La empresa Trafigura fue señalada a principios de enero por Nilsen Arias, exhombre fuerte del correísmo que colabora con la justicia norteamericana, como parte de las empresas que le pagaron sobornos para conseguir contratos en Petroecuador, y continúa siendo parte del Registro Activo de clientes y proveedores de la empresa estatal. La normativa que determinaba que una compañía envuelta en corrupción debe ser retirada del listado fue cambiada en septiembre del 2023 y establece que debe haber una “sentencia condenatoria ejecutoriada” en contra de una empresa para poder retirarla del listado.

Así, pese a que Arias delató a Trafigura en las cortes de Nueva York, la empresa ha continuado participando y ganando en dos concursos para provisión de nafta ron 95 y diésel prémium a Petroecuador. Según la página de web de la estatal ecuatoriana, el 17 de enero de 2024, Trafigura fue notificada a través de la comunicación por ser la ganadora del concurso de provisión de nafta por 1′770.000 barriles que deben ser entregados en seis cargamentos de 295.000 barriles cada uno. El diferencial con el cual obtuvo el contrato fue de + $ 14,48 por cada barril comprado por Petroecuador.

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Mientras tanto, el 7 de febrero también se alzó con el contrato por 1′400.000 barriles de diésel prémium, con cinco cargamentos de 280.000 barriles cada uno y con un diferencial de + $ 6,68 a ser pagado por Ecuador en cada barril. Ambos concursos estuvieron dirigidos por el actual gerente de Comercio Internacional, Tomás Márquez Saona.

Al momento también la empresa Trader mantiene dos contratos vigentes del gobierno pasado. Estos son:

  • Venta de diésel oil, con seis cargamentos hasta febrero de 2024.
  • Compra de fuel oil, con diez cargamentos y vigencia hasta marzo de 2024.

Esta situación contrasta con lo que ocurrió con Gunvor y Vitol, otras intermediarias que también participaron en la trama de sobornos que se investiga en EE. UU., pero que sí fueron separadas del registro. La diferencia es que en 2020 y 2021 las causales para inhabilitar a una empresa o separarla del registro eran amplias y cubrían varias aristas de la corrupción y ahora, en cambio, se exige que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, para lo cual podrían pasar varios años entre la infracción cometida y la sentencia.

En 2020 y 2021 la normativa dictaba que deberán ser retiradas del registro: las compañías o empresas, sus casas matrices, afiliadas, subsidiarias, incluyendo, sin limitación a cualquier funcionario, representante o agente de cualquier de estas, que se encuentren inmersas en investigaciones abiertas en cualquier jurisdicción extranjera, por aplicación de leyes anticorrupción.

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Esto se extendía a jurisdicciones de cualquier estado extranjero relacionadas a prácticas corruptas, ya sean investigaciones administrativas, judiciales o de cualquier órgano de tal gobierno extranjero, por casos de corrupción que involucren o puedan potencialmente involucrar a funcionarios o exfuncionarios gubernamentales del Estado ecuatoriano y sus empresas o entes estatales o sus contratistas, incluyendo, sin limitación a cualquier funcionario o representante o agente de estas.

Así en su momento, en abril del 2021, una comunicación dirigida a Gunvor por parte del entonces gerente de Comercio Internacional, Pablo Noboa, a la que este Diario tuvo acceso, indicaba de manera tajante que “en conocimiento de que un exrepresentante de la compañía Gunvor se declaró culpable ante una corte de Nueva York de pagar sobornos a funcionarios de Ecuador a cambio de contratos, me permito indicar que a partir de la presente fecha la compañía Gunvor S. A. será excluida del Registro Activo de Clientes/Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional”.

Sin embargo, la reforma introducida en septiembre del 2023 por el entonces gerente de Comercio Internacional, Reinaldo Armijos, cambió las reglas del juego.

Según la reforma estarán impedidas de ser parte del Registro Activo “las compañías o empresas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”. Para que esta condición se cumpla pueden pasar varios años. El cambio según dictaba la resolución pretendía armonizar las disposiciones con leyes superiores.

Justo sobre la situación de Trafigura, Armijos -quien fue gerente general hasta diciembre pasado- aseguró días atrás que de acuerdo con el reglamento cualquier empresa que se encuentre en una investigación y sea juzgada como culpable debería ser retirada del registro. Que hasta el momento en el que estuvo en el cargo no halló causas judiciales en contra de la empresa. Tampoco las encontró sobre los representantes de Trafigura en Ecuador y que actuó basado en el ámbito jurídico, pues no registraba temas de culpabilidad a lo interno del país. También dijo que a lo externo no tuvo el feed back de entidades como Contraloría y Fiscalía que le alerten sobre algún problema. Comentó que en estas circunstancias si se le dejara de lado a la empresa se estaría vulnerando el derecho al debido proceso. Y que a su tiempo sí se dio el trabajo de investigar el cumplimiento de contratos de Trafigura y que esta no registró ninguna novedad, por lo que no había causal para poderla sacar.

Durante la conversación con este Diario, Armijos no mencionó que fuese él quien hizo el cambio de normativa. Luego se lo trató de ubicar para que explicara las razones jurídicas del cambio, pero no fue posible concretar el diálogo.

Entre tanto, Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos y gerente de Green Power, consideró “extraño” que la empresa estatal siga comprando a Trafigura naftas y diésel, aun sabiendo que fue parte de entramados de corrupción. Hidalgo recordó que Javier Blas, columnista de opinión en energía y commodities de Bloomberg en Londres, ha seguido de cerca a los commodity traders y cómo estos han operado bajo la sombra a lo largo de los años. Comentó que su libro The World for Sale ayuda a entender cómo se manejan los negocios de exportación de petróleo e importación de derivados, cuáles son las mayores casas de comercio en el mundo y sobre todo sus prácticas de negocios. “Justamente en este libro sobresalen empresas como Trafigura, Gunvor, Vitol, Glencore, entre otros”, dice. Entre tanto, destacó que Antonio Peré, quien trabajó con Nilsen Arias en la trama de sobornos dijo recientemente en las cortes de EE. UU. que no recuerda una sola transacción en Ecuador que no haya incluido sobornos.

En este sentido, Hidalgo comentó que el país debería abrir los ojos y operar como lo hacen los países que quieren desarrollarse. Para Hidalgo es importante tener una mejor política en el tema de importación de combustibles. Tenemos una exposición de más del 76 % de importación de combustibles de lo que consumimos. El año pasado aumentamos 12 % la importación de barriles equivalentes de petróleo en combustibles (naftas, GLP y diésel), dijo. También criticó que se estén realizando solo ventas spot para la compra de combustibles, pues los precios serían mejores para el Ecuador con contratos a largo plazo.

Considera que el país debería más bien aumentar la capacidad de refinación, y por ejemplo teniendo enviar a maquilar nuestro petróleo a refinerías internacionales, deberíamos tener un nuevo tren de alta conversión en Esmeraldas. Es imperativo que aumentemos producción nacional de gas natural en Campo Amistad, aprovechar el gas de mecheros del Oriente para captar propano y butano (GLP), metano (gas natural) y sobre todo gasolinas naturales (naftas).

Darío Dávalos, también experto en temas energéticos, considera que Petroecuador debería incluir en los concursos de comercio internacional sobre la importación de derivados y la exportación de crudo las buenas prácticas establecidas en la norma internacional ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno, a fin de no deteriorar la imagen y credibilidad de la empresa pública.

Por su parte, el Ministerio de Energía debería también promover las mejores prácticas en esta materia, para prevenir y mitigar los efectos adversos, relacionados con personas jurídicas vinculadas con sobornos, como sucedió en México en el 2021. De ser necesaria, una reforma a la normativa vigente, así como un intercambio de experiencias para acelerar reformas institucionales inmediatas para evitar los riesgos de sobornos en la petrolera ecuatoriana.

Efectivamente en notas de prensa se ve cómo en agosto de 2021 México excluyó a Vitol y Trafigura de negocios con su estatal, por presunta corrupción, por lo menos hasta finales del 2024. Trafigura protestó en ese momento por no encontrar realmente una causal para dicha decisión. (I)