El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, anunció el envío por tercera vez de la Ley de Defensa de la Dolarización para este miércoles 24 de marzo. Sin embargo, cálculos políticos, falta de respaldo al Gobierno e incertidumbre sobre las elecciones, reducen las posibilidades de aprobación de esta.
De acuerdo con el ministro Pozo, la posibilidad de que no se la apruebe pone en riesgo un financiamiento de $ 4.000 millones tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de otros multilaterales. Esto porque la ley es parte de los compromisos que el Gobierno adoptó con el FMI dentro del Acuerdo de Financiamiento.
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Según el convenio, el FMI debía desembolsar unos $ 1.500 millones este año. Además, según Pozo, también se dejarían de recibir otros dineros atados al acuerdo que vienen de los otros multilaterales como el BID, Banco Mundial y CAF.
El proyecto de ley ha tenido que sortear una serie de obstáculos para ser tratado en la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó dos veces la iniciativa. En primera instancia por problemas de forma en la numeración del articulado y después por problemas de constitucionalidad. Este último punto es polémico, pues no está claro si el CAL tiene tal facultad de hacer esas observaciones.
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Apenas se la envíe, el CAL deberá conocerla y enviarla a una comisión. Sin embargo, no se sabe aún si existen los votos suficientes en lo interno del grupo para darle trámite. Incluso en estos días, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), había indicado que si no se han corregido los temas constitucionales, se podría dar un nuevo rechazo.
Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), la ley “en este momento tiene nulas oportunidades de ser aprobada”.
En este sentido, dijo que el próximo gobierno deberá negociar el acuerdo con el FMI. Sin embargo, para el analista, la aprobación de la ley en el próximo gobierno también resultaría compleja, y dependería de quién gane en la segunda vuelta.
Si el candidato Guillermo Lasso (CREO-PSC) ganara, sería más fácil pues se conoce que no tiene en sus planes tomar las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE); sin embargo, si el triunfo fuera de Andrés Arauz (UNES), el BCE sería una suerte de arca abierta, por lo que no tendría ningún interés en aprobarla.
El ministro Pozo dijo que se decidió enviar el documento, pese al riesgo que existe de que no sea aprobada, porque es una responsabilidad con el país. Aseguró que se han hecho varios cambios en el tema de la nominación y forma de remoción de nominados de los directorios de Junta y BCE. También se ha cambiado el nombre de esos directorios.
Sin embargo, se mantiene el espíritu de independencia del BCE, la publicación por transparencia de los cuatro sistemas del BCE, entre otros.
Pero si luego de esto “no es aprobada, el país sabrá quiénes fueron los que estuvieron en contra de una ley”, explicó.
Existe un escenario adicional. En el caso de que la ley llegara al pleno, luego de ser aprobada en la comisión respectiva, podría ser negada, en cuyo caso se debería esperar un año para retomarla.
De acuerdo con el ministro, incluso si se llegara a aprobar la ley, el desembolso de los $ 450 millones correspondiente a abril por parte del FMI no estaría garantizado, pues dependiendo de quién gane, podría buscarse renegociar el acuerdo o, de plano, se lo rechazaría, por lo que el FMI no estaría dispuesto a seguir desembolsando sin conocer con certeza qué pasará con el acuerdo.
En todo caso, al momento, el Gobierno ya trabaja en varias opciones para compensar el financiamiento que no llegaría. Entre ellas, se cuentan líneas de crédito con bancos, ventas petroleras y no se descarta el financiamiento con China.
Para Carrera, es incorrecto pensar que de no cumplirse el acuerdo, los otros multilaterales dejarán de entregar recursos, pues muchos de ellos están atados a proyectos. Indicó que para este año estaban previstos unos $ 5.000 millones de todos los multilaterales.
Explicó que el actual Gobierno se verá afectado con la falta de recursos y la opción que tendrá será generar atrasos en sus pagos. Carrera está seguro de que las condiciones políticas son muy complicadas. “Este rato el Gobierno está a la deriva, la Asamblea está de salida, están pensando en las elecciones del 11 de abril, el Gobierno está en desbandada”. Lo que le queda es esperar y acumular atrasos, dijo. (I)