La secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), Maryleana Méndez, comenta la importancia de dar certeza jurídica a los inversionistas y operadores de telecomunicaciones, así como la tendencia de los países de la región a la hora de negociar una renovación o nuevo espectro. Esto, en medio de la situación que vive Ecuador, en la cual el Gobierno decidió suspender negociaciones, lo que llevaría a que el nuevo gobierno que triunfe tras el proceso electoral retome el proceso, con las demoras correspondientes.

¿Cómo ven desde la Asiet el proceso que ahora vive Ecuador en el tema de telecomunicaciones, con una suspensión de negociaciones y con el anuncio de que Arcotel podría ampliar el plazo de los contratos?

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Este tema es sumamente relevante y nos preocupa desde la perspectiva de la seguridad jurídica para la inversión de los operadores. Ecuador es uno de los muchos países que en este momento han estado, están o pronto estarán en los procesos de renovación de espectro radioeléctrico. Uno de los temas claves es la seguridad jurídica que requieren las empresas para seguir invirtiendo en el país. Es relevante que se concrete un contrato vigente y que con eso se concrete la tranquilidad a los operadores.

¿Le parece que haber hecho este pronunciamiento en el sentido de que Arcotel puede ampliar el plazo del contrato vigente genera tranquilidad?

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Es que una cosa, la suspensión de negociación sin la otra (ampliación de plazo) a lo que llevaría es al vencimiento de los contratos. Es que ambos contratos vencen en agosto (Claro) y noviembre (Movistar), y si no hubiera este proceso de extensión lo que sucedería es que caerían en un vacío jurídico. Lo cierto del caso es que lo ideal es un contrato legal renovado.

¿Saben ustedes cuál es el motivo por el cual no culminaron las negociaciones con la actual administración y se decidió suspender?

En realidad los trabajos que hubo llevaron prácticamente a tener un contrato revisado, casi en su totalidad, aunque faltaban algunas cláusulas. Ahora lo que viene es el tema del valor del espectro. Para esto ya se tienen, según entendemos, dos consultorías realizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otra de la CAF. Sobre eso ya hay insumos para continuar en este proceso que se ha venido desarrollando por un largo tiempo. Desconocemos por qué hubo trabas, pero lo que sí tenemos claro es que no es un asunto de iniciar de nuevo, de cero. Ecuador ya hizo anteriormente un trabajo importante en el tema de pago de derechos, se hizo una rebaja de pagos recurrentes y quedaba por negociar los contratos. Es que el enfoque del espectro radioeléctrico ha variado del enfoque recaudatorio a un enfoque de realizar obligaciones del servicio. El espectro es valioso en la medida que se usa para el servicio de los habitantes. Hay que entender que es un recurso que no se almacena y no se puede usar después: se usa o no se usa. En Panamá, para asignaciones de espectro se rebajó el valor en 60 % en relación al último valor que se negoció. Ellos tenían unos valores a los que nadie optó porque eran demasiado altos.

Pero entonces, ¿Ecuador está yendo más hacia el tema recaudatorio, que es contrario a la tendencia del mercado?

Sería lo ideal ir hacia el enfoque no recaudatorio. Sin embargo, por lo que hemos escuchado en entrevistas, la posición de la ministra está más enfocada al tema de un valor cercano al original que se negoció que al de las condiciones actuales. Las condiciones han cambiado, por ejemplo, en los usuarios potenciales, pues ahora ya es un mercado maduro. Hay actores que corren en redes de telecomunicaciones lo que hace que se requiera más inversión para satisfacer las necesidades de usuarios. El ingreso por usuario que había en 2008 es menor. El ingreso por usuario ha bajado en todos los países del mundo.

Coméntenos, usted que está en Costa Rica, ¿cómo se está llevando el proceso de negociación de espectro en su país?

Es importante señalar que lo que está sucediendo en Costa Rica es la asignación de nuevo espectro. Se hace a través de concurso público, ya tenemos el borrador, que está siendo consultado, y se conoce que va a haber un precio base para la puja en la subasta y se puja por obligaciones de hacer y no por valor. La puja es para ver qué empresa va a llevar a más distritos la infraestructura. Otro caso interesante es Brasil, que tiene una cláusula de renovación automática, a menos de que haya habido una falta grave. Lo interesante es que así sea renovación de espectro o mayor espectro, la medida que se toma es si se le entrega al usuario un mejor servicio o no.

En caso de que no se cierren los contratos en este Gobierno, ¿ustedes consideran que en un nuevo Gobierno será más complejo, como empezar de cero?

Sería más complejo, pues vendrían autoridades nuevas que tienen que retomar lo que se ha hecho y tomaría mucho más tiempo. En todo caso, lo importante es que los insumos ya están y el Ecuador dentro de su ley debe justificar apropiadamente sus acciones.

¿Considera que de no llegar a un acuerdo con el nuevo Gobierno las empresas podrían optar por denunciar falta de seguridad jurídica ante tribunales internacionales?

Eso es un asunto propio de cada operador. Aquí se debe evitar al máximo la judicialización de los procesos, para eso está el regulador que es el ministerio. Lo mejor es una conversación informada considerando las mejores prácticas internacionales y a partir de ello resolver. (I)