‘Plantados’ causan gran impacto ambiental en Galápagos, afirman organizaciones; industriales aseguran que es ‘mínimo’

A penas 20 minutos después de partir desde Puerto Ayora, Santa Cruz, una pequeña plataforma de color negro que flota a la deriva da la alerta. “¡Plantado!” grita el capitán de la embarcación.

El bote se acerca y se visualiza, a detalle, una red de pesca que envuelve la estructura construida con madera, plástico y boyas.

Además, una larga soga une la plataforma con una cápsula o platillo donde se encuentra el sistema de localización que trabaja con minipaneles solares. Sin embargo, lo más importante es lo que está debajo.

El dispositivo posee una cápsula que protege el sistema GPS.

La red de pesca se extiende al menos diez metros y, amarrado, como especie de ancla, hay un tanque de plástico con decenas de agujeros. Dentro del tanque hay carnada. La idea es que, de a poco, el olor y los líquidos salgan por los orificios para atraer peces.

Estas estructuras se llaman dispositivos agregadores de peces (DAP), más conocidos como plantados, y son lanzados por embarcaciones industriales fuera de la Reserva Marina de Galápagos (RMG), pero que debido a las corrientes oceánicas ingresan a la RMG y salen con los cardúmenes siguiéndolos, dicen activistas.

Los barcos llegan, lanzan las redes de cerco y se llevan la pesca.

Pero los DAP no solo agregan especies comerciales como atún, sino que también “atrapan” tiburones, tortugas, rayas o especímenes “inmaduros” que luego son desechados por la industria, lo que genera gran impacto ambiental a la RMG, dice Eliécer Cruz, coordinador del colectivo Más Galápagos.

Si bien el uso de los plantados no es nuevo, actualmente se ha incrementado la cantidad de DAP dentro de la RMG, asegura Walter Borbor, pescador artesanal del archipiélago.

Afirma que esto ejerce presión a la biomasa de especies y que aporta al riesgo de disminuir la soberanía alimentaria. En 20 años que lleva navegando el mar de las islas, Walter ha encontrado al menos 30 de estos dispositivos.

Además, se ha creado una especie de mercado de reventa, ya que los pescadores artesanales cuando se encuentran con estos dispositivos los sacan del mar y buscan intermediarios que compran la red de pesca y el platillo.

La cápsula que posee el sistema de localización se vende entre los $ 25 y $ 40, dice Borbor. Las boyas y el material de la plataforma se usa para construir gallineros, por ejemplo.

Se amarra un tanque con carnada para atraer a los peces.

Contaminación ambiental

Otro de los problemas es que muchos de los DAP llegan a las costas del archipiélago y los vuelve un peligro para las especies que terminan enredándose en ellos. Además, contribuyen a la contaminación ambiental que ya sufren las islas, alerta Alberto Andrade del Frente Insular.

El activista afirma que las cápsulas con el sistema de GPS antes tenían el nombre de la embarcación a la que pertenecían, pero ahora solo vienen con códigos de letras y números, lo que complica saber si el plantado es de un barco nacional o extranjero.

Añade que este “arte de pesca no está regulado en Ecuador, son artes fantasmas”. Al igual que Cruz, piensa que una ampliación de la RMG alejaría más este tipo de “peligros” para las especies: “Cuando se establecieron las 40 millas en 1998 no había esta tecnología y los barcos enormes que actualmente tenemos”.

El sector pesquero industrial nacional no niega el uso de DAP, sin embargo afirma que el porcentaje de dispositivos que ingresan a la RMG es “mínimo” y no llegaría al 1 % del total utilizado, dice Guillermo Morán, gerente de Tuna Conservation Group (Tunacons).

Añade que no tienen como objetivo o estrategia ubicar plantados para que entren a la RMG. Recalca que si bien en este sistema hay pesca incidental, el porcentaje también es mínimo y que buscan devolver las especies la mar: “No se lanzan plantados para que entren a la RMG”.

El sector industrial le propuso, hace ocho meses, al Parque Nacional Galápagos un acuerdo de cooperación para recoger los “pocos” plantados que ingresan “involuntariamente” a la RMG, pero hasta el momento no han tenido respuesta, afirma Morán: “Trabajamos para eliminar este impacto, que es mínimo”.

También señala que el uso de DAP tiene una regulación estipulada por la Comisión del Atún y que es acogida por la Subsecretaría de Pesca de Ecuador: “El país, desde el año pasado, tiene un plan de gestión de plantados”.

Sin embargo, Cruz y Andrade insisten en una mayor regulación y en la ampliación de la reserva para mitigar los impactos. (I)