En seis frentes se investiga la paralización de octubre pasado en Ecuador

De los seis frentes que se abrieron para investigar los hechos del paro nacional de octubre pasado, solo uno ya tiene las primeras conclusiones.

Se trata de un informe que emitió la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea Nacional, que se creó para investigar lo ocurrido en la movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) luego de la eliminación de los subsidios a los combustibles que dispuso el presidente Lenín Moreno a través del Decreto Ejecutivo 883.

Ese decreto “fue el principal detonante de la protesta social”, cita la primera de las diez conclusiones del documento, que se aprobó con seis votos y que no determinó responsabilidades políticas.

El legislador Fabricio Villamar (Ahora), en una entrevista radial, reconoció que podría decirse que ese es “un informe tibio”, pero una “cosa es la determinación en la política; en lo real, en la justicia es donde se tiene que ver el resto, se necesita confiar en que la justicia puede solucionar este tipo de eventos”, recalcó.

Además del Legislativo, otras instituciones nacionales, como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), buscan respuestas a lo ocurrido en el paro nacional.

Esto mientras el presidente Lenín Moreno anunció que en los próximos días revelarán resultados de investigaciones de que hubo “grupos vandálicos que buscaban el caos y la desestabilización”.

Al régimen le preocupan los cuestionamientos de los órganos internacionales.

Por ejemplo, la declaración de la OACDH, liderada por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, quien en una misiva mencionó que la misión de expertos enviada al país recogió versiones de que la actividad represiva de la fuerza pública fue “innecesaria y desproporcionada”.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, reveló que Moreno tuvo una “conversación al más alto nivel” con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “y no al nivel de comisionados”.

Para el catedrático y exsubsecretario de Relaciones Exteriores Carlos Estarellas, la declaración de la Oficina de la ONU “pierde valor al no recoger lo que sucedió”.

“Los funcionarios internacionales deben palpar lo que está sucediendo, pero no se puede parcelar. El informe debe ser global, pero solo refleja un grupo determinado”.

Han pasado 63 días desde que se depuso el paro, y hay una instancia que empezó otra investigación: la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, creada por la Defensoría.

La integran cuatro comisionados, y uno de ellos, Xavier Zavala Egas, dijo que buscarán esclarecer los hechos, ubicar la certeza, a través de testimonios, videos, audios... “En el caso de la justicia, queremos precisar responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir”, comentó.

Por su parte, la Conaie presentó un pedido a la Corte Constitucional para que obligue al Gobierno a ‘desclasificar’ la información relacionada con los operativos.

Afectaciones económicas y humanas

Turismo y petróleo

El Ministerio de Hidrocarburos reportó pérdidas por comercialización de combustibles por $ 3,4 millones. El Ministerio de Turismo estimó en $52,7 millones la afectación del sector.

Fallecidos y heridos

Las entidades públicas reportaron 9 fallecidos, 1500 heridos y 1200 detenidos. Y los socorristas atendieron unas 4050 emergencias.

Instituciones nacionales y foráneas

Asamblea Nacional

Decreto 883, ‘detonante’ de las protestas

Diez conclusiones y nueve recomendaciones arrojó el informe elaborado por la Comisión Ocasional Multipartidista para Investigar los Hechos Relacionados con el Paro Nacional ocurrido entre el 2 y 13 de octubre de 2019, que presidió el asambleísta Fernando Burbano (BADI).

La principal deducción del documento fue que la expedición del Decreto Ejecutivo 883, que dejó insubsistentes los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel, fue el principal detonante de la protesta social.

Como parte de las recomendaciones, se da un plazo de 30 días para que los ministerios de Gobierno y Salud, y la Fiscalía General presenten un informe detallado sobre el número total de personas fallecidas durante las protestas y sus causas, así como que se identifique a los autores.

Fiscalía General

Hay al menos 17 casos en investigación

Al menos 17 investigaciones mantiene abiertas la Fiscalía General relacionadas con los sucesos de octubre.

Entre estas están las denuncias en contra de los principales dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, como Jaime Vargas, Leonidas Iza y Carlos Shucuzagñay, y otros líderes sindicales. El organismo indaga la muerte de ocho personas.

Otra investigación se enmarca en la retención de policías y periodistas el 10 de octubre, en el ágora de la Casa de la Cultura, denuncia que presentó el Ministerio de Gobierno.

Además, la quema del edificio de la Contraloría y de la cadena Teleamazonas. Otro expediente es por el delito de rebelión contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y otras tres personas.

Defensoría del Pueblo

Comisionados arrancan la primera fase

La Defensoría del Pueblo instituyó una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, con cuatro miembros para investigar el contexto y posibles responsables del paro nacional de octubre.

El defensor Freddy Carrión ha asegurado que su trabajo tomará al menos 90 días, aunque podrían prorrogarse.

En todo caso, la instancia empezó a escuchar testimonios, recopilar y analizar la información producida por la misma Defensoría, que consta en siete informes elaborados entre el 7 y 13 de octubre.

Ellos registraron que hubo 1192 personas detenidas, cuyas edades variaban entre los 15 y 24 años.

Esta Comisión presentará su cronograma de trabajo, y ha hecho un llamado a la “sociedad a colaborar en el esclarecimiento de los hechos para encontrar la verdad”.

Consejo de Participación

Espacios para escuchar versión oficial

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó días atrás al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, para que informe qué acciones ha llevado a cabo para defender y proteger a las personas que pudieron haber sufrido agresiones por parte de los miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas en los once días en los que se desarrolló la movilización.

Carrión detalló que se reportaron 1192 detenidos, 1340 heridos, 8 fallecidos y 12 personas con lesiones permanentes como la pérdida de un ojo.

El consejero David Rosero explicó que conocer esta información ayudaría al organismo a plantear reformas legales al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en delitos tipificados como terrorismo que se utilizan para procesar a los detenidos durante las protestas sociales.

CIDH

Sin fecha para presentar su informe final

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una misión de observación al Ecuador que permaneció por tres días. Recibió a 439 personas y registró 380 testimonios de los sectores involucrados en los actos de octubre.

La CIDH no ha fijado una fecha para emitir su informe final; pero anticipó en un primer comunicado, luego de la visita de la misión, su “preocupación” por denuncias de violaciones a derechos humanos, relacionadas con la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales, como fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, que se derogó.

Urgió al Estado y a los representantes de la sociedad civil a continuar los procesos de diálogo instalados en el país. Sin embargo, los diálogos con la Conaie no se retomaron.

Oficina de la ONU

Críticas a la represión en las protestas

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió también una misión internacional que recopile información e identifique posibles abusos y vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el contexto de las protestas.

Este equipo permaneció en el país del 21 de octubre al 8 de noviembre, y según su informe, se realizaron 373 entrevistas, de las que 83 fueron con víctimas individuales.

Como parte de las conclusiones previas, la titular de esta Oficina, Michelle Bachelet, señaló en un comunicado que el Gobierno ecuatoriano debe revisar “los protocolos internos relativos al uso de la fuerza”. Esto porque la Misión había recibido informes de víctimas y testigos que cuestionaron que la fuerza pública aplicó un “empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza”. (I)