El expresidente Rafael Correa enfrentará desde este viernes la audiencia de juzgamiento dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016, que entre los 21 elementos de convicción que ha determinado la Fiscalía General del Estado en su contra se objeta que él ‘lideró’ una organización delictiva, impulsada desde el Gobierno.

El Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los magistrados Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, prevé instalar a las 08:10 la diligencia, en la que Correa y otros 21 imputados son acusados del delito de cohecho.

Según la investigación de la Fiscalía, se habría constituido un sistema ilícito en la Función Ejecutiva, que obtenía recursos de contratistas del Estado para financiar el movimiento Alianza PAIS (AP).

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La fiscal Diana Salazar apuntala la teoría de que Correa era “el líder” de una “bien estructurada organización delictiva” dedicada a recibir dineros a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

Lo que se articularía con que los funcionarios públicos eran designados en sus cargos de forma estratégica. Es decir, que “iban cambiando en cada uno de los cargos de tal manera que se iba asegurando la continuidad de ese entramado”, ha señalado Salazar.

Según ella, los doce funcionarios públicos (parte de los 21) procesados en el caso se mantuvieron entre 2012 y 2016 en cargos de ministros.

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La jueza nacional Daniella Camacho –que actuó en la etapa de llamado a juicio–, basándose en la investigación de la Fiscalía, resumió que el exmandatario habría estado en el “mando jerárquico superior de la estructura delincuencial”.

Y además recordó el elemento de convicción 80, que refleja un depósito de $6000 en una cuenta corriente de mayo de 2014; y el 81, que recoge la ampliación de la versión de Francoise Villalba, de septiembre de 2019, quien reconoció que su jefe inmediato en la Presidencia de la República fue Correa y que él solicitó dicho préstamo que fue pagado íntegramente en doce cuotas.

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Fausto Jarrín, defensor de Correa, cree que con la instalación del Tribunal de Juzgamiento, la Fiscalía deberá demostrar “qué empresario y a cambio de qué contrato le entregó un beneficio económico a Correa. Eso no se ha podido establecer, porque no hay una sola cuenta de banco con un análisis que establezca que son fondos ilegales”.

“Ahora les toca valorar pruebas. Establecer si existe o no nexo causal entre lo que acusa la Fiscalía y las actuaciones de las personas”, agregó.

El penalista Ramiro García Falconí opina que en esta etapa, la defensa de Correa deberá demostrar que no lideró una organización delictiva, en la que, supuestamente, un grupo de contratistas entregó dinero a una estructura liderada por Correa y Jorge Glas.

“Según la teoría del caso, no fueron actos aislados, y ocasionales, fue una estructura organizada para cometer delitos ”, consideró García. (I)

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