Siete procesos penales abiertos contra más de una docena de personajes políticos relacionados con los correístas ahora bajo el grupo de Revolución Ciudadana (RC) transforman al 2019 en uno de los años más complejos, judicialmente hablando, que ha enfrentado la organización que dejó de tener injerencia directa en el Ejecutivo en mayo del 2017.

Ricardo Patiño, canciller en gobierno de Rafael Correa, fue la primera figura de importancia del correato que fue llevado a las cortes. Se lo acusó del delito de instigación luego de que en un discurso llamara a tomarse entidades públicas y protestar en las calles en contra del gobierno de Lenín Moreno.

Su calidad de prófugo hace que la etapa de juzgamiento no avance, pues el delito del que se lo acusa no puede ser juzgado en ausencia. Ecuador solicitó notificación roja para el excanciller, pero Interpol la negó.

Algo parecido vive el superintendente de Comunicación del régimen de Correa, Carlos Ochoa, quien mantiene un refugio “humanitario” en México. Él fue llamado a juicio por falsificación ideológica en la Ley de Comunicación, pero al también estar prófugo la etapa de juzgamiento está suspendida.

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Fausto Jarrín, simpatizante de la RC y abogado de Correa y del ex secretario jurídico Alexis Mera, dice no tener dudas de que la “persecución política” que existe no solo coincide con el triunfo de Diana Salazar como fiscal general, sino también tiene que ver con el acabar con la organización política para las elecciones del 2021.

La fiscal Salazar ha señalado que la institución que dirige persigue e investiga hechos delictivos, mas no personas de una u otra tendencia política.

“Teníamos planificado como movimiento una asamblea nacional para el 7 de diciembre, intentar reconstituir las fuerzas progresistas que giran alrededor del expresidente Correa y de otros líderes, sin embargo debido a que los principales gestores del movimiento están presos o procesados... toda posibilidad de que el movimiento se reorganice ha sido de alguna manera coartada”, dijo Jarrín.

Aunque el exvicepresidente Jorge Glas y Correa ya traían procesos del 2017 y 2018, por el delito de asociación ilícita relacionada a Odebrecht con condena de seis años para Glas y un llamado a juicio por el plagio del activista Fernando Balda para Correa, el 2019 los juntó en el caso Sobornos, en el que se investiga el delito de cohecho.

Este 3 de enero la jueza Daniella Camacho dará a conocer su resolución oral sobre si llama o no a juicio a los 24 procesados en el caso Sobornos 2012-2016.

Pese a los casos judicializados, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, tiene la impresión de un “déficit” en sancionar la corrupción. Quiere creer que se debe a la gran cantidad de causas en Fiscalía, debido a que en administraciones pasadas no dieron investigaciones: “Aquí no existe persecución política, lo que pasa es que la RC nunca aceptará sus culpas. La RC engañó al pueblo, asaltaron hasta en las ideas, pues vendieron las ideas cuando no las procesaban. Ellos asaltaron la ideología, las consignas y luego se feriaron el país. Son causantes de una pérdida de $45 000 millones en Ecuador”.

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De las protestas de octubre se desprendieron hechos que generaron tres procesos penales más contra miembros de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Yofre Poma fue detenido en Sucumbíos, acusado de paralizar un servicio público y sentenciado a un año y cuatro meses.

El 13 de octubre se abrió una instrucción por asociación ilícita contra la exalcaldesa de Durán Alexandra Arce, y dos días después un proceso penal por rebelión contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el dirigente de la RC, Christian G. y Pablo D.

Y el 5 de noviembre fue vinculado el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández.

Pabón dice que la “persecución política” que hay contra su movimiento pretende por un lado, con el tema de la corrupción, decapitar la primera línea del correísmo (Correa, Glas) y ahora están buscando decapitar la segunda línea del movimiento político (Patiño, Mera, Pabón, Hernández).

“Es importante hablar desde las alianzas democráticas, hay mucha gente que está inconforme y que siente que debe haber una nueva conducción, pero necesitamos dejar el odio, la confrontación. Una de mis prioridades es contribuir como un actor más para lograr una coalición que desde la democracia, la ley y el amor enfrente el proceso electoral de 2021”, indicó la prefecta que debe usar grillete electrónico y presentarse los lunes a la justicia.(I)