Apenas 72 horas después de que un juez de Yaguachi, Jhon Erik Rodríguez Mindiola, ordenara a la Asamblea, a través de una medida de protección con medida cautelar, posesionar “de manera inmediata” a Raúl González Carrión como nuevo superintendente de Bancos, él mismo se arrepintió de su escrito y pidió la revocatoria de las medidas.

Así, de momento, el concurso para nombrar al nuevo superintendente de Bancos continúa en el limbo y se enreda cada vez más tras pronunciamientos contrapuestos de los jueces multicompetentes de Samborondón y de San Jacinto de Yaguachi, y tras la revisión de ese último pronunciamiento por parte del propio juez de Yaguachi, que revocó sus propias medidas cautelares.

Este vital nombramiento de la principal autoridad —que debe controlar al sistema financiero del país— vivió varios tropiezos y se vio atravesado primero por un pronunciamiento de la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, que anuló el proceso que se había seguido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para elegir al superintendente de Bancos y que terminó declarando como ganador a Raúl González Carrión.

La decisión de la jueza establecía que el proceso regresaba a cero, por lo que ordenaba al Consejo pedir al Gobierno una nueva terna. La terna ya fue entregada el domingo pasado al Consejo. Pero ese mismo día, otra decisión judicial, esta vez emitida desde la Unidad Multicompetente de San Jacinto de Yahuachi por el juez Jhon Erik Rodríguez Mindiola, le ordenaba a la Asamblea posesionar de manera inmediata a González y al CPCCS que se abstenga de tratar la nueva terna enviada.

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Sin embargo, este lunes el juez Rodríguez Mindiola parece haberse dado cuenta de su error y emitió una revocatoria de las medidas cautelares. En el texto judicial se lee: “Revoca las medidas cautelares constitucionales otorgadas a Diego Trujillo Llumiquinga con efecto inmediato, respecto del auto emitido el 6 de agosto del 2022″. Dice el juez que ya existía una medida de protección anterior (la de la jueza Ibarra) y asegura que, por ello, “ya no se desprende que existe una vulneración de derechos constitucionales”. Inadmite el pedido de medidas que había presentado el ciudadano Trujillo: “Ya que son hechos resueltos en la sentencia de la jueza del cantón Samborondón”.

Previamente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, había anunciado en una entrevista de Teleamazonas que la segunda medida cautelar del juez de Yaguachi era inejecutable, justamente porque ya existía la primera. Además se pronunció en el sentido de que el CPCCS continuará con el análisis de la nueva terna para superintendente.

Esta terna tiene como candidatos a Roberto Romero van Buchwald, Rosa María Herrera y Felipe Andrés Cabezas-Klaere.

En medio de estos contradictorios pronunciamientos judiciales se registra una inclinación de la mayoría de los miembros del Consejo de Participación en favor de González. Esta postura se pudo verificar la noche del domingo 7 de agosto, cuando Ulloa convocó a una sesión extraordinaria cuyo objetivo era nombrar a una persona faltante para el equipo técnico para el proceso de designación del superintendente: los miembros del Consejo no dieron quorum.

El consejero David Rosero también dijo a Teleamazonas que Ulloa se ha quedado solo. Recordó que Ulloa fue el único voto en contra del candidato a superintendente González. Además aseguró que el actual presidente Ulloa no está representando las decisiones de mayoría y, por ello, no consigue el quorum reglamentario. Las declaraciones las hizo Rosero antes de conocerse el nuevo fallo del propio juez de Yaguachi. En ese momento dijo que el pronunciamiento mayoritario del Consejo era que la designación ya estaba hecha y que la Asamblea debía posesionarlo. (I)