La pobreza, el tema recurrente en la protesta indígena en Ecuador desde 1990

Después de 29 años, el movimiento indígena reaparece en el escenario nacional con la exigencia de un nuevo modelo económico y aspiraciones políticas de gobernar el país. Fue el 4 de junio de 1990 cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la más representativa del sector, se movilizó a Quito, sorprendiendo a la ciudadanía y al gobierno del entonces presidente Rodrigo Borja, que veían por primera vez a miles de indígenas en las calles, en un paro que duró cuatro días y cuya exigencia era la distribución de tierras. Gonzalo Ortiz Crespo, exsecretario de Borja, recuerda que eran 23 puntos que tenía la “plataforma de lucha, la mayor parte de ellas, digamos el 70% eran reivindicaciones sobre haciendas a lo largo del callejón interandino”; y también, la implementación de la educación intercultural bilingüe.29 años más tarde, el 3 de octubre de 2019, la Conaie volvió a levantar a las bases indígenas desde sus provincias, hasta llegar a Quito el 7 de octubre, en oposición a la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y el diésel que resolvió el presidente Lenín Moreno, a través del Decreto Ejecutivo 883.Tras once días de un paro que concluyó en la derogatoria de ese decreto, la Conaie hoy exige un nuevo modelo económico, que se construye en un denominado Parlamento Popular, que se instaló el pasado viernes.Aunque son momentos históricos distintos, al igual que sus demandas, los dirigentes actuales de la Conaie aseguran que el problema es el mismo: la pobreza, la discriminación y el despojo de sus territorios.Blanca Chancoso, líder histórica en el movimiento, tenía unos 35 años cuando participó en el primer levantamiento, junto a Luis Macas y Nina Pacari. Han sido, dice, “527 años en los que el pueblo indígena ha tenido que soportar el despojo de los territorios y la discriminación”. Proveniente de una familia de “huasipungueros”, Chancoso asegura que no hay políticas que distribuyan los recursos hacia sus territorios, lo que nos “obliga a que cada cierto tiempo nos tengamos que movilizar; pues después de tener tolerancia, paciencia y espera, aplican políticas que van empobreciendo al pueblo, y eso nos obliga a salir”.Es la mirada similar de Vicente Chato, de la comunidad de Ambatillo Alto (Tungurahua). Tenía 29 años cuando estuvo en el levantamiento por delegación de la comuna.Chato cuenta que hasta ese año eran “invisibilizados y maltratados”. “No éramos tratados como seres humanos porque creían que éramos inferiores a los blanco-mestizos”, dice.Para Chato, la coincidencia en los dos eventos, tanto el de 1990 como el de 2019, es que se demostró la “unidad de los indígenas”, al que confluyeron campesinos y otros sectores.Si bien la Conaie ha participado con fuerza en otros momentos, como en 1994 en contra de la Ley Agraria del expresidente Sixto Durán-Ballén; en 1997, en el 2000 y en el 2005, durante la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram, de Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, respectivamente, el referente de lucha para los actuales dirigentes es el del año 1990.“Somos hijos del levantamiento de 1990”, resalta Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), y uno de los rostros que figuró en la reciente movilización. Aunque hace una diferencia. “Después del primer levantamiento pasamos de ser objetos políticos a ser sujetos políticos”, con pedidos que no han cambiado, y al contrario “el racismo en el país se ha profundizado, pues cuando hay propuestas serias desde nuestros sectores, no hay respuestas”.El paro nacional que embanderó la Conaie pasó de exigir la derogatoria de un decreto a reestructurar la economía nacional con propuestas “alternativas”, como eliminar las pensiones vitalicias de los mandatarios, reducir el número de asambleístas, revisar los contratos petroleros, etc.“Detrás de la demanda de derogatoria del Decreto 883 está la apelación a un cambio de modelo..., el cambio que alude el movimiento indígena es hacia otro modelo, hacia otra dimensión en la cual la intervención del Estado siga siendo un eje central del manejo de la economía”, cree el sociólogo y analista político Julio Echeverría, y aclara que el movimiento indígena tiene tendencias. “Una es la que lideran los actuales dirigentes y otra es el mundo de las bases, habría que ver cuáles de estas tendencias se terminan afirmando o se llega a un consenso”, agrega el analista.Esta nueva ‘plataforma de lucha’ del movimiento revela también la aspiración de ser gobierno. El viernes, en la reunión del llamado Parlamento Popular, Vargas dijo: “Cuando lleguemos al poder tenemos que poner por lo menos un ministro que hable quichua, shuar, para que entiendan qué es lo que siente nuestro pueblo”. (I) Exigencias en 1990 Exigencias en 2019 Las nacionalidades en cifras Según datos del Instituto de Estadística y Censos (INEC), de acuerdo al censo del 2010, en el Ecuador hay 1 018 176 pobladores autodefinidos indígenas, e identificados en catorce pueblos y nacionalidades como la Tsáchila, Chachi, Epera, Awá, Kichwa, Achuar, Shuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Andoa y Waorani. Las cifras oficiales revelan que un alto porcentaje de población indígena está ubicada en la región andina con un 68,2 %; a continuación, en la región Amazónica con un 24,1 %, y la Costa con un 7,6%. En ese contexto, un 17% radica en Chimborazo; otro 13 % en Pichincha; un 10% en Imbabura, y Cotopaxi, el 8,9 %. Le siguen Morona Santiago y otras provincias con menores porcentajes, hasta llegar al 0,2 % en Manabí y Galápagos.El último censo determinó que el 50,2 % del sector se dedica a la ganadería, agricultura, silvicultura y pesca; al comercio, un 12,3 %, y a la construcción, un 8,5 %.

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