Las tarifas que actualmente paga el país por los contratos de servicios integrados en los bloques Shushufindi (Consorcio Shushufindi), Libertador (Pardalis) y Auca (Shaya) por la producción petrolera son de $ 29,85, $ 38,54 y $ 27,60. Se trata de tarifas altas que incluyen una serie de servicios secundarios, y en el caso de Auca, el pago del derecho intangible por $ 1.000 millones. Esto, a pesar de que en 2018, en la administración del exministro Carlos Pérez García, se hizo una renegociación de tarifas para Shushufindi y Libertador, que de acuerdo con el contrato modificatorio al que este Diario tuvo acceso, solo fue temporal.

Dicha renegociación de la tarifa de los contratos de servicios integrados se concretó, pero tenía como plazo de duración solo hasta el 2020. Así, en la actualidad el Estado paga tarifas mucho más altas, sobre todo porque la renegociación también incluyó una suerte de tabla, en la cual las tarifas eran más altas dependiendo del precio del crudo.

Por ejemplo, en el contrato modificatorio correspondiente al campo Shushufindi se indica que la tarifa por actividades de optimización de la Producción y por Actividades complementarias será “desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2020 y se la establece en $ 19,50″. En cambio, a partir del 1 de abril de 2020 hasta la conclusión del contrato se debía definir la nueva tarifa.

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En 2012, el gobierno de Rafael Correa firmó con los consorcios Shushufindi (Schlumberger, Tecpetrol y KKR) y Pardalis (Tecpetrol, Canacol, Schlumberger y Sertecpet) la coadministración de esos campos. Se acordó pagarles, por cada barril de crudo, una tarifa de $ 30,62 en Shushufindi, y $ 39,53 en Libertador.

En el caso de Shushufindi, en el 2014 durante el régimen de Correa se acordó una pequeña rebaja, según se indicaba con relación a la baja de impuestos que también se dio en esos momentos y bajó a $ 29,85. En el 2018, en cambio, se llegó a la negociación de la tarifa que establecía un pago de $ 19,50.

El experto petrolero Miguel Robalino explicó que estos contratos de Shushufindi, Auca y Libertador no fueron un buen negocio para el Estado, sobre todo por los costos de producción sobredimensionados y que estaban relacionados con las inversiones que tenían que hacer. Explicó que en el tema de Auca, Schlumberger anticipó $ 1.000 millones (a cargo de un derecho intangible) el cual se está amortizando con barriles de petróleo producidos. Recordó que estos dineros no fueron para la empresa petrolera sino al gasto fiscal, lo cual no sería legal.

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Adicionalmente, consideró que la empresa estatal y el Gobierno deben ser transparentes y dar a conocer los compromisos de inversión que tienen estas empresas.

En este sentido, para Robalino es importante que el Estado tome en cuenta, sobre los nuevos contratos que vendrán, cuáles deben ser los costos de producción a tomarse en cuenta, las reservas probadas y las inversiones prometidas.

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Señaló además que no se ve que estas empresas tengan intención de cambiar de modalidad de contratos (a participación como ha estado promoviendo el Gobierno), pues estos les han sido bastante beneficiosos.

El tema de los contratos con estos consorcios privados tomó relevancia luego que en videos y audios publicados por el portal Código Vidrio se conoció que había inquietud por parte de José Luis Cortázar, en ese entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) sobre los reales costos de producción y la definición de la curva base de los contratos. Sin embargo, esto fue rechazado por el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas.

Actualmente el tema está siendo investigado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Fernando Villavicencio. Al momento se encuentran en la etapa de recopilación de información y luego se procederá con las comparecencias. Paralelamente, Villavicencio ha pedido a la Fiscalía abrir una investigación sobre el tema. (I)