El plan que el Gobierno lleva adelante para comprar arroz en cáscara, en busca de estabilizar los precios de la gramínea, sumó un segundo proceso que se integró al primero, de gestión delegada, que se implementa para la compra de 24.000 toneladas.
A través de este segundo proceso, mediante la figura de contratación pública, ya se adjudicaron contratos para 54.059 quintales de arroz pilado (5.405 toneladas) de productores de Guayas y Los Ríos. Para esta compra, el monto invertido es de $ 1′729.888.
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Así lo informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) mediante un comunicado de prensa. La cartera de Estado explicó que el Gobierno nacional implementó estos mecanismos para la adquisición de arroz cáscara, con el objetivo de respaldar a los pequeños y medianos productores de arroz de las provincias de Guayas y Los Ríos, provincias donde se concentra más del 90 % de la producción nacional de arroz.
Respecto a la modalidad de gestión delegada, el MAGP especificó que se trata de un proceso de compra, almacenamiento y venta de arroz en el que participan piladoras privadas. A través de la figura de gestión delegada, sustentada en el Decreto Ejecutivo 596, la adquisición de hasta 24.000 toneladas de arroz cáscara se hará al precio mínimo de sustentación: $ 34 el arroz cáscara grano corto y $ 36 el arroz cáscara grano largo.
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“La compra de 24.000 toneladas de arroz cáscara constituye una medida estratégica de alto impacto para el fortalecimiento del sector arrocero nacional, con lo cual se contribuye a frenar la especulación y a reducir el poder de los intermediarios que, en condiciones de sobreoferta o precios bajos, tienden a apropiarse de una parte significativa del valor generado por los productores”, señaló el ministerio.
Mientras, en lo referente a proceso de compra bajo contratación pública el Ministerio explicó que está enfocada en garantizar el pago del precio mínimo de sustentación establecido, promoviendo una participación transparente de las agroindustrias, con el fin de fortalecer la cadena productiva, mejorar la equidad en el sector arrocero y fomentar la sostenibilidad en el campo.
La cartera de Estado espera que estas medidas tengan un impacto económico y social, ya que se garantizará el ingreso económico para productores, asegurando una fuente de ingresos estables para pequeños y medianos agricultores. Indicaron que también se le brinda liquidez inmediata al sector rural y se reducen pérdidas por sobreoferta.
Con respecto al impacto social, aseguraron que se da una protección al agricultor vulnerable, porque muchos pequeños productores no tienen acceso a mercados formales o están expuestos a la explotación de intermediarios. (I)