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Una resolución de Arcotel pone en pausa por 120 días negociaciones con Claro y Movistar cuando están por vencer los contratos

Para Alberto Acosta Burneo, el servicio no se va a detener, pero es una irresponsabilidad del Gobierno no terminar las negociaciones.

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Una resolución de la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel), que suspende por 120 días las mesas de negociación que se estaban llevando adelante entre el Gobierno y las telefónicas para la renovación de contratos con Movistar y Claro, levanta las alarmas tanto en el gremio de las empresas de telecomunicaciones, analistas, así como en los usuarios. Esto, porque está en duda lo que podría suceder si para agosto -cuando termina el contrato con Claro- y para noviembre -cuando vence con Movistar- no se ha llegado a una decisión definitiva.

Alberto Acosta, editor de Análisis Semanal, explicó que de acuerdo con los contratos no existe posibilidad de que se apague el swich y se acabe la comunicación o la señal, como se alerta. El servicio continuará, pero sí es necesario que se llegue a un acuerdo entre las empresas y el Gobierno. En este sentido, le parece una irresponsabilidad del Gobierno de declararse de brazos caídos y no terminar las negociaciones que ya se venían realizando por al menos dos años, pues los plazos se cumplen en esta misma administración.

Acosta asegura que si bien no se apagará el swich de las telecomunicaciones, una demora como esta “apaga el swich de las inversiones”. Ninguna empresa va a invertir sin tener una certeza de lo que sucederá con los contratos, explica. Esto además obstaculiza el avance tecnológico y permite la politización del tema. Por ejemplo, dice, el candidato Yaku Pérez ya ha hecho declaraciones en el sentido de con esta renegociación se podría solucionar el tema del déficit. Para Acosta, se trata de una visión equivocada, pues lo importante no es generarle renta al Estado sino que el contrato represente inversión en nueva tecnología y en mayor.

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La discusión debe ser, según Acosta Burneo, cómo acelerar el avance tecnológico, ampliar la penetración, ampliar la concesión del espectro radioeléctrico para así poder tener una mayor velocidad de transmisión de datos. Esto solo se puede hacer si en el contrato se prioriza la inversión antes que la renta para el fisco. Explica que al momento Ecuador está atrasado en tecnología, pues no posee ni siquiera la teconología 5G, cuando en el mundo ya se habla de la 6G.

Al momento no se conoce cuáles son los términos de la negociación que ha sido suspendida, pero asegura que el tema del costo de la concesión es la menos importante de la ecuación. Lo importante es el dinero que se comprometan a poner las empresas en el tema de cobertura.

De acuerdo con Patricia Falconí, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), con la resolución de Arcotel 2023-0097 del 25 de mayo pasado la suspensión se da hasta que se recabe toda la información necesaria, pero no está garantizada la continuidad del servicio. Al momento no hay pronunciamiento claro de la autoridad de Telecomunicaciones que indique, por ejemplo, que a la par de la suspensión también se amplía el tiempo del contrato.

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Falconí hizo votos para que se agiliten los procesos y se retomen las negociaciones en las mesas. Esto dará certeza a los inversores, a los usuarios y al ecosistema, dice. “Es importante que se pueda reanudar los procesos y Arcotel asegure la continuidad del servicio”.

De acuerdo con Falconí, actualmente no existe una visión en la cual se identifique la importancia de las telecomunicaciones, y cada día que pasa sin darle celeridad a esta negociación y por ende sin dar garantía de continuidad del servicio, todos los ecuatorianos perdemos.

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Considera que tras la pandemia, la importancia de la tecnología ha sido evidente, tanto para el teletrabajo, la teleducación, la telemedicina, mantenernos conectados con nuestros seres queridos, la transmisión de información.

Resalta la actividad y los esfuerzos de las empresas móviles que han hecho que este servicio público sea el que más ha avanzado en más de 30 años. Actualmente tiene una penetración del 78 % con servicios 4G, y es el servicio que ha logrado llegar a comunidades rurales con menos de 1.000 habitantes. Hay una gran capilaridad en este servicio, indica.

Para Falconí, la importancia de las empresas celulares no se puede ser vista solo en relación al efecto económico para el Estado sino también en el efecto en cascada que producen a nivel social y productivo. Explica que en estudios del Banco Mundial se indica que con cada 10 % más de penetración de banda ancha, se alcanza 1,38 % de crecimiento del PIB y un aumento de productividad del 2,61 %. Esta última cifra equivale a 67.000 empleos directos

Explica que las empresas telefónicas han generado inversión extranjera constante y han permitido que haya una evolución tecnológica en pocos años del 2G al 3G y al 4G. También asegura que las tarifas para el consumidor se han reducido y son de las más bajas de la región. (I)

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