Tarifa social móvil y de internet con énfasis en el sector rural fue parte de la mesa de control de precios que quedó en suspenso

Una tarifa social más amplia y con enfoque al sector rural para los servicios de telefonía móvil e internet fijo, que beneficie a la población vulnerable, es uno de los acuerdos a los que se llegó el martes pasado en la mesa de control de precios.

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La propuesta indica que se actualizará la resolución de la tarifa social ya vigente “para ampliar este beneficio principalmente a la población vulnerable del área rural”.

La propuesta que ya es parte de los acuerdos indica que en 90 días el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), movimientos y organizaciones sociales definirán el mecanismo para seleccionar los beneficiarios de las tarifas sociales de telefonía móvil e internet fijo.

También se indica que Arcotel asegurará que los productos generados bajo esta modalidad garanticen su calidad de acuerdo con las normas vigentes. Según lo discutido, la tarifa normal, es decir la que no es social, de telefonía móvil (voz) para cualquier modalidad, se mantiene fija en 22 centavos de dólar por minuto a nivel nacional.

La tarifa social para estos servicios ya se instauró en el gobierno de Lenín Moreno para los beneficiarios del bono de desarrollo humano (BDH), aunque no existe mayor información de cómo ha estado funcionando. El plan cuesta $ 4,50 más IVA y tiene un valor de $ 0,0139 por minuto, mientras que el consumo de datos es de $ 0,001591 por MB.

Este tema de la tarifa, así como la creación de una canasta básica en el área rural, la difusión de la tarifa de la dignidad en el consumo de energía eléctrica y la reforma del Acuerdo Ministerial 69 (sobre la fijación de precios) fueron los temas de acuerdo en la mesa, que sin embargo se suspendió y en la cual no hubo un acta oficial.

Al final de la extensa jornada, representantes del sector indígena hablaron de que no existía voluntad política por parte del Gobierno para llevar adelante sus pedidos, centrados especialmente en la fijación y control de precios de 44 productos.

Frente a esta situación, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) anunció que “la mesa se reabrirá cuando haya nuevos elementos a ser considerados”. A la vez agradeció el compromiso de las partes por llegar a acuerdos que respondan a las urgencias del momento presente.

La CEE también indicó a ambas partes que a más del intercambio de posturas es necesario llegar a compromisos concretos asumiendo su responsabilidad histórica frente al país.

En todo caso, aunque no hubo firma, estos cuatro puntos serán cumplidos por el Gobierno ha dicho Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad del Ecuador. El funcionario explicó que el último martes se trabajó en una extensa jornada durante ocho horas tocando el tema de control de precios y la especulación. Explicó que hay temas que son difíciles para llegar a acuerdos. En todo caso, dijo que más allá de si se llega a acuerdos o no, el Gobierno buscará cumplir estos consensos porque son en pos del bienestar de la población.

El tema causa dudas al sector de las telefónicas. Según una fuente oficial de una de las operadoras, actualmente los planes existentes son muy accesibles, pues se puede pagar entre $ 5 y $ 7 para tener acceso a llamadas y datos. Adicionalmente, la estructura de precios en Ecuador resulta mucho más económica hoy que hace varios años, por lo cual es evidente que el servicio no se ha encarecido sino más bien abaratado en el tiempo. Además, indicó que los precios en el Ecuador a nivel de la región están un poco más bajos que el promedio.

Entre tanto, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, ha indicado que es posible disminuir precios de productos, bajando los costos de producción, y se pueden mejorar los precios a los productores, luchando contra el contrabando. Sin embargo, dijo que no es viable la fijación a 44 productos como lo han pedido los sectores sociales. El ministro explicó que la propuesta no es viable, sobre todo para el sector industrial. Prado ratificó un razonamiento sencillo que tiene que ver con el comportamiento del mercado. Dijo que si se fija un precio por debajo del mercado, las industrias no van a producir y no habrá suficiente oferta. Al no haber suficiente oferta, crece la demanda y los precios también suben. Eso es justo lo que se quiere evitar.

El ministro dijo además que entre las opciones para controlar los precios se ha hablado de la creación de un observatorio para el sector agrícola, pero no para el industrial.

Entre tanto, sobre la fijación de precios la Cámara de Comercio de Guayaquil ha mostrado su inconformidad, pues considera que esta medida de fijación de precios en lugar de solucionar, agrava los problemas. Entre ellos, escasez del producto y, por otro lado, todo un aparataje burocrático y costoso, además de las multas que desincentivan al productor. La Cámara asegura que, por ejemplo, en el sector lácteo el precio de la leche está controlado desde el 2013, llevando a que el precio mínimo en Ecuador sea de 42 centavos por litro, mientras que en Colombia y México, donde el precio es libre, cuesta 31 centavos. Situación similar ocurre con la producción del mercado del banano, arroz y el maíz. La consecuencia de este tipo de medidas es que Ecuador se vuelve un país poco competitivo.

Entre tanto, la Conferencia Episcopal dijo que en los próximos días “establecerán el cronograma de trabajo de las mesas restantes” y ratificó su convencimiento de que “el diálogo es el camino para encontrarnos como hijos de esta hermosa tierra, que es el Ecuador”. “Creemos en el diálogo como expresión del compromiso del Gobierno nacional y de las organizaciones indígenas por la paz, la justicia y la solidaridad de todos los ecuatorianos”. (I)