“Todas” las contrataciones que se hagan en medio del estado de excepción por la emergencia sanitaria por el coronavirus van a ser examinadas por la Contraloría General del Estado.

Son más de 500 entidades del Estado que notificaron al Servicio de Compras Públicas (Sercop) que se acogieron al estado de excepción por esta emergencia para poder comprar y contratar bienes, servicios y consultorías, mediante procedimientos abreviados.

En esa línea, el contralor Pablo Celi requirió a los titulares de los gobiernos locales como alcaldías y prefecturas, y titulares de la Secretaría de Gestión de Riesgos, ministerios de Gobierno, Defensa y Salud, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al ECU911 y otros, la lista de contratos y documentación completa y detallada que respalde la ejecución de dichos procesos.

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Se reportan gobiernos locales, centros de salud, hospitales, dependencias militares, policiales, de criminalística, de bomberos, ministerios, que figuran entre los 527 informes que constan en el portal web del Sercop publicados en la víspera, en los que se declaran en emergencia para poder hacer este tipo de adquisiciones.

El gerente general de la Empresa de los Medios Públicos, Adrián Riofrío, suscribió una resolución en la que se acogen al estado de emergencia que les permitirá realizar contrataciones de obras, bienes, servicios, incluidos los de consultoría.

Lo mismo hizo el Ministerio de Defensa para que los establecimientos de salud de las comandancias del Ejército, Fuerza Aérea y Naval puedan hacer contrataciones. En los mismos términos se declararon el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República.

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En esta última se detalla que la finalidad es que la Secretaría de Comunicación “cuente con los medios necesarios para comunicar la gestión gubernamental y mantener a la ciudadanía informada”, sobre la emergencia sanitaria.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también inició una contratación por $10 017 754 para la compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia, entre ellos batas manga larga, guantes de látex, alcohol antiséptico y otros ítems. Pero generó críticas el pedido de
13190 mascarillas N95 a un costo por unidad de $12.

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La Contraloría solicitó el 27 de marzo del 2020 la información de los contratos que esté haciendo la entidad. Y el IESS suspendió esa compra.

Algunos casos:

  • Un centro hospitalario del Ministerio de Salud del sector Zámbiza en Quito inició la adquisición de 1500 mascarillas N95, 30 000 depresores para la lengua, 60 000 gorros quirúrgicos, 60 000 mascarillas quirúrgicas. No se menciona el presupuesto referencial, pues se divulgó el requerimiento en los pliegos.
  • Otra publicación emergente es la de la Federación Ecuatoriana de Tiro Olímpico, publicada el 7 de febrero del 2020, que busca comprar tres pistolas de uso deportivo y municiones por $36 000. La necesidad es por la preparación de atletas “rumbo a los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020”, que se suspendieron el 24 de marzo por el coronavirus. Se argumenta que como estaban próximos los juegos, el proceso se hizo por el mecanismo de emergencia.
  • La junta parroquial de Cutchil (en la provincia del Azuay) se declaró en emergencia y de esa forma autorizó la compra de 150 fundas de azúcar, sal, aceite, arroz, leche en cartón, galletas, atún, cocoa, fideo, lenteja, avena para preparar kits alimenticios con el propósito de entregarlos a la población. Adicionalmente, guantes, gel antibacterial, mascarillas, aunque no se indica el presupuesto y a quién se lo adquirirá.

La Ley de Contratación Pública define como situaciones de emergencia a los “accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional”.

El Sercop anunció días atrás que se emitió la Resolución 104 para regular las contrataciones durante la emergencia, así se obliga a las entidades a declarar de forma expresa que hay una imposibilidad de realizar “contrataciones comunes”.

Se informó que enviaron a la Contraloría un listado de 96 publicadas hasta el 19 de marzo del 2020, para que “sean auditados de acuerdo con sus competencias”. (I)

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