de acuerdo a su competencia determina responsabilidades, nosotros como ANT no tenemos esa atribución.

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¿Qué tipo de tasas?

La tasa SPPAT, que es el Servicio de Accidentes de Tránsito y la tasa que se denomina ANT, pero que en realidad no recauda la ANT, simplemente se llama así la tasa que es el impuesto que recauda el país para garantizar la competencia de matriculación de los municipios del país.

Estas tasas entran al presupuesto general del Estado, se licuan en el presupuesto todo esto, y se distribuye a los municipios con base a una fórmula que tiene el Ministerio de Finanzas.

¿Y lo que hicieron estos servidores públicos fue evitar que paguen estas tasas?

Exactamente, probablemente la hipótesis es y usted puede ver en las redes sociales cómo se vendía esto, probablemente la gente le paga cierta comisión a uno de estos servidores, el servidor lo que hace es evitar que pague una cantidad muy alta de tasas, durante años, que se va acumulando.

¿A cuánto ascienden estas tasas?

Calcula el Ministerio de Finanzas, dependiendo del año, del vehículo. Si usted tiene por ejemplo una tasa de $ 50 y se salta uno, dos, tres, cuatro, cinco años, mañana esa tasa sube a $ 2.000, $ 3.000.

¿Está en función del avalúo del vehículo?

Claro que sí.

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¿Ustedes han presentado alguna denuncia en la Fiscalía?

Esta semana lo vamos a hacer, estamos preparando obviamente toda la documentación para entregarla a la señora Fiscal.

¿Y al SRI, le presentarán alguna denuncia?

Ya le enviamos al SRI y al Consejo Nacional de Competencias la resolución.

He visto nombres de algunas personas y son funcionarios públicos, asambleístas, exalcaldes, ¿por ejemplo?

Lamentablemente al igual que el famoso caso de los carnés de discapacidad nos hemos enterado nosotros así mismo por los medios de comunicación que dentro de esos 110.000 ciudadanos estarían algunos actores políticos como los que usted indica, pero nosotros nos hemos hecho esa investigación, son 110.000 personas, no tendríamos ni el tiempo para ver uno por uno.

¿Si se saben nombres y apellidos se podría presentar una denuncia particular a ellos, o eso es una labor de Fiscalía que investigará en general?

Todo Fiscalía. Nosotros no estamos en esa potestad, tendríamos que presentar 110.000 denuncias y no lo vamos a hacer. Es una investigación que tiene que hacer el órgano competente. (I)