Pasadas las 18:00 de este miércoles se suspendió la sesión del pleno presidida por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Esta se retomará a las 14:00 de este jueves.

El segundo debate de la Ley de Defensa de la Dolarización se inició alrededor de las 16:00 con la ponencia del asambleísta Franco Romero, quien destacó la importancia de la Ley. Luego se dio una serie de intervenciones polarizadas, en las cuales por ejemplo Hermuy Calle (RC) y Ana Belén Marín (AP) rechazaron la ley porque dijeron, es inconstitucional.

Henry Kronfle (PSC) consideró que la ley no es inconstitucional, y como prueba de ello dijo que anteriormente la Unidad Técnica Legislativa había rechazado el texto, y en esta ocasión, sí le dio trámite.

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, se mostró optimista sobre la posibilidad de que la Asamblea apruebe la Ley de Defensa de la Dolarización. El plazo para su tratamiento vence el 25 de este mes.

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De acuerdo con el ministro, hubo una receptividad positiva por parte de varias bancadas de la Asamblea y, por ello, considera que sí se conseguirían los 70 votos mínimos necesarios para la aprobación o incluso superar dicha cifra. Las declaraciones las dio en una entrevista televisiva.

Consideró, sin embargo, que siempre habrá quienes se opongan y más aún un grupo de movimientos políticos que “se les explique lo que se les explique” votarán siempre en contra.

El Ministro destacó la necesidad de que el Banco Central del Ecuador (BCE) tenga una independencia técnica en el manejo de la política monetaria.

Explicó que con base en ello se requiere que existan las dos Juntas propuestas: una monetaria y otra financiera, para que la primera sea una suerte de Gobierno Corporativo del BCE; mientras que la otra se encargue de los temas que no son monetarios como política financiera, seguros, valores. Si se le asignaran a la misma Junta todas las facultades, se desfiguraría lo que se quiere conseguir con el Banco Central. Se perdería la independencia técnica y se la distraería haciéndola responsable de más temáticas.

El ministro Pozo insistió en que la aprobación de esta ley beneficiará a los futuros gobiernos, a la ciudadanía y a la dolarización.

Entre tanto, Franco Romero (IND), presidente de la Comisión de Régimen Económico que deberá presentar el informe para segundo debate en el pleno, dijo que aspira a que se consigan los 70 votos, aunque consideró que no será fácil. Sin embargo, comentó que el proceso será largo aún. Esto porque primero se debe dar lectura al proyecto y, al tratarse de una sesión nueva del pleno, pueden presentarse pedidos de cambio del orden del día.

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Cambios importantes

Recordó que entre los cambios más importantes que se han incorporado para el segundo debate de la ley está una conformación con tres miembros de cada una de las Juntas (Monetaria y Financiera). El Ejecutivo había propuesto cinco miembros. Además, los nombres podrán provenir del sector privado, del público y de la academia.

La necesidad de aprobación de la ley es destacada también por el Observatorio de la Política Fiscal (OPF): Jaime Carrera, secretario ejecutivo, y Abelardo Pachano, su presidente, pidieron en una carta pública a la Asamblea que se pronuncien a favor de la aprobación de la ley.

Recordaron que los persistentes desajustes económicos y fiscales de los años 80 y 90, las constantes devaluaciones y la secular inflación, al tiempo de liquidar la capacidad adquisitiva de las personas, pulverizaron el sucre. Como consecuencia de ello, nació la dolarización.

Pero una vez adoptado este sistema monetario, en el 2000, la dolarización ha sido un factor de la estabilidad económica del Ecuador. “La devaluación de la moneda se proscribió, la inflación se redujo a un dígito y hoy es negativa”.

Explicaron que el Banco Central tiene como esencial obligación preservar la estabilidad macroeconómica del país, por lo que debe cuidar y fortalecer la dolarización. Pero además es custodio de dineros del sistema financiero privado y público, del Biess. También recibe los depósitos de todo el sector público: Tesoro Nacional, GAD, IESS, empresas públicas y resto de entidades públicas. “Dada su particular naturaleza, jamás el Banco Central puede asimilarse en su quehacer, a las actividades de multiplicación del crédito”, que le corresponden al banco comercial, comentaron.

Para cumplir con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, el Banco Central del Ecuador debe mantener de manera inequívoca la autonomía técnica. “En esa perspectiva, no debe existir posibilidad alguna para conceder créditos al Estado u otros mecanismos que fomenten la inestabilidad fiscal y debiliten la solidez del sistema financiero”, dijeron. (I)