La mañana del miércoles 30 de agosto Petroecuador dio a conocer que adjudicó a la empresa de seguros La Unión el contrato de pólizas de Seguros de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima, valorado en $ 99,1 millones. Sin embargo, el anuncio se dio dos días después de que el juez del cantón Yaguachi, John Rodríguez Mindiola, el lunes 28, aceptó un pedido de medidas cautelares y dispuso a la empresa pública que “suspenda el proceso de licitación” y se recomiende declarar desierto el concurso.
El proceso en torno a la contratación de los seguros ha estado envuelto en críticas por su elevado monto, en comparación con los $ 54,8 millones del contrato de 2021. Y además han saltado sospechas de presuntas irregularidades, en las cuales supuestamente habrían estado involucrados funcionarios públicos y un representante de una empresa privada, con el fin de truncar la actual licitación y, con ello, prolongar el contrato anterior.
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Al respecto, han circulado videos en redes sociales, y una publicación en el canal Teleamazonas, sobre una reunión en la que se habría planificado frenar el concurso.
Seguros La Unión se lleva polémico contrato de seguros de Petroecuador por $ 99,1 millones
En el comunicado compartido el miércoles, la empresa pública informó que el proceso de contratación se inició el 31 de julio y estuvo contemplado en el Plan Anual de Contrataciones 2023. Que contó con un informe de pertinencia y favorabilidad emitido por la Contraloría General del Estado.
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Que la licitación fue publicada en el portal de Compras Públicas “y el 29 de agosto de 2023 se acogió la recomendación de adjudicación formulada por la Comisión Técnica designada para este procedimiento de contratación”. Con ello, explicó Petroecuador, se adjudicó el contrato a la empresa La Unión Compañía Nacional de Seguros S. A.
La petrolera estatal afirmó que todos sus procesos “son supervisados por las distintas instituciones de control competentes”.
Petroecuador no mencionó nada sobre las medidas cautelares que fueron aceptadas por el juez de Yaguachi.
Juez que aceptó las medidas cautelares restituyó los derechos políticos a Jorge Glas
A las 02:30 del lunes 28 de agosto, la ciudadana Noris Patricia Gómez Alvarado interpuso la demanda de medidas cautelares en contra de Ramón Correa Vivanco, gerente general de la empresa pública Petroecuador. La causa recayó en John Érik Rodríguez Mindiola, quien ese mismo día, pocas horas después, resolvió aceptar el pedido.
El magistrado ha estado inmerso en polémicas por sus resoluciones. El caso más sonado, y por el cual es investigado por la Fiscalía, fue el del 9 de junio de este año cuando restituyó los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas pese a tener varias sentencias en firme por casos de corrupción.
Gómez Alvarado basó su solicitud de medidas cautelares contra Petroecuador “con la finalidad de evitar que se produzcan actos de corrupción en perjuicio de todos los ciudadanos ecuatorianos”.
En la demanda expuso que supo de la licitación de la póliza de seguros por redes sociales, en especial de la cuenta del periodista Carlos Vera, en Instagram, y otros medios, donde se difundió información sobre el proceso y que ahí se denunciaba que Petroecuador “excluyó la revalorización de los bienes a asegurar, ordenada por la Contraloría General del Estado, y que esta inobservancia causaría un perjuicio al Estado, puesto que de tener un valor de prima por $ 50 millones en 2020, ahora aumenta a casi $ 100 millones sin sustento técnico”.
Citó auditorías realizadas por la Contraloría a la contratación de pólizas de seguros en Petroecuador y que en los hallazgos la entidad determinó que no se constató la existencia de estudios técnicos, no se incluyó el análisis de evaluación de riesgos y siniestralidad, tampoco hubo un listado valorado de los bienes a ser asegurados, entre otros puntos.
Además, Gómez señaló que el órgano de control hizo varias recomendaciones para cumplimiento de la empresa pública antes del inicio de nuevos procesos de contratación de seguros y reaseguros. Que cuente con inventarios valorados de los bienes a asegurarse, así como los respaldos técnicos para determinar el valor asegurable con sublímites y deducibles, entre otros.
Tras evaluar los argumentos de la demandante, el juez Rodríguez acogió las medidas cautelares y dispuso que Petroecuador suspenda el proceso de licitación que estaba en curso y se recomiende declarar el concurso desierto, “puesto que no han realizado la valoración de los bienes que van a asegurar, permitiendo que todas las aseguradoras del país que cumplan con los requisitos participen en esta licitación”.
También ordenó que se cumpla con establecer de manera correcta el patrimonio de los oferentes.
EL UNIVERSO consultó a Petroecuador cómo se pudo concretar la adjudicación del contrato a la aseguradora La Unión si el juez de Yaguachi dispuso la suspensión del proceso. Se espera una respuesta de la empresa pública. (I)