Durante toda la mañana de este miércoles 10 de agosto del 2022, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) se reunió la submesa técnica que analiza la focalización de precios de los combustibles, en la cual participan delegados del Gobierno nacional y también representantes de las tres organizaciones indígenas, en el marco de los diálogos de paz, tras los 18 días de paralización indígena que generó cuantiosas pérdidas al país.

Fue la primera reunión con delegados más especializados en el tema de combustibles.

De acuerdo con información del Ministerio de Gobierno, en la mesa técnica se encuentran registrados Leonardo Sánchez y Pablo Albán, del Ministerio de Economía y Finanzas; Benito Cabrera de Petroecuador; Juan Carlos Jácome del Servicio de Rentas Internas (SRI); Paúl Hernández del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Leandro Chalela del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En cambio, en el bloque social se encuentran Henry Llanes y Mauricio Rubiano por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Adicionalmente están Tito Madrid y Pablo Dávalos por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Jorge Loor y César Sacoto por el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine). También constan como invitados Alejandro Nolivos, del Ministerio de Gobierno; Gabriel Díaz y Cristhian Benalcázar, de la Agencia de Regulación y Control (ARC).

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De acuerdo con el delegado de la Fenocin, Henry Llanes, en el nuevo encuentro hubo varios pedidos de información al Gobierno. Sin embargo, dijo que no son nuevos pedidos, sino los que en un primer momento se pidió, pero que hasta el momento no se han cumplido.

Así se pidió información sobre la estructura del transporte. Esto es sobre los vehículos vinculados a la actividad comercial, de servicio púbico, actividad agrícola y particulares. También información del SRI sobre quintiles de ingreso e información sobre población empleada, subempleada y datos de pobreza.

Llanes dijo que lo que se busca es saber cuántos millones de personas en pobreza y pobreza extrema existen en el país.

También requirieron la entrega de información sobre la estructura de costos mensuales de enero a julio por combustibles. Una vez que tengan todos estos datos podrán trabajar, dijo.

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De acuerdo con Llanes, el sector social se opone a que existan precios liberalizados de combustibles, porque estos no serían constitucionales. Además, dijo que se ha pedido información sobre si es verdad que la industria minera está recibiendo diésel subsidiado.

Sin embargo, de acuerdo con la tabla de subsidios de Petroecuador, actualmente solo hay subsidios en la industria pesquera. (I)