Autonomía del BCE, ley anticorrupción y reforma tributaria a mediano plazo son parte de compromisos con el FMI

Ayer el país estaba pendiente del desembolso de $ 2.000 millones que debía llegar desde el FMI como parte del acuerdo financiero del Ecuador con ese multilateral; así como de conocer las condiciones o compromisos que hace el Gobierno para poder recibir la totalidad de los recursos ($ 6.500 millones en 27 meses).

De acuerdo con el Ministerio de Economía de Finanzas, el próximo domingo se liberarán los documentos relacionados con el acuerdo, entre ellos la carta de intención y el staff report (reporte del equipo técnico del FMI) sobre la situación del país.

Sin embargo, en la comunicación emitida el miércoles por parte del FMI ya se vislumbran algunas de las tareas que deberá cumplir el país. Entre ellas, la aprobación de la ley anticorrupción antes de fin de año, una reforma tributaria a mediano plazo y la reforma necesaria para conseguir la autonomía del Banco Central del Ecuador.

En su mensaje, Kristalina Georgieva, directora gerenta del FMI, indicó: “Se necesitará la implementación oportuna de las reformas previstas para promover la autonomía del Banco Central y fortalecer su marco institucional de manera más amplia para respaldar el compromiso con el régimen de dolarización”. Las autoridades están comprometidas a seguir monitoreando la evolución del riesgo crediticio y a supervisar de cerca a las instituciones financieras en el periodo posterior a la pandemia. Estos esfuerzos requerirían una fuerte coordinación entre los órganos de supervisión, que se facilitaría mediante el establecimiento de un Comité de Coordinación Financiera.

También reveló que para el FMI la transparencia fiscal y el fomento de la gobernanza son pilares claves del programa de reformas de las autoridades. Estos incluyen la adopción de prácticas sólidas de gestión de la caja fiscal, la mejora de la transparencia en la contratación pública y la promoción de la transparencia de la deuda. Además, el cumplimiento de la ley, “mediante la adopción trascendental de una legislación anticorrupción antes de fin de año”.

Sobre este tema, en la Comisión de Justicia se encuentran al momento varios proyectos, cuya temática es el combate contra la corrupción. Uno de ellos, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, presentada por el presidente Lenín Moreno en marzo pasado. Adicionalmente, ya está para segundo debate la Ley de Extinción de Dominio. que según el asambleísta de CREO Patricio Donoso bien podría asimilarse como una ley anticorrupción, pues busca perseguir el delito del enriquecimiento ilícito por la vía del bien mal habido. Es una manera de seguir la ruta del dinero y castigar a los corruptos, comentó.

Entre tanto, para la representante del FMI, la sostenibilidad fiscal estaría respaldada por una combinación de una reforma tributaria progresiva a mediano plazo y medidas de gasto que apuntan a alinear a Ecuador con sus pares regionales. Destacó que la implementación en curso del Coplafip hará cumplir con la entrega oportuna y precisa de datos fiscales por parte de entidades del sector público no financiero, y mejorará el seguimiento y la gestión de las finanzas públicas. También habló de generar una estrategia del manejo de la deuda, de las obligaciones de corto plazo, para mejorar la estructura de vencimiento y costo de los pagos de amortización en 2022.

Ayer por la tarde no se confirmaba la llegada del primer desembolso de $ 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), producto del acuerdo aprobado el miércoles pasado por el Directorio Ejecutivo del multilateral, pero el Gobierno se adelantó haciendo una transferencia de $ 286,2 millones de los salarios en el sector público. Mientras en la ejecución de la proforma presupuestaria hasta el 30 de septiembre se había cancelado $ 5.981,2 millones, la cifra subió este 2 de octubre a $ 6.287,5 millones.

De acuerdo con Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, y miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno, este movimiento evita las especulaciones de que el Gobierno pudiera estar utilizando deuda para pagar el gasto corriente, que está prohibido por ley.

En todo caso ayer había incertidumbre y malestar en ciertos sectores por la falta de pago. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), emitió un comunicado a sus afiliados indicando que no iban a poder cumplir con el pago puntual de sus pensiones.

Informamos que debido al incumplimiento del Ministerio de Finanzas de la transferencia de los recursos económicos necesarios no hemos pedido cancelar las pensiones correspondientes a septiembre. Este 2 de octubre se mantendrá una reunión con la cartera de Finanzas, a fin de tratar el cumplimiento de las obligaciones y pagos pendientes, indicaron.