Como un hito histórico para el país fue anunciada la finalización del proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto minero de oro Loma Larga, ubicado en Azuay, en cumplimiento de una sentencia de la Corte de Justicia de Azuay del 2023.
La Cámara de Minería del Ecuador (CME), en rueda de prensa realizada este lunes 19 de mayo, informó que la consulta previa se ejecutó en la comunidad de San Pedro de Escaleras. El proceso estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), con asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la reportería de la Defensoría del Pueblo.
La consulta obtuvo una amplia aceptación de la población y el 8 de mayo fue notificada por el ministerio a la Corte, con el fin de que el juez competente revise el cumplimiento de la sentencia.
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María Eulalia Silva, presidenta de la ejecutiva de la Cámara de Minería, destacó que “por primera vez en el país se ha llevado a cabo una consulta previa libre e informada”.
Indicó que si bien la comunidad de Escaleras no estaba en el área de influencia directa del proyecto minero, una sentencia constitucional ordenó realizar la consulta.
“El 100 % de los sujetos consultados se mostró a favor del cambio de fase del proyecto Loma Larga a la fase de construcción”, remarcó la dirigente.
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Mencionó que lo que sigue ahora es esperar que en los próximos meses el Ministerio del Ambiente emita la licencia ambiental para dar paso a la construcción de la mina subterránea.
Silva estima que los trabajos para el desarrollo de la mina podrían empezar a finales de este año.
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“Más allá de haber cumplido con una deuda histórica, con un derecho, creo que esta es una forma de parar el azote de la minería ilegal”, enfatizó la presidenta de la Cámara.
El abogado constitucionalista Emilio Suárez explicó que el proceso se dio tras una acción de protección presentada en el año 2022, en Cuenca, por parte de grupos opuestos a la minería que pedían dejar sin efecto las concesiones.
La Corte Provincial aceptó parcialmente la acción de protección y ordenó cuatro medidas de reparación: que se realicen un biótico, un informe hídrico, una consulta ambiental (los tres a cargo del Ministerio del Ambiente) y que el Ministerio de Energía y Minas efectúe la consulta previa.
Suárez indicó que aparte de la consulta previa las otras tres medidas “se han cumplido satisfactoriamente conforme a lo ordenado por la sentencia”.
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Según el abogado, el dictamen de la Corte ha sido acatado en su totalidad, por lo que en los siguientes días se espera que los ministerios del Ambiente y de Energía soliciten al juez de la causa archivar el proceso.
La concesión del proyecto está en manos de la empresa canadiense Dundee Precious Metals a partir del 2021, cuando lo compró a la compañía INV Metals.
Entre 2023 y 2024 Dundee ha hecho inversiones por $ 1,4 millones. Para la construcción de la mina se prevé una inversión aproximada de $ 419 millones.
En esa etapa se generarán alrededor de 1.500 plazas de empleo y en la fase de operación serán 500.
Durante la construcción se estima que habrá un impacto del 0,1 % en el caudal del río Tarqui, no habrá impacto en otros ríos, dijo el abogado Suárez, citando el informe hídrico del Ministerio del Ambiente.
“El proyecto está diseñado de tal manera que va a captar el agua y luego esa agua es recirculada en el propio proyecto, así que ya no demandaría mayor caudal de agua posteriormente”, señaló Suárez, desmintiendo afirmaciones de grupos opositores, así como de un informe de la empresa municipal Etapa, respecto de que el proyecto minero causaría un serio daño a los ríos de Cuenca.
De acuerdo con datos de la Cámara de Minería, durante el pico de producción de Loma Larga se trabajaría con 3.400 toneladas de materiales por día.
Las reservas de minerales se estiman en 926.000 onzas, que incluyen oro, plata y cobre.
La industria minera en Ecuador, con solo dos proyectos a gran escala en operación, actualmente representa el 2 % del producto interno bruto (PIB). Los minerales se ubican como el cuarto producto de exportación, según la Cámara. (I)