En la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección del COVID-19 que realizó el Municipio de Quito en abril pasado, la Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal, durante las etapas de adjudicación del contrato.
El informe fue remitido a la Fiscalía General para su investigación, tras encontrarse que la Secretaría de Salud del Municipio no presentó un plan de contingencia que permita establecer las características de la necesidad, los objetivos, número de pruebas a aplicar y la capacidad de procesamiento.
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Según se informó, la contratación por $ 3' 774 000 inició el 13 de abril, y en la elaboración del acta de recepción de ofertas e informe de viabilidad, se recomendó la adjudicación a la empresa Salumed S.A., sin que se haya analizado las propuestas económicas, técnicas de otros oferentes. Además, se observó que no había evidencia documental de la entrega de ofertas.
Otras inconsistencias detectadas es que el estudio de mercado no incluyó un análisis técnico de los ítems y precios ofertados a la Secretaría que haya determinado el presupuesto referencial.
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En las especificaciones técnicas, se requirió la adquisición de 200 000 reactivos, pero el presupuesto se habría fijado a partir de la oferta ganadora que cotizó por 100 000 pruebas PCR y equipos de diagnóstico en calidad de comodato.
Alrededor de esta adquisición,la Fiscalía General realizó seis allanamientos a finales de mayo, como parte de una investigación previa por un presunto sobreprecio en la compra de las 100 000 pruebas.
Uno de los inmuebles allanados fue el del exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, quien fue separado del cargo tras las denuncias de actos de corrupción en este caso.
También se recabaron elementos e indicios en el Hospital de Calderón, y viviendas en sectores de la Mañosa, Tumbaco, San Carlos y Chimbacalle. (I)