Este 26 de julio se cumplen seis meses desde que la Sala Múltiple de la Corte de Justicia de Sucumbíos emitió una sentencia a favor de nueve niñas de la Amazonía que pedían la eliminación de 447 mecheros (que queman gas asociado con la operación petrolera, lo que genera contaminación ambiental) por afectar su salud. Adicionalmente, han transcurrido poco menos de tres meses desde que la misma sala emitió siete medidas de reparación atadas a la sentencia.

Sin embargo, hasta el momento la sentencia no ha sido emitida por escrito. Esto ocasiona que el proceso judicial no pueda avanzar y se mantenga en una suerte de limbo, pues sin notificación de la sentencia los demandantes no pueden hacer sus correspondientes pedidos de ampliación y aclaración, y tampoco ninguna medida de reparación se puede aplicar. De acuerdo con la ley, el tiempo máximo para que se emita una sentencia escrita, luego de la lectura, es de una semana.

Entre tanto, las siete medidas de reparación emitidas por la Corte están dirigidas a los Ministerios de Energía, de Ambiente y Salud; establecen ciertos plazos, que empezarán a correr una vez que la sentencia esté ejecutoriada. Julio Prieto, abogado de las niñas, explicó que, de acuerdo a la Corte Provincial, el Ministerio de Energía debe eliminar en un plazo de 18 meses, es decir, año y medio, los mecheros que están cerca de sitios poblados. El resto puede seguir existiendo hasta el 2030, fecha en la que deberán ser eliminados definitivamente. Además, la cartera de Estado no podrá emitir nuevos permisos de quema de gas para centros poblados, a menos que se utilizare una nueva tecnología.

En la Amazonía hay 447 mecheros. En la gráfica, uno de ellos ubicado en Joya de los Sachas. Foto: Cortesía

También, entre las medidas de reparación se le indica al Ministerio del Ambiente que debe realizar un monitoreo anual para restablecimiento de ambientes naturales. Además habrá una coordinación intersectorial que incluya a Gobiernos autónomos descentralizados para que se evalúe la calidad de recursos hídricos. Este punto también incluye la creación de un sistema de provisión de agua potable que deberá contar con la participación de las empresas petroleras.

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Entre tanto, el Ministerio de Salud, seis meses después de ejecutoriada la sentencia, deberá realizar un estudio que permita establecer la afectación de la población aledaña. Así se podrá determinar si se justifica la construcción de una unidad oncológica que permita diagnosticar y tratar casos oncológicos entre la población afectada.

Adicionalmente, el Ministerio de Energía debe presentar disculpas públicas a las niñas accionantes. Finalmente, se encarga a la Defensoría del Pueblo para que monitoree el cumplimiento de las medidas.

Sobre el tema, Prieto explica que la población afectada tiene urgencia en presentar aclaraciones y ampliaciones a la sentencia. Por un lado, les llama la atención que la sentencia permita por nueve años más (hasta el 2030) la quema de mecheros más alejados, si la Corte misma ya ha aceptado que estos constituyen una vulneración de derechos. Tampoco hay claridad sobre cuáles son los mecheros considerados cercanos a la población, pues no hay un parámetro de distancia. Además explica que, al no emitirse por escrito la sentencia, se ha dado paso a que el Ministerio continúe entregando nuevos permisos para quema de gas.

Por todo ello, tras los 180 días de espera sin notificación de sentencia, la comunidad de Sucumbíos plantea iniciar una fuerte campaña a nivel internacional sobre lo que está sucediendo con la justicia ecuatoriana. Así lo explicó Donald Moncayo, padre de familia de una de las niñas denunciantes y parte del colectivo de la Unión de Afectados por Chevron Texaco (Udapt). Explicó que durante el Congreso de la Udapt que se llevará adelante en los próximos días se discutirán las alternativas. Aclaró que no se trata de difamar a la justicia ecuatoriana, pero aseguró que la propia justicia a nivel nacional ya ha labrado un perfil muy desgastado y sin credibilidad, justamente por sus malas actuaciones.

Por su parte, Prieto comentó que desde el equipo de abogados se ha pensado en presentar quejas ante la Judicatura y ante la Corte Constitucional por la falta de acción de los jueces, pues considera inaudito que se hayan dejado pasar seis meses.

El tema de los mecheros y la quema de gas asociado toma mayor relevancia en estos días al conocerse que este fin de semana hubo un impresionante incendio en la Estación Central de Shushufindi, que aunque no hay una versión oficial sobre su origen, pobladores han dicho que tendría que ver con la existencia de un mechero que podría haber contaminado las piscinas de hidrocarburos.

Es que Ecuador es un país que desperdicia gas desde varios frentes. De acuerdo con Jorge Luis Hidalgo, gerente de Geen Power y experto en el tema de gas, Ecuador quema más gas que Catar y Brasil pese a que esos países producen cuatro y ocho veces más petróleo, respectivamente. El experto explica que consumimos el doble de GLP que Colombia teniendo solo la tercera parte de su población. Mientras el país vecino importa solo el 5 % de gas, nosotros importamos el 92 %. Paralelamente, quemamos gas asociado rico en propano y butano (GLP) en la Amazonía.

Hidalgo explicó la dramática situación de quema de gas en mecheros en el país citando el ejemplo de la planta de licuefacción de Bajo Alto ubicada en El Oro. En esta se queman cerca de dos millones de pies cúbicos por día (mmpcd) de gas natural ya tratado (con pureza del 99 % de metano). Esa energía es suficiente para remplazar el consumo de diésel de una flota de 500 buses urbanos de Machala. Asimismo, la Termogás Machala tiene un sistema de provisión forzada de gas 24/7 utilizando gas valioso, pese a tener abundancia de generación hidroeléctrica.

Para el experto, la industrialización del gas, tanto el del golfo de Guayaquil y Santa Elena como el de los mecheros de la Amazonía, puede ser una solución real para bajar subsidios, tener mayor eficiencia energética y eliminar la contaminación ambiental de los mecheros que enferman a las comunidades y afectan la economía. (I)