El sector productivo empresarial a través de Felipe Ribadeneira emitió una alerta sobre el contenido del proyecto urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que este 24 de noviembre entra a segundo y definitivo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
A este sector productivo, explicó el dirigente gremial, le preocupa que el informe de segundo debate no recoja el trabajo que realizó la mesa técnica que integró la Comisión de Desarrollo Económico con representantes del Gobierno, sector empresarial, academia, legisladores y ciudadanía.
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Fue un trabajo de cuatro días seguidos y la comisión lo omitió en el informe tras una comunicación del ministro de Finanzas, Simón Cueva, en el cual mencionó que todo lo que discutió la comisión técnica le costaba al país en reducción de la recaudación en $ 250 millones, por lo tanto, se debe negar. Quien hizo la propuesta para no recoger lo desarrollado en la comisión fue el legislador oficialista Francisco Jiménez, y todo ese trabajo se fue al traste y eso es lamentable, afirmó el dirigente.
Ribadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, insistió en el planteamiento de este sector de un pacto fiscal en el sentido de que incrementar impuestos en estos momentos no es una medida adecuada; sin embargo, como se está tratando la Ley se tiene que apuntar a un equilibrio entre el sostenimiento de las finanzas públicas y la reactivación productiva.
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El planteamiento del Comité Empresarial es que en el tema de contribuciones temporales se establezca una nota de crédito redimible a unos cinco años para que de alguna manera el Estado tenga el tiempo suficiente para solucionar los problemas bajo parámetros de corresponsabilidad a fin de que los recursos recaudados no vayan a saco roto, sino a un compromiso de devolución. Esta nota de crédito evitará un ataque fuerte a las empresas y atentar contra su permanencia en el mercado, pues las empresas quiebran por falta de liquidez.
Lamentó que la política haya anulado el trabajo que desarrolló una comisión técnica en temas como el IVA, ICE e inclusive en poner exenciones en el impuesto patrimonial a favor de las personas de la tercera edad, es decir, personas que dejaron de tener una actividad económica.
En la mesa se planteó también sobre el porcentaje de los gastos deducibles, que prácticamente con esta reforma tributaria se los elimina ya que actualmente están ubicados en $ 14.700, aseguró Ribadeneira, pues no es correcto lo que se dice que ese deducible se sube de $ 5.000 a $ 10.000, ya que lo que se hace es perjudicar aún más, porque ahora se tiene que llegar primero a los $ 10.000 de gastos deducibles para poder tener el crédito tributario. Esta eliminación lo que hará es contribuir a la informalidad.
La Asamblea Nacional está convocada para este miércoles 24 de noviembre, a las 11:40, para conocer y tramitar el informe de segundo debate del proyecto urgente remitido por el Ejecutivo, que establece nuevas contribuciones especiales para quienes ganen mensualmente más de $ 2.500 y quienes tengan un patrimonio superior a $ 1 millón, que es el 2,5 % de los contribuyentes.
Gobierno busca los 70 votos para aprobar el proyecto urgente de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal
Sin embargo, Nathalie Arias (CREO) dejó abierta la posibilidad de que se incremente “un poco más” la base de la contribución de las personas, pero dijo que quienes ganen menos de $ 2.500 mensuales no deben preocuparse en el país sobre una afectación del impuesto a la renta. Indicó que este proyecto no afectará la seguridad jurídica, sino que la impulsará para atraer las inversiones.
El proyecto de Ley se centra en cuatro ejes: una contribución especial única sobre grandes patrimonios y ciertas sociedades para impulsar la economía nacional tras la pandemia de COVID-19; la reestructuración de determinados impuestos, para mejoramiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas; un régimen temporal aplicable a activos en el exterior no declarados, mecanismo de transacción y alternativos de solución de disputas en materia tributaria; y, la necesidad de reformas en varios cuerpos legales.
Los bloques legislativos intensifican las reuniones para definir una posición frente a la propuesta del Ejecutivo. Según lo planificado, este 24 de noviembre se abrirá un extenso debate y la votación se programaría para el viernes 26 de noviembre, un día antes de que venza el plazo para aprobar el proyecto e inclusive se habla de que si no existen los 70 votos, el Gobierno tratará de sumarlos hasta el día sábado, de lo contrario la propuesta inicial entrará en vigencia por el ministerio de la ley. (I)