El informe de primer debate de la ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, propone reperfilar la deuda que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central del Ecuador (BCE) hasta por 30 años. Es decir, reprogramarla para pagarlas en tres décadas.

Esto fue introducido en el proyecto durante el debate que tuvo la Comisión para dejar listo el informe que irá al pleno de la Asamblea Nacional.

El título IV artículo 23 del proyecto de ley indica textualmente: “Por una única ocasión, todas las obligaciones de deuda pública, que actualmente mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central, de manera directa y a través de las entidades financieras públicas, podrán ser reperfiladas en función de un cronograma de amortización que responda a las disponibilidades del Presupuesto General del Estado y el perfil de vencimiento de la deuda pública, hasta por un plazo de 30 años. Para dicho efecto, se podrá suscribir un convenio de pago entre las partes”.

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En el artículo también se anota que “el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas acordarán los términos y condiciones financieras específicas para el convenio de pago entre las partes”.

Con esto se modifica la transitoria quincuagésima segunda del Código Monetario Financiero.

De acuerdo con Fausto Ortiz, las deudas que tiene actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central corresponden a todos los bonos que fueron encajados a esta entidad por las facilidades de liquidez que se dieron en el tiempo del correato. Esto quedó prohibido por la Ley de Defensa de la Dolarización y para subsanar el tema, se había establecido un pago periódico. Sin embargo, esto se estaría deteniendo con dicha reforma.

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Para él, que fue ministro de Finanzas al inicio del gobierno de Rafael Correa y luego se alejó, el tema “equivale a tomarse la reserva”. Esto porque en vez de pagar lo que se debe y que hubiese ido a la reserva, se lo deja de entregar.

En campaña, los dos candidatos finalistas, Luisa González y Daniel Noboa Azín, habían hablado de tomar los dineros de la Reserva Internacional para buscar una salida a los problemas fiscales. Sin embargo, esta medida es contraria a la dolarización. Noboa había dicho que esa sería una opción Z. En este sentido, Ortiz dice que aunque no es exactamente tomarse la reserva, sí equivale a ello, por lo que el plan Z estaría subiendo a ser un plan B.

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Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Lenín Moreno, considera que la reforma propuesta de reperfilar por 30 años “es una barbaridad”, más aún cuando ha habido un debilitamiento importante de las Reservas Internacionales, que ahora están en $ 5.610 millones, cuando en algún momento se llegó hasta $ 9.000 millones.

Ha bajado más de $ 3.000 millones en menos de un año y medio y explica que esta baja refleja la situación actual del país, en que hay no hay financiamiento, salen más capitales, el precio y venta de crudo han bajado. Comenta que el Banco Central estaba recibiendo -desde la administración de Moreno y durante la de Guillermo Lasso- pagos periódicos de esa deuda, cuyo origen fueron las facilidades de liquidez a la que le obligó el gobierno de Correa al BCE.

Para Pozo, esto va a debilitar la liquidez, y lo que iba a recibir el Banco Central ya no lo va a recibir. Lo considera una suerte de tarjetazo y que así se abre la posibilidad de seguir haciendo lo que se hizo con la Corporación Financiera Nacional (CFN) y pagar sueldos a través de piruetas financieras.

Al patear hacia adelante los pagos, lo que sucede es que en vez de tomarse la reserva se tomará lo que iba a recibir. “Nos quieren meter gol de media cancha y están jugando con fuego, porque pueden generar nerviosismo”, dice Pozo y recuerda que parte de los compromisos a los que llegó el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el ir cerrando la brecha de deuda del Gobierno con el BCE, y acumular reservas. Este tipo de decisiones que son contrarias al tema, debilitan la probabilidad de nuevos acuerdos con los multilaterales, comenta.

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Entre tanto Luis Fernando Ayala, vocero de temas económicos de Construye, considera que la motivación de esta norma es clara: estirar en el tiempo y hasta en un plazo de 30 años las deudas que tiene el Gobierno con el Banco Central.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta, indica, que el BCE va a tener menos liquidez para hacer frente a sus propias obligaciones.

  • Explica que estos bonos de deuda están dentro del balance del Central como parte del activo que respalda los pasivos de la institución.
  • A su vez los pasivos son los depósitos de las instituciones financieras, que tienen que ver con los haberes de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de otras entidades financieras.
  • Al no hacer los pagos programados, lo que sucederá es que va a haber un debilitamiento de la capacidad para honrar de manera puntual y oportuna las obligaciones.

“El activo va a tener plazo de vencimiento más largo, para cubrir unos pasivos que, por el contrario, son depósitos a la vista”, comenta.

Sobre la pregunta de si esta medida puede afectar a la dolarización, dice que “al menos no contribuye en nada a fortalecer la dolarización. La dolarización se sostiene en base a la confianza de que este sistema monetario es sostenible en el tiempo. Debilitar el sistema de balances destruye dicha confianza”. En este sentido, al ser vocero del movimiento Construye, explica que: “Construye no apoyará ninguna medida que ponga en riesgo la dolarización”. (I)