La proforma presupuestaria del 2023 que llega a $ 31.503 millones adolece de falencias y presenta una sobreestimación de ingresos, acompañada de problemas de subestimación de gastos. Así lo ven analistas en un primer acercamiento a esta propuesta del Ejecutivo que fue presentada ante la Asamblea Nacional el 31 de octubre y que deberá ser tratada por el órgano legislativo en los siguientes 30 días.

De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, la actual proforma presupuestaria para el 2023 registra fallas tan sencillas como el no haber sumado bien el monto de los bonos sociales y que en realidad se entregarían $ 1.431 millones en bonos, cuando se colocan $ 1.307 millones, y de esta manera se contabilizan menos gastos. Solo tras este pequeño detalle se puede establecer que el déficit fiscal no será de $ 2.629 millones como se ha anunciado, sino de $ 2.743 millones.

Explica que se han sobreestimado tanto los ingresos tributarios (permanentes) como los no permanentes (ingreso petrolero, venta de activos, entre otros).

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Así, sostiene que el Gobierno espera recaudar tributos por $ 15.700 millones, sin tomar en cuenta que 2023 no será un año de un importante crecimiento, pues se espera más bien que sea complejo y de una posible contracción. Es impreciso estimar un crecimiento del impuesto al valor agregado (IVA) del 21 %, dice.

En un reciente análisis sobre la proforma 2023, la Corporación para el Desarrollo (Cordes) también considera ciertos supuestos macroeconómicos como “optimistas”. Señala por ejemplo que el Gobierno cree que en 2023 la economía ecuatoriana crecerá 3,1 %, impulsada principalmente por un crecimiento de 6,3 % en el consumo de los hogares. “Suponer que al crecimiento de 5 % (en consumo de hogares registrado en 2022) se sumará uno adicional de 6,3 % en 2023 (sin factor rebote) parece demasiado optimista”, indica. Y agrega que ese optimismo incide en las proyecciones del Gobierno sobre la evolución de los ingresos tributarios en 2023. En la proforma se establece un aumento de 20,3 % en los ingresos del Presupuesto General del Estado correspondientes a IVA. “Tratándose del primer impuesto en importancia para el fisco, esa sobrestimación podría hacer que el déficit, proyectado en $ 2.630 millones, sea mayor”.

En cuanto al tema petrolero, Carrera indica que tampoco parecen tan certeros los cálculos. Esto porque este año ha habido un ingreso de $ 3.332 millones, pero con un crudo de $ 91. En cambio, en 2023 el Gobierno piensa tener ingresos petroleros de $ 3.600 millones, pero con un crudo de $ 64,8. Si bien el régimen apuesta a compensar el precio con mayor producción, considera que la meta sería difícil de cumplir.

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Mientras que Cordes asegura que el precio calculado de $ 64,8 por barril puede resultar conservador, si se considera que la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) proyecta que el precio del WTI (el petróleo de referencia para determinar el precio del crudo ecuatoriano) será de $ 88,6 por barril. Agrega que, si consideramos que en los últimos cinco años la diferencia entre el precio del WTI y el del crudo ecuatoriano ha sido de 8,5 %, el precio para el crudo ecuatoriano debió ser $ 81,7 por barril. El precio conservador es una decisión atinada, tomando en cuenta lo volátil de esa variable, indica.

En cuanto a la producción anual de crudo que el Gobierno ha establecido en 187,9 millones de barriles, equivalentes a casi 515.000 barriles diarios, Cordes explica que esta cifra es muy superior a la del 2021 y enero-agosto 2022: 473.000 y 476.000 barriles diarios, respectivamente. Así ven que este supuesto no es conservador, pero alcanzable.

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En realidad, el tema de la producción de 515.000 barriles será muy difícil de alcanzar, ha dicho el propio ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Es más, el flamante funcionario advirtió la semana pasada que pedirá que se revea ese cálculo. Para Santos, una meta de 485.000 barriles diarios para 2023 sería mucho más apegada a la realidad.

Entre tanto, este año el Ministerio de Economía y Finanzas también ha recurrido a la carta de la venta de activos para considerar mayores ingresos. Sin embargo, Carrera dice que de este tipo de temas se viene hablando varios años y no se ha concretado. La venta de activos aparentemente vendría en el tema de Sopladora, por ejemplo, pero el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha hablado también del Banco del Pacífico.

Carrera considera que no es una buena práctica inflar los ingresos sin una verdadera base, pues eso al final genera mayores obligaciones con los gobiernos autónomos descentralizados y con las universidades que obtienen recursos de porcentajes de los ingresos permanentes y no permanentes. En este sentido, indica que -aunque la ley indica que se deben hacer liquidaciones trimestrales con respecto al verdadero comportamiento de esos ingresos- cuando estos actores, que deben ser supuestamente beneficiados con más recursos, ven que hay alguna disminución recurren a la protesta y generan caos.

Comenta, además, que no están claras las fuentes de financiamiento para el 2023, y que existe incertidumbre al respecto tanto de los ingresos que podrían llegar desde multilaterales, la deuda interna y supuestos bonos internacionales.

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El tema de fondo, dice Carrera, es que el presupuesto ha llegado a un punto en que no se puede sostener estructuralmente. Por un lado no se puede generar más ingresos, no se puede reducir el gasto, no se puede financiar. En el fondo, el presupuesto refleja la realidad de una sociedad que no quiere hacer nada para mejorar: solo pide y pide y no entiende que cualquier incremento debe ser financiado desde la misma sociedad. (I)