La proforma presupuestaria 2021, que en estos días está en manos de la Asamblea Nacional, tiene al menos cuatro fuentes con las que se cubrirían las necesidades de financiamiento de este año. Así, se espera que existan unos $ 1.846 millones en bonos internos; asimismo, se esperaría que llegaran unos $ 1.280 millones de organismos multilaterales; también están tomados en cuenta los $ 950 millones de DEG, entregados este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, también hay un rubro que llama la atención y que se denomina saldos disponibles de préstamos, por $ 5.022 millones, cuyo significado no está claro.

Al observar el justificativo de la proforma enviada por el Ejecutivo, se indica que dentro de estos $ 5.022 millones se encuentran $ 2.596 millones de organismos multilaterales, otros $ 751,7 millones de un crédito con Citigroup, $ 731,6 millones más del Fondo de Reconstrucción y Fomento (FLAR) y $ 434 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). A simple vista podrían parecer nuevos desembolsos que llegarían al país; pero, de acuerdo con la explicación del Ministerio de Economía y Finanzas, corresponden a un financiamiento que fue registrado en periodos anteriores, como por ejemplo, el desembolso del FMI en diciembre del 2020 y que debido a la proximidad del cierre del año anterior no se pudo ejecutar, por lo tanto, se trasladó al ejercicio siguiente para su asignación”.

Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), estas fuentes de financiamiento detalladas son irreales. Señaló en primera instancia que se han establecido ingresos sobreestimados, por lo que el déficit será mayor a los $ 4.800 mencionados en la proforma. Pero además el rubro de “saldos disponibles”, por más de $ 5.000 millones, tiene inconsistencias, y más bien parece que algunos rubros estuvieran duplicados. Rechazó la explicación que da Finanzas y sostuvo que no se puede decir que los saldos disponibles que ahí se señalan sean provenientes del 2020. Explicó que esos dineros se gastaron de manera inmediata y que no quedó en caja nada del año pasado.

Para Carrera, en este rubro estarían los $ 1.500 millones que deben recibirse del FMI como parte del acuerdo vigente y que en estos días se están ratificando con ese multilateral. Parte de esos dineros ($ 400 millones) debió llegar en abril; otra cantidad igual ($ 400 millones), en agosto; y unos $ 700 millones, para diciembre.

Sobre el tema, Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, considera que, aunque no esté escrito en la proforma, el Gobierno a finales de año deberá acudir a mercados internacionales por financiamiento. Explicó que actualmente en la proforma presupuestaria se ve un rubro de “saldos disponibles” por más de $ 5.000 millones. Sin embargo, frente a los gastos que ya se han dado y a la brecha que existe entre el presupuesto devengado y el efectivamente pagado (unos $ 1.800 millones), se prevé que el financiamiento le va a quedar corto.

Si esto llegase a suceder, Ecuador podría emitir deuda en una posición más cómoda, pues los costos de financiamientos serían más bajos; pero debería cuidar que los plazos vayan por encima del 2040. Esto último para no afectar la renegociación de deuda que se dio con los tenedores en el Gobierno anterior.

De otro lado, una importante fuente de financiamiento son los $ 1.800 millones de bonos internos que según Carrera tendrían que ver con un rollover (renovación) de bonos que están principalmente en el Banco del IESS. Hace pocos días, el vicepresidente del Biess, Marco Naranjo, habló de un posible reperfilamiento de esta deuda interna.

Entre tanto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conocerá este miércoles la proforma y la enviaría a la comisión respectiva para su trámite. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, convocó a la reunión que se realizará a partir de las 16:00. De acuerdo con Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea y miembro del CAL, la proforma del 2021 llegó dentro del plazo el 22 de agosto y la comisión que debería tratar el tema sería la de Régimen Económico.

Saquicela recordó que la Asamblea puede aprobar u observar la proforma en los 30 días siguientes, en un solo debate la proforma y la programación cuatrianual. Si no se pronuncia, entrará por ministerio de la ley. De haber observaciones, el Ejecutivo tiene diez días para aceptarlas y presentar una nueva propuesta o para ratificarse en su iniciativa original. Por su parte, la Asamblea podría ratificarse en sus observaciones con las dos terceras partes de sus integrantes. El vicepresidente de la Asamblea recalcó que buscarán consensos para la aprobación de la proforma, tomando en cuenta las amplias necesidades que tienen diversos sectores. (I)