En un comunicado enviado a los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), seis de los siete consejeros llaman a la "unidad institucional", pero también exigen al presidente, Christian Cruz que "dé un paso al costado".

"Nos comprometemos a realizar todas las acciones pertinentes para defender el derecho de todas los ecuatorianos a la participación ciudadana. Reconocemos el trabajo y esfuerzo demostrados en este periodo por todos y cada uno de los servidores públicos y trabajadores de la institución, manifestamos que es momento de desarrollar mejor nuestros roles para en unión de acción superar esta adversidad y lograr que la institución salga adelante", señala la carta enviada este lunes.

El documento está suscrito por David Rosero, Javier Dávalos, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida, en la que exigen a Cruz que "en un acto de responsabilidad y sensibilidad con la institución dé un paso al costado y permita un cambio en la conducción institucional que nos facilite unificarnos y defender en mejores condiciones al CPCCS y el derecho a la participación de todos los ecuatorianos que pretende ser vulnerado".

A este respecto, los seis consejeros expresan su preocupación por el debate en la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional de un proyecto de reformas constitucionales, en la que se plantea eliminar al Consejo de la estructura del Estado.

Pero advierten que el mismo se ahonda porque el CPCCS está "debilitado" por los cuestionamientos a Cruz por cómo obtuvo su carné con una determinación de un 81% de discapacidad. "Su autoridad ha sido minada y desprestigiada ante la opinión pública, haciendo caso omiso a la solicitud mayoritaria de los consejeros del CPCCS que pedimos su renuncia inmediata al cargo de presidente", se increpa.

La Fiscalía General abrió una investigación a Cruz por su carné, al igual que la Comisión de Fiscalización del Legislativo inició un proceso de juicio político por el mismo tema.

Los mismos seis vocales pidieron a Cruz que convoque a una sesión extraordinaria el lunes último, pero no se efectuó.

Ahí preveían pedirle que renuncia a la dignidad de presidente, y revisar por qué se incumplió la resolución del 22 de julio en la que ya aprobaron un pedido de renuncia que no fue atendido por Cruz.

En medio de estas discrepancias, el presidente está organizando un evento público, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, para convocar a decenas de excombatientes del conflicto del Cenepa de 1995 para entregarles sus acreditaciones, al ser declarados beneficiarios de la disposición de la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas. (I)