La campaña para las seccionales del 2014 fue la más cara para el movimiento de gobierno Alianza PAIS (AP). Invirtió $9,38 millones obtenidos a través de sobornos otorgados por proveedores del Estado, según las cuentas llevadas desde la Presidencia de la República que son parte de la investigación de Fiscalía. Y sin embargo perdió las elecciones.

El festejo en la tradicional tribuna de Los Shyris en Quito se desvaneció para dar paso a las caras largas de los líderes de AP, entre ellos el entonces mandatario Rafael Correa. No logró ganar en ninguna ciudad principal del país y perdió la Alcaldía de la capital. Su triunfo fue en las prefecturas, donde obtuvo diez de las 24.

La Fiscalía analiza los archivos informáticos relacionados con este caso, al que ha llamado Sobornos 2012-16. Las cuentas eran llevadas por Laura Terán y Pamela Martínez, esta última exasesora de la Presidencia.

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A los $ 9,38 millones hay que sumar parte del Fondo Partidario del 2014, por más de $ 2,4 millones, y el gasto en cuñas publicitarias, asumido por el Consejo Nacional Electoral, a través del Fondo de Promoción Electoral. Todo ello sin contar la fuerza propagandística que se generaba desde el Gobierno a favor de los oficialistas.

El análisis de los archivos de la computadora de Laura Terán, asistente de Martínez, da cuenta de cómo Alianza PAIS comenzó a organizarse desde septiembre del 2013 para las seccionales: la campaña de Viviana Bonilla para la Alcaldía de Guayaquil recibió $ 1,01 millones, en tanto que para las “prefecturas y eventos generales” se destinaron $ 1,2 millones.

En otros casos no hay una descripción precisa. Se indica, por ejemplo, que Diego Endara Erazo, que manejaba la campaña del entonces alcalde de Quito, Augusto Barrera, para la reelección, recibió $ 400.000 que se iban a conseguir con “cruce de facturas”. Y que Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública de la Presidencia, autorizó el pago.

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Lo mismo se anota de Rolando Carrera, extesorero de Alianza PAIS, que recibió un total de $ 700.000 “por cruce de facturas” en enero del 2014. Años más tarde, se convertiría en el representante legal del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Esta entidad recibió fondos desde Rusia y Venezuela, y luego transfirió $ 95.000 al expresidente Correa en el 2018.

Las convenciones de AP en Guayaquil y Cuenca, de fines del 2013, costaron $ 444.000. Ese dinero se manejó en efectivo. La de Cuenca estuvo a cargo de Galo Mora Witt y de Rolando Carrera Maya y la de Guayaquil, de María de los Ángeles Duarte.

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Luego de las elecciones, entre abril y mayo del 2014, AP también tuvo gastos fuertes, por $ 961.000. El único rubro explícito es la Campaña Gracias, por $ 269.000.

Además, las contratistas del Estado habían pedido que en las facturas constaran conceptos más adecuados con la construcción, que con la publicidad. Así, aparecen dos gastos por “tuberías, codos uniones” y “confección de uniformes” pagados a Tamacon y Diservcom por SK Engineering & Construction, coreana a cargo de la Refinería de Esmeraldas.

 

Otros meses fuertes en gastos partidistas se relacionan con la reelección de Correa en febrero del 2013, contienda en la que Jorge Glas se convirtió en vicepresidente de la República por primera vez. Los preparativos comenzaron en septiembre del 2012. Hasta marzo del 2013, se invirtieron $ 2,4 millones, sin contar el fondo partidista (en 2013 fue de $ 2,2 millones) ni el de las franjas publicitarias del CNE.

En el expediente del caso consta que la mayor parte fue pagada por las grandes contratistas del Estado: Equitesa (con $ 359.000), Hidalgo & Hidalgo, Consermin, Mercantil Técnica Córdova, Fopeca, Construpacific, SK Engineering, Azulec, Semaica y Telconet. Y Guillermo Dahik, con $ 100.000.

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Estas compañías pagaron facturas a 18 proveedores de AP. El representante legal del grupo Pueblo Nuevo, Ernesto Guerrero Ullauri, y su empresa Ecosonido facturaron $958.000. Ocupan el primer puesto. El empresario de espectáculo además era encargado de organizar las sabatinas del presidente Rafael Correa.

Otros proveedores que constan en los archivos con montos por encima de los $ 100.000 fueron: ETorres Publicidad, Perfiles de Opinión, Juan Claudio Burneo Burneo, Vértigo Films y JD Renta Car.

Cuando Correa nuevamente asumió el poder, el festejo fue también a lo grande. En mayo del 2013 se pagaron $ 550.000. El principal aportante fue SK.

A partir del retroceso en las seccionales del 2014, los gastos contabilizados por Terán y Martínez, se incrementaron en distintos meses. Entre agosto del 2014 y agosto del 2016, se invirtieron $ 1,9 millones. Se indica que el 25 de agosto del 2014, el vicepresidente Glas aprobó dos pagos para líderes de AP en Quito y Guayaquil, a través de la ministra Doris Soliz por $ 366.000. Ese mes, el partido arrancó una campaña de carnetización para fortalecer sus bases.

Algunas movilizaciones oficialistas registradas son la del 1 de mayo de 2015, que costó $100.000, dinero manejado en efectivo por Andrés Granda Peñaherrera. Otra marcha, del 13 de agosto de ese mismo año, ascendió a $ 142.000. Los primeros $ 100.000 habrían sido pedidos por Viviana Bonilla, y los $42.000 restantes por Sofía Espín, esta última movilizó 3.500 personas, según los registros.

También consta que el 29 de septiembre de 2015, María Augusta Enríquez, asesora de Vinicio Alvarado, pidió $ 355.000. Que el dinero fue entregado a Winter Jiménez Quevedo, también asesor de Alvarado, con autorización de Glas. Y que en diciembre de ese año, este aprobó la entrega de $ 100.000 para Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, por el ‘Caso ChV’ (Chevron).

En el último periodo, entre agosto de 2014 y agosto de 2016, hay muy pocos pagos a través de “cruce de facturas”. Apenas ocho, principalmente de Hidalgo & Hidalgo y SK. (I)