La empresa OCP ha registrado varios conflictos con el Estado y con sus trabajadores durante los 18 años que ha estado presente en el país. Una disputa judicial por el pago de tributos y utilidades ha pasado por juzgados y hasta cortes arbitrales. Ahora, el cobro de la tarifa a Petroecuador también es un tema que se está negociando. Todo ello dentro del periodo de concesión del ducto, cuyas operaciones empezaron en noviembre del 2003 y terminarán en 2023.

Un largo problema judicial se generó entre la empresa petrolera privada y el Servicio de Rentas Internas (SRI). El entonces director del SRI, Carlos Marx Carrasco, realizó observaciones sobre el pago del impuesto a la renta entre el 2003 y el 2006, considerando que hubo una subcapitalización y una contratación de créditos a su casa matriz, que debían considerarse capital de trabajo y no gastos.

Así lo recuerda Napoleón Santamaría, experto tributario, quien recordó que la subcapitalización ha sido una mala práctica extendida entre varias empresas y que fue imputada a muchas grandes corporaciones en el país

Sin embargo, en el avance del caso, en julio del 2013 la Corte Nacional dio una sentencia a favor de OCP, que había impugnado las determinaciones y glosas del SRI. OCP Ecuador S. A. argumentó que ha cumplido con los requisitos legales aplicables y que tenía la seguridad de que las glosas determinadas por el SRI a una de las dos deudas adquiridas por la empresa carecían de fundamento legal. El préstamo de su accionista fue registrado en el Banco Central y OCP Ecuador S. A. ha realizado la retención en la fuente y el correspondiente pago. En ese momento el SRI denunció que el pronunciamiento de la Corte Nacional representaría para el fisco una pérdida de $ 252 millones. El Gobierno llevó el tema hasta la Corte Constitucional.

Para marzo de 2018, reportes internacionales informaron de una demanda arbitral presentada por OCP contra el Ecuador, ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por unos $ 250 millones.

En medio de estos conflictos, el Gobierno actual promovió una nueva remisión tributaria (pago de capital de deudas tributarias, sin intereses ni multas), que fue acogida, entre cientos de empresas, por al menos diez petroleras, entre ellas OCP. Tras la remisión, acordada en diciembre de 2018, OCP retiró la demanda arbitral. Entre tanto, la Procuraduría anunciaba, entre sus logros del 2019, la extinción del conflicto. “En el caso Oleoductos de Crudos Pesados (OCP), las partes alcanzaron un acuerdo que puso fin a la disputa que los involucraba”.

Otro frente que se abrió, a partir de las determinaciones, fue el reclamo de los trabajadores de OCP por sus utilidades. Gorette Carrera, extrabajadora de Repsol, que conoció el caso de cerca, recordó que tras conocerse las determinaciones hubo todo un movimiento de los extrabajadores para cobrar utilidades que no habrían sido declaradas. Sin embargo, dentro de la remisión del 2018, existía una transitoria que establecía que las empresas que se acogieran al proceso no tendrían consecuencias laborales. “Los trabajadores de OCP han tenido respuestas contrarias a sus demandas. Se ha presentado una acción de protección ante la Corte Constitucional”, dice.

Sobre el tema de la tarifa que Petroecuador debe pagar a OCP, las empresas están en negociaciones. El conflicto se dio por el desacuerdo entre Petroecuador y OCP sobre el valor de la tarifa. La empresa estatal sostenía que debía ser de $ 1,40 por barril, mientas OCP decía que lo legal eran $ 2. De esta manera, la deuda de Petroecuador no está totalmente definida, pero se ha hablado de $ 41 millones.

Ahora, Petroecuador está afinando una vía de pago “en especie” o con petróleo. Expertos han comentado que sería preferible para el país vender el crudo y pagarle a OCP, antes que hacer una venta en crudo. Sobre este tema, OCP ha indicado que en las próximas horas dará una versión sobre los términos en los que se está realizando la negociación. (I)